Carta abierta del abogado Ignacio Sinkovich sobre el ruidoso silencio del organismo público encargado de defender los intereses de los chaqueños. La misiva se da tras una reciente sentencia del Superior Tribunal de Justicia que ordenó a la obra social estatal garantizar tratamientos médicos a un grupo de niños en el hospital Italiano.
Viernes, 27 de marzo de 2026
Por Ignacio Sinkovich
Tras semanas de espera, los cinco ministros del Máximo Tribunal Provincial dictaron una sentencia contundente: la gestión actual debe garantizar los tratamientos médicos a un grupo de diez niños afiliados al InSSSeP, con patologías de extrema gravedad, en el Hospital Italiano, tal como se hacía en administraciones anteriores.
Hasta hace apenas dos años, estos niños y sus familias recibían atención en centros de alta complejidad, lo que mejoraba de manera significativa su calidad y expectativa de vida. Sin embargo, esa realidad cambió abruptamente con una gestión que comenzó a tratarlos como números sujetos a ajuste, sin medir las consecuencias humanas de esas decisiones.
Son niños que, como cualquier otro, quieren jugar, reír, soñar, enamorarse. Pero, sobre todo, quieren vivir.
Y sus padres sostienen una lucha tan injusta como desgastante, haciendo todo lo posible por conmover a quienes parecen ignorar los derechos más básicos de sus hijos.
Un Poder Ejecutivo que, en medio de la improvisación y la falta de rumbo, arrasa con todo lo que encuentra. Esta vez, sin embargo, el Poder Judicial puso un límite claro.
Frente a la crisis humanitaria desatada en el INSSSEP —con la interrupción de medicamentos y tratamientos esenciales—, varios abogados de reconocido prestigio, como Ferreyra Negri, Sinkovich, Maidana Ladu y Segovia, se pusieron a disposición de los pacientes, muchos de ellos en riesgo de vida.
Pero esa tarea no debería haber recaído en abogados particulares. Existe un organismo público cuya función es precisamente defender a los ciudadanos frente a los abusos del Estado: la Defensoría del Pueblo, a cargo del Dr. Sergio Gustavo Lencovich.
Ante un silencio que ya parece sistemático, surgen preguntas inevitables:
¿Dónde estaba el Defensor del Pueblo cuando se suspendían medicamentos y tratamientos a los afiliados del INSSSEP?
¿Dónde estaba cuando las tarifas de luz y agua se volvieron impagables?
¿Dónde estaba cuando el transporte público dejó de ser accesible?
¿Dónde estaba cuando aumentaba la desnutrición infantil en comunidades indígenas?
¿Dónde estaba cuando los jubilados no podían costear sus medicamentos?
La Defensoría del Pueblo es un organismo con recursos, estructura y personal, cuya misión debería ser indeclinable: proteger a la ciudadanía. Sin embargo, la percepción social es otra: una institución ausente frente al sufrimiento de los vecinos, mientras se sostienen estructuras costosas que no parecen traducirse en respuestas concretas.
El privilegio, así, queda reservado para pocos. El dolor, para muchos.
Esta carta no busca despertar a organismos que parecen haber renunciado a su función. Busca, en cambio, poner en conocimiento de la sociedad que existen dependencias estatales que no estarían cumpliendo con el mandato que les impone la Constitución Provincial, a pesar de los recursos que administran.
Las injusticias no pueden naturalizarse. Por eso, seguiré acompañando a quienes hoy se sienten desprotegidos, a quienes este gobierno les ha dado la espalda.
Porque comer, estudiar, tener movilidad o acceder a un medicamento no debería ser nunca más un privilegio, sino un derecho básico garantizado para todos.
