Los diputados provinciales justicialistas Nicolás Slimel y Analía Flores solicitaron al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco que amplíe el análisis de responsabilidades en la ejecución del programa “Chaco Juega 2024”, tras detectar posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos por un total de $109 millones.
Jueves, 26 de marzo de 2026
La presentación se enmarca en un expediente en trámite ante el organismo de control, donde los legisladores pidieron revisar de manera integral toda la cadena de decisiones vinculada al uso de los recursos. Según detalla el escrito, los fondos fueron ejecutados mediante anticipos tramitados en distintos expedientes administrativos, lo que generó observaciones internas sobre el procedimiento adoptado.
Uno de los puntos centrales del planteo es que el análisis previo del Tribunal de Cuentas se habría limitado a cuestiones formales, sin avanzar sobre aspectos sustanciales que ya habían sido advertidos en la denuncia original.
En ese sentido, se señala que el propio Director de Administración del Instituto del Deporte Chaqueño dejó asentado en los expedientes que el mecanismo de ejecución no se ajustaría al régimen general de contrataciones del Estado, y que la modalidad habría sido impulsada por la máxima autoridad del organismo.
A partir de ello, los diputados solicitaron que se analice la eventual intervención de las máximas autoridades del Instituto del Deporte Chaqueño, incluyendo a su presidente, Fabio Vázquez, en relación con la decisión, autorización y ejecución de los fondos.
Además, remarcaron la necesidad de profundizar el análisis sobre el uso de pagos en efectivo, al considerarlo un punto crítico en términos de control y trazabilidad de los recursos públicos.
Otro eje del planteo apunta a la determinación de responsabilidades. Según sostienen, el análisis no debe limitarse al funcionario que ejecuta materialmente el gasto, sino extenderse a toda la cadena administrativa, incluyendo a quienes ordenan, autorizan y administran los fondos.
La presentación también retoma antecedentes de denuncias públicas e investigaciones periodísticas que advirtieron posibles inconsistencias en la implementación del programa, tanto en la selección de beneficiarios como en los mecanismos de ejecución.
Finalmente, los legisladores solicitaron al Tribunal de Cuentas una revisión integral del expediente, la ampliación del análisis de responsabilidades administrativas y patrimoniales, y la adopción de las medidas que correspondan en el marco de sus facultades legales.
En paralelo, se presentó una nota ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que intervenga en el caso.
