Un juez dejó su cargo para asumir como funcionario de la gestión de Zdero y luego renunció para concursar por otro cargo en el Poder Judicial. Una actual subsecretaria también concursa para desempeñarse en la Justicia. A eso se suma el fiscal que pasó de investigar el caso Cecilia a ser ministro de Gobierno y ahora diputado provincial e integrante del Consejo de la Magistratura, un organismo donde el oficialismo cuenta con una mayoría casi automática y ya hizo caer concursos porque los finalistas no contaban con su bendición. Más allá de las intenciones del gobierno de turno, se impone una pregunta: ¿Quiénes concursan para ser funcionarios judiciales en el Chaco y por qué nadie se entera?
Jueves, 2 de abril de 2026
Por Valeria Romero*
En la página del Consejo de la Magistratura se pueden leer los concursos abiertos para los cargos y el listado de personas inscriptas que aspiran a rendir para ocupar esos cargos, enumerados por su apellido y su nombre de pila. No se tiene certeza de su identidad ya que no figuran ni números de documento ni antecedentes laborales o académicos. No hay siquiera un currículum abreviado de cada una de estas personas que aspiran a ser funcionarios públicos integrando uno de los tres poderes del Estado, nada menos que el que debe garantizar los derechos de la ciudadanía y el único no se elige por el voto popular.
Público pero no tanto
La publicación de los datos completos del o la postulante recién se materializa cinco días hábiles antes del examen escrito y por ley sólo debe publicarse por un día en la página del Poder Judicial, en el Boletín Oficial y en un diario local (art 5 de la Ley 1113-B antes 4885). Si alguna persona de existencia física y de existencia ideal, pescara dicha publicación podrá “emitir apreciaciones, consideraciones u observaciones vinculadas a los postulantes que el Consejo de la Magistratura receptará, en el marco prudencial que el buen nombre y honor indiquen, particularmente los que se aprecien como causa de eventuales incompatibilidades con el cargo a cubrir.” Como dice el artículo 6 de la citada ley.
Pero como Resistencia es pequeña y las listas no suelen ser muy numerosas, a simple vista se reconocen nombres ligados a la política local, que actualmente ocupan cargos en el Poder Ejecutivo o lo hicieron hasta hace apenas semanas.
Tal es el caso de la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, y del exsubsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Fernando Samudio, quien había renunciado al cargo de Juez de Paz de la ciudad de La Leonesa para sumarse a la gestión de Leandro Zdero en diciembre del 2023.
El cargo por el que figuran inscriptos es la vacante del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de la ciudad de Resistencia, cuyo examen escrito está fijado para el día 10 de abril y el oral para el día 17 de abril de este año. Cada vez cobra más fuerza la afirmación de que el Poder Ejecutivo tiene una mayoría asegurada en el Consejo de la Magistratura, como quedó demostrado en la escandalosa votación que declaró desiertos los cargos de las Fiscalías Penales de Sáenz Peña, decisión que permanece judicializada.
LITIGIO quiso corroborar las identidades de estas personas en el Consejo de la Magistratura y nos pidieron que lo hagamos por escrito. Lo hicimos hace un mes y medio. Todavía estamos esperando contestación.
Así es casi imposible que la sociedad se involucre responsablemente en la elección de magistrados y magistradas. La información publicada, adrede, en forma incompleta, sustraída intencionalmente de la observación ciudadana, no es algo novedoso.
¿Cómo podemos auditar estos procedimientos, que de por sí tienen códigos de comunicación corporativos, si la información pública brilla por su ausencia?
Datos mínimos se piden: la identidad, los antecedentes laborales y de formación académica. No porque queremos contabilizar el puntaje asignado. El sistema de selección de la magistratura no tiene puntaje para titularizar. Da lo mismo contar o no con especializaciones. Solo basta reunir los requisitos constitucionales y aprobar el examen oral y escrito. La valoración es absolutamente discrecional del órgano.
Por ello es que no tenemos idea si la subsecretaria Valenzuela o el exsubsecretario Samudio tienen especializaciones en género, si realizaron estudios en materia de valoración de prueba a favor o en contra del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), no sabemos cuál es su visión o criterio respecto del paradigma de la protección integral de las infancias, tan lejanas de aquella visión tutelar.
Lo que sí sabemos es que son afines a la actual gestión provincial que tiene la mayoría de los votos en el órgano que los tiene que evaluar.
Estas presentaciones están reñidas con la ética y para despejar dudas quisiéramos como parte de la sociedad interesada tener una mínima chance de auditar cuál es la vara con la que se mide la calidad del o de la postulante a ingresar a los altos cargos del Poder Judicial.
Un proceso de elección que adolece de toda participación popular a estas alturas debería contar con algo más que meros listados de nombres en una página web o fotos en un instagram.
La transparencia es una asignatura pendiente para la mayoría de las instituciones en el Chaco.
*Abogada, editora de la sección “Zoom: Observatorio de Prácticas Judiciales” de Revista LITIGIO
