La joven española de 25 años murió el 26 de marzo tras dos años de batalla judicial. Desde 2021, en el Congreso argentino se presentaron 18 proyectos sobre el tema sin que ninguno llegue al recinto. Distintos bloques impulsaron iniciativas para regular la muerte voluntaria médicamente asistida, pero hasta ahora la falta de voluntad política frena el debate a pesar del amplio consenso social sobre el tema.
Lunes, 30 de marzo de 2026
La muerte de Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica de 25 años que falleció el jueves 26 de marzo en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en España, tras recibir la eutanasia que había solicitado en 2024, volvió a instalar en el debate público latinoamericano una pregunta que en Argentina sigue sin respuesta legislativa: ¿tiene derecho una persona a elegir el momento y la forma de su muerte? La posibilidad de optar por la eutanasia es legal en España desde junio de 2021, pero para Castillo solicitarla fue apenas el inicio de un camino complejo, fundamentalmente porque su familia se opuso. Su caso conmocionó a la opinión pública española y resonó en toda la región, en un momento en que varios países latinoamericanos discuten si seguir el camino europeo.
La historia de Noelia no puede entenderse sin atender a su recorrido vital: una adolescencia marcada por la inestabilidad, el sufrimiento psicológico, episodios traumáticos y dos agresiones sexuales que la propia joven relató públicamente. Palabras del Derecho En 2022 se precipitó desde un quinto piso, lo que la dejó en situación de paraplejia. A las secuelas físicas se sumó un dolor persistente y una sensación de falta de horizonte vital. Su solicitud había sido avalada en julio de 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideró que cumplía con los requisitos fijados por la ley, ya que presentaba una situación clínica no recuperable y vivía una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante. Sin embargo, su padre inició un recorrido judicial que demoró el procedimiento durante veinte meses y pasó por cinco instancias, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin éxito. “Al fin lo he conseguido, así que a ver si por fin puedo descansar. Ya no puedo seguir más”, fueron sus últimas palabras públicas.
El contraste con la Argentina es elocuente. Mientras España cuenta con un marco legal desde 2021 y más de 1.100 personas han accedido a ese derecho desde su entrada en vigor, en el Congreso argentino se acumulan iniciativas sin debate. Desde 2021 se presentaron 18 proyectos de ley —tres en 2021, cuatro en 2022, uno en 2023, cuatro en 2024 y cinco en 2025— y ninguno llegó al recinto. El punto de partida del marco normativo vigente es la Ley 26.742 de Muerte Digna, sancionada en 2012, que permite a los pacientes en estado terminal rechazar tratamientos que impliquen sufrimiento o prolongación artificial de sus vidas. Los proyectos acumulados en ambas cámaras van más lejos: proponen habilitar la asistencia médica activa para morir.
Entre las iniciativas con estado parlamentario vigente se destacan las de los diputados Moisés, Estévez, Gaillard, Pichetto, Cobos, Ardohain, Agost Carreño y Nieri en la Cámara de Diputados, y las de los senadores Juri-Suárez y García Larraburu en el Senado. El proyecto de la diputada Carolina Gaillard, presentado en 2024 junto a otros catorce firmantes, exige que el solicitante sea mayor de 18 años, padezca una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico imposibilitante, y esté atravesando dolores físicos o psíquicos que a su juicio resulten indignos. El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó ese mismo año su propio texto, que regula tanto la eutanasia activa como el suicidio asistido. El exgobernador mendocino Julio Cobos, por su parte, reconoció que la aprobación de la ley uruguaya en 2025 fue el impulso para volver a presentar su iniciativa en el Senado.
Las encuestas muestran que la sociedad argentina va por delante del Congreso en este tema: el 79% de los consultados por la Universidad de San Andrés en 2024 apoyaba las decisiones sobre la propia muerte en casos médicos extremos, y el Observatorio Pulsar de la UBA registró un respaldo similar del 76%. El caso Noelia Castillo expuso ante millones de personas los dilemas concretos que plantea este debate: el peso de la familia, el rol del Estado, los límites del sufrimiento y el derecho a la autodeterminación. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir, y punto”, dijo la joven en su última entrevista televisiva. En Argentina, quienes se encuentran en situaciones similares no tienen aún ninguna ley que los ampare.
