A poco de cumplirse 50 años del último Golpe de Estado, LITIGIO recupera del archivo un episodio ocurrido en plena transición democrática que expone el grado de impunidad de la que se jactaban los represores. En septiembre de 1985, el exjefe de la Policía del Chaco, Wenceslao Ceniquel, alardeó ante la prensa de estar “orgulloso” de haber “eliminado a los zurdos” y afirmó estar preparado para “volver a la lucha”. Veinte años después moriría impune.
Martes, 17 de marzo de 2026
En septiembre de 1985, a casi dos años del retorno de la democracia y mientras la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires juzgaba a los excomandantes de las Juntas Militares, en el Chaco avanzaban las investigaciones por los crímenes de la última dictadura.
Fue a la salida de una frustrada rueda de reconocimiento, en una causa que se tramitaba en el Juzgado de Instrucción N° 4, donde se produjo un episodio que LITIGIO recupera en este artículo. A días de conmemorarse los 50 años del último Golpe de Estado, la grotesca situación expone hoy el grado de impunidad y la reivindicación del terrorismo estatal por parte de dos de los máximos jefes de la represión ilegal en la provincia.
“Estamos cada día más orgullosos de haber eliminado del país a los zurdos, por lo menos en su estructura militar”, expresó a la prensa el exjefe de la Policía del Chaco, Wenceslao Ceniquel, al término de la frustrada audiencia. Lo acompañaba el exjefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía chaqueña, Carlos Alcides Thomas.
Ceniquel fue más allá y añadió: “Si tenemos la oportunidad de volver a la lucha, estamos en condiciones psíquicas, físicas y morales para hacerlo. Nuestro objetivo fue y seguirá siendo eliminar el trapo rojo de la Argentina”, afirmó. Por su parte, Thomas se limitó a ratificar la proclama de su antiguo superior. “Ratifico plenamente lo manifestado por el comisario Ceniquel, camarada y superior mío”, sostuvo. Tras su diatriba genocida, los represores se marcharon a sus hogares.
Ninguno de ellos llegó a ser juzgado por sus crímenes: Thomas murió en octubre de 2005 y Ceniquel en mayo de 2006. Ambos fallecieron antes del inicio de los juicios de lesa humanidad en la provincia, que comenzaron en 2010 con la causa Caballero, tras la declaración de nulidad en 2003 de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se fueron impunes.
Se suman a la lista de genocidas que eludieron a la Justicia mediante lo que se conoce como la “impunidad biológica”: Horacio Alberto Valussi, personal civil de inteligencia (PCI); el exfiscal federal Carlos Eduardo Flores Leyes; y los expolicías José María Cardozo, Oscar Octavio Ayala y Carlos Silva Longui, entre otros.
Justicia militar
De acuerdo con el artículo publicado en diario Norte del 10 de septiembre de 1985, donde aparecen reflejadas las declaraciones de Thomas y Ceniquel, la no comparecencia de tres de los denunciantes motivó la suspensión de la rueda de reconocimiento a la que debían ser sometidos los represores.
La causa se tramitaba en el Juzgado a cargo de Carlos Emiliano Alvarenga. Se inició en base a las denuncias realizadas por Luisa Inés Rodríguez de Caire y Norma del Valle Giménez por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, violación, torturas y lesiones” cometidos por los genocidas locales en el marco de la represión durante el último régimen militar.
Entre los principales imputados se encontraban Ceniquel, Thomas, el comisario inspector Ramón Yedros y los oficiales principales Daniel Thomas, Jorge Caballero y Gabino Manader, además de otros quince suboficiales.
El abogado de Ceniquel y Thomas, José Oscar Gómez, tenía una estrategia clara: que sus defendidos fueran juzgados por la justicia militar, donde, claramente, jugaban de local. Así, presentó ante el Juzgado un planteo de incompetencia, en tanto una causa similar se estaba tramitando en la provincia de Corrientes, en la justicia militar a cargo del coronel Solis Nefa, con secretaría del capitán Schiner.
Según la nota periodística, el abogado mencionó en esa ocasión que “al momento del hecho, en 1976, se hallaba vigente la ley 21.267, sancionada el 24 de marzo de 1976 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo de ese año. Por esta ley, todos los actos y excesos cometidos por fuerzas de seguridad (policía, Servicio Penitenciario, Gendarmería, etcétera), en cumplimiento de algún comando, debían pasar directamente a la justicia militar”.
Gómez sostuvo, además, que “por el principio de temporalidad y benignidad, esa ley, aunque ya está derogada, debe aplicarse. Además —apuntó— no es aceptable ni concebible la existencia de dos juicios paralelos que conllevarán a dos condenas”.
Dueños de la vida y de la muerte
Ceniquel y Thomas eran dos de los represores que decidían sobre la vida y la muerte de los presos políticos. Tuvieron a su cargo el manejo de la Brigada de Investigaciones, el principal centro clandestino de detención de la región. Ubicado en Marcelo T. de Alvear 32, en pleno centro de Resistencia, por allí pasaron miles de detenidos políticos que sufrieron los más inimaginables tormentos, que incluían picana eléctrica, golpizas, violaciones, humillaciones y mutilaciones.
Todo ocurría en la más absoluta clandestinidad: vendados, durmiendo en el piso, obligados a defecar en latas, enfermos y sin posibilidad de acceder a un abogado o a un hábeas corpus. Ceniquel y Thomas también eran responsables de dirigir las sesiones de tortura y de conducir los operativos en los que secuestraban a las personas que luego eran llevadas a centros clandestinos de detención.
A su vez, integraron el Consejo del Área 233 que planificó y ordenó la Masacre de Margarita Belén, el fusilamiento clandestino de 22 presos políticos ocurrido el 13 de diciembre de 1976 en la ruta 11, a pocos kilómetros de la localidad chaqueña, en un operativo presentado oficialmente como un “intento de fuga”, en el marco de un supuesto traslado de detenidos hacia la Unidad Penal U10 de Formosa.
También tuvieron participación activa en la desaparición de personas, como en el caso de Carlos Tereszecuk. Tereszecuk fue secuestrado a comienzos de noviembre de 1976 y trasladado a la Jefatura de Policía de Resistencia, donde funcionaba un centro clandestino de detención dirigido por fuerzas conjuntas del Ejército Argentino y la Policía del Chaco. Testimonios de sobrevivientes indicaron que fue visto en pésimas condiciones de salud a causa de las torturas sufridas, al punto de no poder mantenerse en pie ni caminar. Finalmente, fue asesinado y arrojado al río Paraná.
Su cuerpo fue hallado el 15 de noviembre de 1976 en la costa de Empedrado (Corrientes) —a 70 kilómetros de Resistencia—, sepultado como NN y reidentificado recién en 2018 por el EAAF. En noviembre de 2025, la Justicia Federal de Resistencia realizó un juicio por la verdad en el que determinó que el homicidio de Tereszecuk fue un crimen de lesa humanidad y confirmó que el arrojamiento de cuerpos al río Paraná fue una práctica sistemática del terrorismo de Estado.
