Este artículo, escrito por el fiscal federal de DDHH de Resistencia, Diego Vigay y la referente del Espacio de la Memoria RI9, Marisa Sanauria, analiza el proceso de construcción de memoria en torno al ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura. A partir de fuentes históricas, testimonios y el análisis de políticas públicas, aborda las disputas por los sentidos del pasado y su impacto en democracia. El texto también expone las tensiones recientes en torno a la preservación del sitio y la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia.
Jueves, 2 de abril de 2026
Por Diego Vigay y Marisa Sanauria
La historia reciente constituye un campo de estudios orientado al análisis de procesos ocurridos en un pasado cercano cuyas consecuencias continúan incidiendo en el presente. En este marco, Marina Franco y Daniel Lvovich señalan que este tipo de investigaciones suele vincularse con problemáticas particularmente sensibles, como las violaciones a los derechos humanos en sociedades que atravesaron experiencias de violencia estatal. Estas situaciones generan demandas persistentes de verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas, lo que establece una relación estrecha entre la producción historiográfica, la memoria social y los procesos judiciales orientados a esclarecer ese pasado.
En una línea similar, Claudia Feld señala que las primeras investigaciones sobre el terrorismo de Estado en Argentina estuvieron motivadas tanto por la necesidad de elaborar socialmente las experiencias traumáticas de la dictadura como por el objetivo de contribuir a la consolidación del sistema democrático.
Desde sus inicios, este campo de estudios ha enfrentado distintos debates metodológicos y epistemológicos: la delimitación de su temporalidad, el uso de fuentes testimoniales, la relación entre memoria e historia, el rol del historiador como ciudadano y los desafíos que implica investigar procesos cuyo impacto social y político continúa vigente.
En este marco, el presente trabajo se propone analizar el proceso de construcción de memoria y resignificación social del Centro Clandestino de Detención que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9 de la ciudad de Corrientes durante la última dictadura cívico-militar argentina.
El análisis se apoyará en diversas fuentes —documentos, rituales conmemorativos, artefactos y testimonios orales— que permiten examinar los usos del pasado y los sentidos de la memoria colectiva en la sociedad actual, así como reconocer la existencia de una pluralidad de memorias vinculadas a la construcción de una ciudadanía democrática y comprometida con los derechos humanos.
Antecedentes
Las instalaciones del ex Regimiento de Infantería N° 9 “Coronel Pagola” del Ejército Argentino, ubicado en el casco urbano de la ciudad de Corrientes desde el año 1912-, funcionó como enclave estratégico a partir de marzo del año 1976, en la denominada “lucha contra la subversión”, ya que en esta misma ciudad tenía su asiento el Comando de Brigada de Infantería VII, a cargo de la Sub-zona 23, con jurisdicción sobre las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y parte de Corrientes.
Integró como cabecera del Área Militar 231, la cuadricula establecida por los responsables del Golpe de Estado, y tenía la responsabilidad de la dirección de las tareas de secuestros, torturas y desapariciones de todos aquellos a los que consideraran enemigos.
De igual modo funcionaron paralelamente en la misma ciudad, ocho centros clandestinos, siendo el ubicado en el Ex Regimiento 9, el que centralizaba y coordinaba la ejecución del Plan represivo en la ciudad y localidades cercanas. En ese lugar permanecieron detenidas alrededor de un centenar de personas consideradas “subversivas” por el régimen de facto, muchas de ellas vinculadas a distintas formas de participación social, gremial o política.
El cumplimiento del plan estratégico de eliminación de “oponentes” , que tiene su aplicación en el terreno en todo el país desde antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, recrudece en la ciudad de Corrientes y zonas de influencia con la actuación del grupo de tareas del Regimiento 9 de Infantería a partir de mediados del año 1976. Este grupo de tareas se consolida a medida que se van efectuando los distintos procedimientos de detención, pero un punto de inflexión resulta ser la instalación del Lugar de Reunión de Detenidos (LRD) en el ex Regimiento de Infantería N° 9, dado que a partir de allí de manera sistemática y prolongada se producen detenciones, interrogatorios, muestreo de fotografías, y distintas tácticas de trabajo antisubversivo, pero siempre acompañado de un desprecio absoluto hacia las formas legales, sin ningún límite formal, solo basado en la discrecionalidad de aquellos que conformaban el grupo de inteligencia del RI9.
Las personas detenidas permanecieron semanas o meses en condiciones infrahumanas: tabicadas, engrilladas y aisladas en celdas individuales, donde fueron sometidas a torturas y vejámenes. Muchos fueron asesinados y continúan desaparecidos, mientras que quienes sobrevivieron cargaron con secuelas físicas y psíquicas de por vida.
Esta área militar, la 231, ejercía control sobre la Jefatura de Policía de la provincia, la Alcaidía, la Brigada de Investigaciones y otras dependencias de seguridad. En estos lugares también hubo detenidos por razones políticas, sometidos a condiciones extremas y a prácticas de tortura.
En la sentencia del Juicio Regimiento 9 por crímenes de lesa Humanidad , dictada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes en 2008, se afirma: “Que en el mencionado Regimiento 9 y a cargo del grupo de tareas, es donde se desarrollaron los hechos. Los imputados actuaron con una gran discrecionalidad, realizaron detenciones ilegales, interrogaron bajo tormentos a los detenidos y los sometieron a condiciones indignas de alojamientos (malos tratos, vejámenes, torturas); mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio, para luego decidir el destino final de cada víctima: el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Poder Judicial), la libertad o simplemente la desaparición física…”.
Actores sociales y políticas públicas
La historiadora Marta Philp , propone pensar lo político “como campo y como trabajo: el primero, como espacio de disputas por el poder; el segundo, como producción de sentido que genera los valores que sustentan las prácticas políticas”. Desde esta perspectiva, las conmemoraciones y homenajes se constituyen en espacios de disputa y en observatorios privilegiados para analizar estos procesos.
En este sentido, la autora señala que estos espacios se encuentran atravesados por distintos “marcos sociales de la memoria”, desde los cuales los actores, con desiguales recursos de poder, disputan sentidos sobre el pasado y buscan legitimar determinadas interpretaciones del destino político del país.
El desorden y descredito social, producto de las consecuencias de un plan económico y la exclusión de miles de ciudadanos, alumbró una de las crisis más importantes del reciente instaurado sistema democrático: la crisis del 2001.
En un clima de intranquilidad social, asume en mayo del años 2003 Néstor Kirchner. En ese contexto y haciendo eco de fuertes reclamos, deroga el decreto ilegal del anterior presidente De la Rúa, que negaba la extradición de los genocidas, habilitando así ser juzgado en su país o extraditado, situación que no era posible en nuestro país porque estaban vigentes las leyes de Obediencia debida y Punto final. Así en agosto de ese mismo año el Congreso Argentino declara la nulidad de ambas leyes, dieciséis años después de una larga lucha por Justicia.
En noviembre de ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes tomó la decisión de la reapertura de las causas iniciadas en el año 1984, pidiendo la reanudación de las investigaciones por el secuestro y desaparición de cuatro personas ocurridas a la salida de un restaurante céntrico (causa “Ayala”), mientras continuaba reuniendo los elementos para iniciar una nueva investigación que pusiera su acento en el Centro Clandestino del ex Regimiento 9
Cuatro meses después, y en la antesala de un nuevo aniversario del golpe genocida, el día 24 de Marzo de 2004 (aun día laborable), junto a familiares de Rómulo Gregorio Artieda, presentaron querella criminal por la desaparición del mismo, en razón de que existían sobrados elementos probatorios de que fue visto con vida en el Ex- Regimiento de Infantería 9 “Coronel Pagola” de Corrientes (Ex –RI9),
Esa denuncia se la anunció frente a las propias instalaciones del ex Regimiento 9, acompañados de ex detenidos sobrevivientes y familiares de desaparecidos, el que tuvo un fuerte impacto en la sociedad correntina, donde gran parte de la población desconocía lo ocurrido o había puesto en duda los testimonios de sobrevivientes y familiares. Meses después, el juez federal Soto Dávila dictó una medida cautelar que impedía cualquier modificación en el predio en el marco de la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad.
A partir de entonces, el lugar se convirtió en un símbolo de horror y muerte y epicentro indiscutido de construcción de Memoria, especialmente cada aniversario del golpe genocida
El 12 de octubre de 2004 fueron detenidos tres oficiales de inteligencia del Ejército Argentino y un comandante de Gendarmería. Estas detenciones —que involucraban a militares pertenecientes a reconocidas familias de la sociedad correntina— reinstalaron el tema en la opinión pública y generaron un amplio debate en los medios de comunicación.
El 2 de agosto de 2007, en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes, se realizó una conferencia de prensa en la que la Comisión Provincial de Derechos Humanos, junto con familiares de desaparecidos, informó que el Equipo Argentino de Antropología Forense había identificado uno de los cuerpos exhumados de tumbas NN en el cementerio de la localidad de Empedrado.
Este hallazgo permitió reconstruir que Rómulo Artieda, desaparecido desde mediados de 1977 tras haber sido visto con vida por última vez en el Centro Clandestino del Regimiento 9, había sido arrojado por militares del grupo de tareas a las aguas del río Paraná con la intención de hacerlo desaparecer. Su cuerpo fue recuperado y enterrado como NN en Empedrado, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Corrientes, donde permaneció durante treinta años.
En la conferencia de prensa, su hermano Ramón Artieda declaró: “Se confirma que estuvo en el Regimiento 9 y que los militares presos están involucrados. Él se escapó de acá y se fue a Buenos Aires porque lo buscaban. Y allá lo detuvieron. Nosotros teníamos información de que en junio estuvo en el Regimiento 9 y que desaparece a principios de julio de 1977” (Diario Clarín, 3 de agosto de 2007) .
Hasta ese momento, diversas voces defendían a los militares detenidos, sosteniendo que los desaparecidos en realidad estaban vivos y residían cómodamente en Europa.
En ese contexto, en 2007 se publicó una solicitada en los diarios Época y El Litoral de Corrientes, firmada por unas 300 personas pertenecientes a reconocidas familias de la sociedad correntina que se manifestaban en contra de lo que consideraban una campaña de desprestigio contra personas de bien que, en la dolorosa década del 70, defendieron con coraje y honor a la patria cuando ésta se vio amenazada por el terrorismo subversivo.
Finalmente, en 2008 se llevó adelante el Juicio Regimiento 9, en el que fueron condenados tres oficiales de Inteligencia del Ejército Argentino y un miembro de Gendarmería por los delitos de torturas, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas detenidas por razones políticas en ese Centro Clandestino de Detención.
En una extensa sentencia, los jueces reconstruyeron con minuciosidad el funcionamiento del centro clandestino y del grupo de tareas, y señalaron: “Se hallan acreditadas las condiciones indignas que regían en la cuadra de detenidos, donde los allí alojados estaban con esposas o ataduras, vendados, y sometidos a tormentos, objetos de violencia física y mental, malos tratos, en fin, condiciones indignas de toda persona humana.”.
Luchas por la construcción de la memoria
La socióloga Elizabeth Jelin señala: “…Toda decisión de construir un monumento, de habilitar lugares donde se cometieron graves afrentas a la dignidad humana (campos de concentración y detención) como espacios de memoria, o la creación de museos y recordatorios, es fruto de la iniciativa y la lucha de grupos sociales que actúan como ‘emprendedores/as’ de la memoria”.
Por otra parte, agrega: “Hay entonces pugnas o conflictos por el reconocimiento público y oficial de esos recordatorios materializados, entre quienes los promueven y quienes los rechazan o no les otorgan la prioridad que los ‘promotores/as’ reclaman. También existe una lucha y confrontación por el relato que se transmitirá, por el contenido de la narrativa ligada al lugar”.
Tras la sentencia judicial en el año 2008, y ya reconocido el predio como Centro Clandestino, la unidad militar siguió funcionando como tal, prestando sus instalaciones para eventos sociales abiertos a la comunidad. Fue en ese marco y tras la realización de la Feria del Libro anunciada para su realización en Julio del año 2013, que la Comisión de Derechos humanos junto a otras organizaciones de derechos humanos y sociales solicitaron un Stand en dicha Feria para dar a conocer a los asistentes que allí funciono un Centro Clandestino invitándolos a suscribir un petitorio para constituir un Sitio de Memoria, el que contó con una notable aceptación.
Al año siguiente, el 24 de marzo de 2014 el Regimiento 9 fue incorporado a la Red Federal de Sitios de Memoria y señalizado como tal, en el marco de la Ley Nacional de Sitios de Memoria N.º 26.691. Este reconocimiento fue posible gracias a años de militancia y reclamos sostenidos por organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.
Las respuestas no tardaron en llegar, en el año 2016, el Ejército solicitó autorización para demoler el galpón N° 9 – el lugar donde mayoritariamente estuvieron secuestradas centenares de víctimas-, lo que motivó que la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes convocara a resistir la medida.
Este hecho dio origen, en el año 2017, a la conformación de la Comisión Promotora Espacio de Memoria RI 9 actual Asociación Civil Espacio de Memoria “El Galpón”, que inició el pedido de cesión del inmueble donde funcionó el centro clandestino. En ese contexto se realizaron diversos relevamientos del edificio para constatar su estado y, en 2018, se tomó conocimiento de un proyecto de desarrollo urbano que incluía el predio del Regimiento.
La Comisión, junto con organismos de derechos humanos, expresos y organizaciones políticas, y ya formalizada como Asociación Civil Espacio de Memoria, fijo su principal función en la de preservar y constituir un espacio de preservación de la memoria colectiva de la cruel etapa del Terrorismo de Estado en nuestro país, para enseñanza de las actuales y futuras generaciones de las consecuencias irreparables que trajo aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia institucional más absoluta.
Asimismo se proponen constituir un ámbito de homenaje a las víctimas y sobrevivientes, promoviendo la vigencia irrestricta de todos los Derechos Humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales; individuales o colectivos e insistió en que el Regimiento fuera convertido en un Espacio para la Memoria y gestionó su utilización para actividades de difusión y reflexión.
A pesar de las medidas judiciales dictadas sobre el predio y de lo establecido por la Ley Nacional de Sitios de Memoria N.º 26.691, en mayo de 2019 el gobierno nacional decretó la venta del lugar, lo que generó una fuerte oposición por parte de organismos de derechos humanos.
En este contexto, la periodista Luciana Bertoia escribió en el medio El Cohete a la Luna el 9 de junio de 2019: “Mauricio Macri autorizó la venta o cesión de los terrenos donde hasta hace poco funcionaba el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, que operó como un centro clandestino de detención durante la dictadura y hace quince años está señalizado como sitio de memoria…”.
La nota también señalaba que integrantes del Espacio de Memoria Regimiento de Infantería N.º 9 enviaron una carta al secretario de Derechos Humanos recordando que todo el predio constituye un sitio de memoria protegido por la Ley 26.691 y que, además, pesa sobre él una medida cautelar que impide modificar el lugar.
Posteriormente, el presidente Mauricio Macri fue derrotado en las elecciones presidenciales de 2019 y la nueva gestión dejó sin efecto la decisión de destinar el predio a un emprendimiento inmobiliario.
De este modo, el gobierno del presidente Alberto Fernández, a través de la Resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado N.º 302/2022, de diciembre de 2022, desafectó el galpón de la jurisdicción del Ministerio de Defensa —Estado Mayor General del Ejército— y lo asignó a la Secretaría de Derechos Humanos para su uso como Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, con el objetivo de desarrollar actividades de difusión, preservación, investigación y promoción de los derechos humanos.
En la actual gestión del presidente Javier Milei, intentando retroceder el camino transitado y en comunión con una política de desmemoria y de negacionismo, bajó de rango a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación a subsecretaria, desfinanciando las políticas de Memoria, despidiendo a muchos trabajadores y trabajadoras de estos espacios.
Además dictó el Decreto 950/24 publicado en el Boletín Oficial el día 25 octubre del año 2024 por el cual dispone la enajenación de inmuebles del Estado Nacional entre los cuales se encuentra el Centro Clandestino del ex Regimiento 9 como continuidad a la decisión del ex presidente Macri.
Actualmente, los organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes resisten esas medidas, con presentaciones judiciales, al mismo tiempo con acciones públicas, esta vez con la incorporación de otras generaciones que se involucran con nuevas formas de comunicación y transmisión de la Memoria, a veces expresadas en el arte.
La historiadora e investigadora Marta Philp señala que la imposición de una determinada memoria nunca es definitiva. Mientras desde el poder político se intenta legitimar una interpretación del pasado, otros actores sociales desarrollan sus propias “operaciones de memoria”, que buscan instalarse y disputar sentido en el espacio público.
En este sentido, siguiendo a Maurice Halbwachs, la memoria siempre es la memoria de un grupo, no es universal, a diferencia de la historia que si pretende serlo. Así, la memoria colectiva sería distinta a la memoria histórica que integra a todos los individuos de una nación.
Espacio de Memoria
El 17 de diciembre de 2022, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, legisladores, víctimas y familiares se reunieron en las puertas del ex Regimiento de Infantería 9, convocados por el Espacio de Memoria Ex RI 9, para celebrar la cesión de un sector del predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención. La transferencia fue realizada desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia, específicamente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Durante el acto, que contó con la presencia del director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami, se leyó la resolución que dispuso la cesión del predio y un documento del Espacio RI 9. Uno de los momentos más emotivos fue una performance realizada por jóvenes militantes que, junto a víctimas presentes, ingresaron al predio portando luminarias con los rostros de los desaparecidos.
En ese documento se señalaba que el Espacio de Memoria debía entenderse como un nexo entre un pasado represivo y un presente en permanente construcción, orientado a la transformación del futuro colectivo en democracia. Asimismo, se afirmaba que su objetivo es contribuir a la comprensión de cómo se planificó y ejecutó el terrorismo de Estado en Argentina y cuáles son sus consecuencias en el presente, promoviendo la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.
En la actualidad un colectivo constituido por el Espacio de Memoria y diversos actores culturales, organismos de DDHH, movimientos sociales y gremios; desarrolla diversas actividades, como visitas guiadas con la participación de sobrevivientes y otros actores del proceso, charlas, presentaciones de libros, jornadas culturales y solidarias , recitales, ciclos de teatro y de cine, entre otras actividades .
Muchas de las personas que visitan el lugar se sorprenden al advertir el desconocimiento que existe sobre el terrorismo de Estado y el funcionamiento de este centro clandestino de detención.
En este sentido, sobrevivientes del Centro Clandestino del ex Regimiento 9 han destacado la importancia de preservar estos espacios para transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido durante la última dictadura y evitar que hechos de esa naturaleza vuelvan a repetirse.
Arturo Helman ex detenido político, en una entrevista para el diario El Litoral , afirmo que, si bien el edificio ya no está igual, “se siente la incomodidad o más bien como una aprehensión en su interior. Los espacios de memoria deben ser resguardados porque el que no aprende de la historia, está condenado a repetirla”.
Por su parte Gladys Hanke, también ex detenida política en la misma nota, reflexiona: “Es importante que se recuerden esos sitios para siempre. Lo que viví parece que fue ayer, la sensación de ese sufrimiento no se borra.”. A su vez Mario Arqueros, otro ex detenido del RI 9, sostuvo: “deben ser espacios reservados para conservar la memoria y contar a otras generaciones lo que se pasó en esos lugares…”.
A modo de cierre, retomando los aportes de Claudia Feld, puede afirmarse que existe una estrecha relación entre activismo e investigación, entre compromiso ciudadano y trabajo académico. Mientras en la década de 1990 las luchas se centraban en la denuncia y el reclamo, en la actualidad también se expresan en la construcción de políticas públicas de memoria.
Finalmente, siguiendo a Elizabeth Jelin, puede señalarse que no existe una única memoria sobre el pasado reciente. Las memorias se construyen desde distintos grupos sociales y en contextos cambiantes, donde diversos actores disputan sentidos, interpretaciones y legitimidades en el espacio público.
Este texto forma parte de la Convocatoria de Ensayos Conflictos Sociales y Dictadura.
