La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión perpetua para los represores Yanicelli, Jabour y Molina, y los quince años de Mirta “la Cuca” Antón, la única mujer condenada a cadena perpetua por lesa humanidad en América Latina.
Miércoles, 1 de abril de 2026
La Sala II del máximo tribunal en materia penal federal ratificó este miércoles 1° de abril las penas de prisión perpetua y de quince años dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba contra cinco expolicías del Departamento de Informaciones (D-2) por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La resolución, firmada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Angela Ledesma, también confirmó la absolución a los tres acusados del homicidio de Elías Humberto Ríos y del homicidio de Juan Carlos Bazán, por insuficiencia probatoria en ese tramo específico de la causa.
La causa reconstruyó el funcionamiento del D-2 como centro clandestino de detención entre 1978 y 1979, bajo control operacional del Ejército. Allí, las víctimas fueron mantenidas con los ojos vendados y las manos atadas, privadas de alimentación y atención médica, y sometidas a golpes, picana eléctrica, submarino y otros tormentos. En el caso de Bazán y Ríos, ambos fueron secuestrados el 8 de agosto de 1979 en la vía pública, nunca volvieron a ser vistos con vida y sus cuerpos no han sido hallados hasta hoy.
Las condenas que quedaron firmes
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba había dictado su sentencia el 9 de mayo de 2024 en la causa “González, Adela María y otros”, que investigó hechos cometidos en el marco del plan sistemático de represión ilegal instrumentado desde la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Córdoba.
Mirta Graciela Antón, conocida como “la Cuca” —apodo que según sus víctimas alude a la cucaracha—, es la única mujer en América Latina condenada a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Entró a la policía a los 21 años, en 1974, siguiendo los pasos de casi toda su familia: era hija de policía, esposa de policía, hermana y tía de policías. En la megacausa La Perla, juzgada entre 2012 y 2016, había recibido cadena perpetua por doce homicidios, dieciséis privaciones ilegítimas de la libertad, veintiún imposiciones de tormentos, cinco desapariciones forzadas y seis abusos deshonestos.
En la causa resuelta hoy por Casación, Antón recibió quince años de prisión por haber sido hallada coautora de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en perjuicio de cinco mujeres —Teresa Luisa Peralta, Marta Nélida Funes, Delfina Lidia Peñaloza, María Lidia Piotti y María de las Mercedes Moreno— secuestradas en septiembre de 1978 por actuar como correo de presos políticos. Piotti la identificó en reconocimiento fotográfico y relató que fue ella quien le aplicó la picana eléctrica. El activista Carlos Moore, que estuvo detenido en el D-2 y declaró en el juicio, la describió como alguien que “no tenía sentimientos de ningún tipo” y que podía “despedazar a una persona” sin que eso la perturbara. Antón, por su parte, siempre se declaró “total y absolutamente inocente de todo”.
La Casación rechazó el planteo de la defensa, que había invocado una perspectiva de género como atenuante, señalando que no se acreditó que su condición de mujer hubiera reducido su ámbito de autodeterminación de manera concreta y decisiva.
Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour y Juan Eduardo Ramón Molina recibieron prisión perpetua como coautores y autor, respectivamente, por privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado cometidos en perjuicio de Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos. El tribunal de Casación confirmó estas condenas en lo relativo a los tormentos sufridos por Bazán, cuya presencia en las instalaciones del D-2 fue acreditada por el testimonio de Moore. Sin embargo, la Sala II anuló parcialmente la sentencia respecto de los homicidios de ambas víctimas y de todos los hechos vinculados a Ríos, por considerar que las presunciones del tribunal oral no alcanzaban la certeza apodíctica exigida para condenar. Las actuaciones fueron remitidas al origen para que se fije una nueva pena ajustada a los delitos que permanecen acreditados.
Raúl Alejandro Contrera mantuvo su condena de siete años como partícipe secundario en la imposición de tormentos a Bazán. La Casación rechazó también el recurso del Ministerio Público Fiscal, que había pedido extender su responsabilidad a los homicidios y a los hechos sufridos por Ríos.
La absolución de Rigutto y González
La resolución de Casación sostuvo, por mayoría, la absolución de la exasesora de menores Ana María Rigutto de Oliva Otero y de la civil Adela María González, juzgadas por hechos vinculados al nacimiento en cautiverio de la hija de Mercedes Moreno y su posterior apropiación por el matrimonio Caligaris-Agüero. El juez Yacobucci consideró que los hechos, tal como se dieron en este caso, no configuraron la sustracción del artículo 146 del Código Penal ni el prevaricato imputado. La jueza Ledesma acompañó esa conclusión por entender que el elemento subjetivo exigido para acreditar que las imputadas conocían y querían integrarse al plan estatal no fue probado de manera concreta. El juez Slokar votó en disidencia, propiciando la anulación de las absoluciones y la condena de González en la propia instancia.
