Así lo dispuso la Cámara Federal de Resistencia. El tribunal consideró que existen riesgos procesales, como la posible interferencia en la declaración de la víctima y el peligro de fuga. También valoró antecedentes de violencia y sostuvo que el plazo de detención resulta razonable en esta etapa de la causa.
Viernes, 27 de marzo de 2026
En una audiencia remota realizada vía Zoom el pasado jueves, la Cámara Federal de Resistencia resolvió por unanimidad confirmar el rechazo del pedido de excarcelación de Raúl Celestino “Tiso” Talabera. El dirigente piquetero permanece detenido en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Trata de Personas, en particular por hechos vinculados a la supuesta reducción a la servidumbre de una mujer con discapacidad.
El tribunal, integrado por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, junto al vocal Enrique Bosch, basó su decisión en la existencia de riesgos procesales concretos que, a esta altura de la causa, impiden conceder la libertad al imputado.
Según pudo saber LITIGIO, entre los principales argumentos, se destacó el peligro de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, se señaló que próximamente deberá prestar declaración la víctima, por lo que resulta necesario extremar recaudos para evitar cualquier tipo de interferencia.
Asimismo, se ponderó el riesgo de fuga, teniendo en cuenta tanto el estado incipiente del proceso como la gravedad de la pena prevista para el delito de trata de personas. El tribunal también consideró que el tiempo de detención —inferior a un mes— resulta razonable frente a la complejidad de las medidas probatorias en curso.
Antecedentes de violencia
Durante la audiencia, el Ministerio Público Pupilar advirtió sobre la existencia de informes provenientes de un juzgado de familia que dan cuenta de causas previas por violencia familiar contra Talabera.
Estos antecedentes fueron valorados como posibles indicadores de riesgo ante un eventual regreso del imputado a su domicilio. En ese marco, el juez Bosch recomendó que dichos extremos sean verificados con rigurosidad en futuras evaluaciones sobre la situación procesal del acusado.
La defensa de Talabera había solicitado la excarcelación o, de manera subsidiaria, el otorgamiento de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, argumentando el arraigo y las condiciones personales del dirigente.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo y el tribunal resolvió confirmar la decisión de la instancia anterior. En definitiva, en su parte resolutiva, la Cámara dispuso “no hacer lugar al recurso de apelación y confirmar el rechazo de la excarcelación solicitada”.
El caso
En base a una investigación realizada por el fiscal federal Patricio Sabadini, la jueza de Garantías, Zunilda Niremperger, ordenó el pasado 26 de febrero la detención del referente de la organización “No al Gatillo Fácil” y de su pareja, Andrea Eugenia Leyes, acusados de captar a una mujer en situación de calle, someterla a trabajo forzoso y vaciar sus cuentas bancarias. Tras la publicacion de la noticia, Talabera y su pareja se presentaron voluntariamente ese mismo día en el Departamento de Investigaciones Complejas para consultar si existía un pedido de captura en su contra. Tras consultas con el Juzgado Federal interviniente, se confirmó que pesaba una orden de detención y quedaron aprehendidos.
La denuncia surgió de manear anónima a fines de septiembre de 2025 ante la Línea 145 y destapó un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral.
Ante esto, el Ministerio Público Fiscal Federal requirió formalmente la apertura de la instrucción y la inmediata detención de Talavera y Leyes, a quienes acusa de haber mantenido en condiciones de servidumbre a una mujer de 36 años, quien presenta retraso madurativo.
De acuerdo con la investigación, la situación se inició hace cuatro años en la Plaza 25 de Mayo. Allí, mientras se encontraba en situación de calle, la mujer fue abordada por la pareja, que bajo la promesa de brindarle ayuda la trasladó a una vivienda ubicada sobre la avenida Nicaragua al 1300, en Resistencia.
Lo que comenzó como un supuesto gesto solidario, sostiene la fiscalía, derivó en un esquema de explotación. Según el requerimiento, la víctima era obligada a realizar tareas domésticas —cocinar, lavar y limpiar— para los habitantes del domicilio, sin percibir remuneración.
Durante la entrevista mantenida con profesionales del Punto Focal de la Subsecretaria de Género del Chaco la mujer expresó que durante su permanencia en la vivienda de los Talavera se encontraba en “buenas condiciones de habitabilidad e higiene”, que “no recibía malos tratos”, tampoco estaba encerrada y que “podía salir cuando deseaba”.
A fines de septiembre de 2025, según la denuncia, la pareja le habría avisado que próximamente sería trasladada a un campo para convivir con un hombre desconocido a cambio de dinero que supuestamente recibiría Talavera. Frente a esa situación, decidió huir de la casa del matrimonio sin llevarse sus pertenencias.
Retenciones y préstamos
Los acusados también habrían retenido su tarjeta de débito para cobrar una pensión provincial y gestionaron préstamos bancarios a su nombre sin su consentimiento. El dictamen fiscal se apoya en informes del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y en peritajes bancarios que confirmarían el vaciamiento de sus fondos. Entre enero y noviembre de 2025, se registraron transferencias desde la cuenta de la víctima hacia la de Leyes por un total de $1.023.521,98.
“No existe explicación lógica que permita justificar por qué una persona que trabajaba realizando tareas domésticas debería transferir dinero a sus supuestos empleadores, en vez de recibir un pago”, señala el requerimento fiscal.
La fiscalía imputó a Talavera y Leyes el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse concretado la explotación.
Junto con el pedido de detención, el fiscal solicitó el allanamiento del domicilio de la avenida Nicaragua, con el objetivo de secuestrar documentación, documentos de identidad y tarjetas de cobro que pertenecerían a la víctima y que, según la investigación, aún estarían en poder de los acusados.
En octubre del año pasado, tras conocerse la denuncia de la mujer, Talavera brindó una entrevista al canal estatal “Somos Uno” donde negó las imputaciones en su contra. Aseguró que la mujer convivía con él por voluntad propia. “Ella vivía con nosotros porque quería. No tenía dónde ir, por eso estaba en casa”, afirmó.
