El juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, declaró ayer “de puro derecho” a la acción de amparo de organizaciones ambientalistas y concejales de Resistencia que reclaman por la protección del Parque Caraguatá. Así, la sentencia sería inminente.
Miércoles, 1 de abril de 2026
Es inminente el dictado de sentencia en la acción de amparo impulsada por organizaciones ambientalistas y concejales de Resistencia para la protección del Parque Caraguatá, al norte de la capital chaqueña. Así lo había adelantado el juez de la causa, Julián Flores, durante la inspección ocular por el predio que tuvo lugar la semana pasada. Ahora, el magistrado dio un paso más en la formalización del caso al declarar la cuestión como “de puro derecho”.
¿Qué significa esto? Se trata de un proceso judicial donde las partes están de acuerdo sobre los hechos pero discrepan en la interpretación o aplicación de la norma jurídica.
Al no haber hechos controvertidos, se omite la etapa de prueba y el juez resuelve directamente el litigio, acelerando el proceso. Es por eso que en las próximas horas o la semana próxima Flores dictaría sentencia en el caso que movilizó a distintas organizaciones ambientalistas locales que denunciaron que el Municipio había realizado tareas de desmonte en el lugar.
¿Qué se reclama con el amparo?
El amparo ambiental fue presentado por cuatro concejales de Resistencia, el colectivo Misión Eco y la Fundación Correntinos contra el Cambio Climático contra la Municipalidad de Resistencia. El eje del reclamo es la detención inmediata de trabajos de desmonte, remoción de suelo e ingreso de maquinaria pesada que estarían ocurriendo en el Parque Caraguatá —un humedal urbano con protección legal especial, integrante del sistema ecológico del Sitio Ramsar “Humedales Chaco”— sin que la Municipalidad haya exhibido evaluación de impacto ambiental, acto administrativo habilitante ni ningún otro requisito exigido por la normativa ambiental vigente.
Los accionantes detectaron las intervenciones el 5 de marzo pasado y, ante la falta de respuesta a sus pedidos de información, recurrieron a la vía judicial urgente. Solicitan como medida cautelar la suspensión inmediata de toda actividad en el predio y la presentación del expediente administrativo completo en 24 horas, argumentando que el daño ecológico en curso es de difícil o imposible recomposición.
