Emilio Rosatti entró en una segunda tanda enviada al Senado por la Casa Rosada; Ana María Cristina Juan, esposa de Martínez de Giorgi, el juez que interviene en la causa $Libra, ingresará en la próxima lista; antes se habían oficializado otros 40 candidatos. A la par, la Corte Suprema presentó su propuesta para reformar los concursos de magistrados.
Martes, 31 de marzo de 2026
Por Gustavo Ybarra
Tras más de dos años de parálisis, el Gobierno de Javier Milei envió la primera tanda de pliegos solicitando acuerdos para cargos judiciales con los que comenzará a tratar de completar las más de 300 vacantes que se han venido acumulando desde el último año de gestión de Alberto Fernández.
El paquete, enviado en dos tandas por la Casa Rosada, contiene 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.
Entre los pliegos se destaca la postulación de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema de Justicia, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe. El diploma ingresó al Senado por la tarde, en una segunda tanda con cinco designaciones.
En esa lista también aparece María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini. Mientras que, según fuentes del ministerio de Justicia, en una próxima tanda figurará Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa con la criptomoneda $LIBRA. Juan es jueza de primera instancia de Hurlingham.
En las postulaciones enviadas esta mañana también figuran nominaciones para ocupar defensorías oficiales y una lista de abogados que podrían actuar como conjueces para subrogar vacantes en los juzgados civiles de primera instancia con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas.
Los pliegos serán girados a la Comisión de Acuerdos que, no obstante, no podrá iniciar el tratamiento de los diplomas hasta que no tomen estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara alta que, por el momento, no tiene una fecha prevista.
Según le dijo a LA NACION la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), su intención es que el Senado sesione la semana próxima para que todos estos pliegos tomen estado parlamentario.
La nómina de pliegos enviados al Senado por el Poder Ejecutivo es la siguiente:
-Ricardo Santiago Lombardo juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal.
-Nicolás Antonio Pacilio, juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal.
-Santiago Alberto Poncio, como juez de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal.
-Javier Alberto Santiso como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal.
-Ignacio Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal.
-Julián Herrera como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal.
-Nicolás Grappasonno como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
-Ivana Sandra Quinteros como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal.
-Santiago José Jaimes Munilla como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal.
-Emilio Santiago Faggi como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala 3.
-María Gloria Capanegra como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal.
-María Inés Reston como Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1.
-Claudio Ricardo Silvestri como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.
-Paula Fuertes como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal.
-Soledad Eugenia Mariño como jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
-Carlos Fabián Cuesta como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.
-María Verónica Michelli como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.
-Juan Martín Balcazar como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95 de la Capital Federal.
-María Julia Sosa como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Plata, Pcia. de Buenos Aires.
-Alejandro Javier Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
-Pablo Ezequiel Wilk como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Plata, Pcia. De Buenos Aires.
-Juan Pedro Galván Greenway como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
-Verónica Mabel Polverini como Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 7.
-Marcela Lorena Sasso como Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 3.
-Lucas Marcelo Bellotti San Martín como Defensor Público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 2.
-Felipe Alberto Alliaud como Defensor Público Curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N° 4.
-Hugo Fabián Decaria como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.
-Ezequiel Javier Sobrino Reig como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal.
-Germán Augusto Degano como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal.
-Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa, Pcia. De Formosa.
-Santiago Quian Zavalía como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
-Osvaldo Felipe Pitrau como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
-Analía Victoria Romero como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
-Samanta Claudia Biscardi como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
-Paula Andrea Castro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
-Lucila Inés Córdoba como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
-Walter Fabián Carnota como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
-Fernando Strasser como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
-Pablo Javier Flores como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, Pcia. de Buenos Aires.
-Laura Fabiana Kvitko, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23 de la Capital Federal.
-Nicolás Ramón Ceballos, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional 7 de la Capital Federal.
-Laura Wiszniacki, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 62 de la Capital Federal.
-Emilio Rosatti, juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
-Juan Andrés Moldes, fiscalía 1 ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico.
La Corte presentó su proyecto de reforma para concursos de jueces
La Corte Suprema de Justicia avanzó este lunes con su propuesta para reformar de manera integral el sistema de concursos para la selección de magistrados, con el objetivo central de “reducir la discrecionalidad” en la designación de jueces. La iniciativa fue presentada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y quedó plasmada en la acordada 4/2026.
El tercer integrante del máximo tribunal, Horacio Rosatti, participó del acto, pero no firmó la acordada. Su doble rol como presidente del Consejo de la Magistratura —órgano que desde 1994 está encargado de llevar adelante los concursos, entre otras funciones— podría obligarlo a intervenir en el tratamiento de la propuesta, por lo que no anticipó su posición.
El proyecto apunta a introducir criterios más “objetivos, transparentes y previsibles” en todas las etapas del proceso de selección, desde la convocatoria hasta la evaluación final de los candidatos. En el diagnóstico de los miembros del Máximo Tribunal, el sistema actual presenta márgenes que, en algunos casos, terminan desplazando al mérito.
“Los concursos anticipados deben dejar de ser excepciones y convertirse en la regla”, sostuvo Rosenkrantz durante la presentación, al explicar parte del espíritu de la reforma. “La idea original del viejo Consejo de la conciliación de la democracia, tal como se pensó durante la presidencia del Dr. Ricardo Alfonsín, era que la política designara jueces, pero solo eligiendo entre los mejores”, describió
“Lo que el sistema actual produce es algo distinto, seamos honestos. La discrecionalidad ocasionalmente desplaza al mérito y muchas veces lo hace de manera opaca, sin dejar rastro”, agregó.
El magistrado también remarcó la necesidad de planificar los concursos con anticipación. “La reforma que presentamos aspira que el Consejo colabore anualmente un plan de concursos basado en datos educativos, existentes y previsibles, carga de trabajo de cada joven y necesidades de servicio al público. La planificación debe preceder a la urgencia”, afirmó.
Por su parte, Lorenzetti puso el foco en el carácter estructural del problema y en la necesidad de un acuerdo institucional amplio. “Es un reclamo generalizado de jueces, juezas, secretarios, abogados y concursantes en todo el país. Tenemos que dar una respuesta”, señaló, al tiempo que subrayó que el objetivo es “regularizar para reducir la discrecionalidad”.
“El problema que advertimos de este déficit estructural no es solo en el Consejo, sino también en todos los procesos de selección que vemos en muchas provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo a lo largo de los años hacia una partidización cada vez más intensa de la designación de jueces y juezas en todos los niveles”, dijo.
En ese sentido, sostuvo que la iniciativa busca reforzar el carácter técnico del sistema y garantizar que los criterios de evaluación sean claros y verificables. Asimismo, aseguró que la propuesta es “para la ciudadanía”, y concluyó: “Los argentinos, como en muchos otros países, tenemos que volver a discutir y defender la independencia de los poderes y también de los ministerios públicos”.
Apoyo político y respaldo institucional
La presentación, realizada en el salón del palacio de Tribunales, contó con un amplio respaldo político e institucional —a excepción del kirchnerismo—, con la presencia de representantes del ámbito judicial, académicos, representantes del Ministerio Público Fiscal. Entre los presentes estuvo el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; su antecesor, Mariano Cúneo Libarona; el Procurador General, Eduardo Casal; y los jueces de Casación Federal Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Mariano Borinsky, entre otros.
También participaron la senadora radical Carolina Losada; el exdiputado del PRO Pablo Tonelli; el diputado libertario Alejandro Fargosi (exconsejero de la Magistratura entre 2010 y 2014); la exdiputada peronista Graciela Camaño (también consejera entre 2018 y 2022), y León Arslanian, exjuez del Juicio a las Juntas y exministro de Seguridad bonaerense.
El excompañero de este último en el histórico juicio contra las Juntas Militares, Ricardo Gil Lavedra, que se desempeña como titular del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, no pudo estar presente pero expresó su apoyo a la iniciativa a través de un comunicado, en el que resaltó “tener jueces y juezas independientes e imparciales es estratégico en una sociedad democrática”.
La incorporación de criterios objetivos, reglas claras y mecanismos que limitan la discrecionalidad, constituye un paso importante para mejorar el sistema, y el excamarista consideró que “el proyecto de la Corte hace un muy buen aporte, en ese sentido”. En el contexto actual —argumentó—, “fortalecer procesos de selección más transparentes y basados en el mérito, es fundamental para consolidar una justicia independiente e imparcial”.
Los cambios que plantea el proyecto
La iniciativa de la Corte introduce modificaciones en distintas etapas del proceso de selección de magistrados, con el fin de reforzar los criterios técnicos. En primer lugar, se introducen cambios en la elaboración y corrección de los exámenes. En caso de que se apruebe esta reforma, quienes diseñan las pruebas no serán los mismos que las corrigen, lo que apunta a evitar filtraciones y sesgos en la evaluación.
Por otro lado, se establece la eliminación del uso de material bibliográfico propio durante el examen y la provisión de contenidos idénticos para todos los concursantes. El anonimato, a su vez, será garantizado mediante sistemas informáticos encriptados y auditables. Otro punto es la modificación del esquema de corrección, que dejaría de ser colectivo y pasaría a ser individual por jurado, con criterios previamente establecidos. Se incorpora además una instancia inicial de calificación automatizada para asegurar mayor objetividad.
La entrevista personal —una de las instancias más cuestionadas— pasaría a tener un peso limitado, con parámetros predefinidos y un tope del 10% en la calificación total, con el objetivo de evitar alteraciones arbitrarias en el orden de mérito y privilegiar la evaluación de los antecedentes y el examen.
También se establece que los concursos anticipados pasen a ser la regla, con el fin de evitar vacantes prolongadas y reducir la posibilidad de maniobras discrecionales vinculadas a la “acumulación de cargos”. Este nuevo reglamento será analizado por el Consejo de la Magistratura este miércoles 1° de abril, cuando Rosatti presida las reuniones de labor y después el plenario.
Publicado en La Nación y Perfil
