Marcela Cortés, a cargo del juzgado de Faltas Provincial de Resistencia, aseguró que la medida no introduce cambios y que solo ordena aplicar una normativa vigente desde hace años. Entre los puntos más polémicos figura la prohibición de generar ruidos cerca de escuelas, hospitales y edificios públicos. “Frente a la plaza central hay una escuela donde van niños muy pequeños y cerca del Superior Tribunal hay un sanatorio”, recordó.
Jueves, 12 de marzo de 2026
La jueza de Faltas Provincial de Resistencia, Marcela Cortés, defendió el decreto fundado emitido desde su juzgado que establece pautas para la actuación policial ante manifestaciones públicas y que en los últimos días generó fuertes críticas de sindicatos estatales y organizaciones sociales.
En declaraciones a Radio Natagalá, la magistrada aclaró este jueves que la disposición no implica un cambio en las reglas para protestar, sino que se limita a recordar y ordenar el cumplimiento de normativas que ya están vigentes en la provincia desde hace varios años.
“Nosotros venimos trabajando de esta manera desde hace mucho tiempo. Yo soy jueza desde 2011 y estos decretos comenzaron a dictarse alrededor de 2012 o 2013”, explicó.
Según detalló, el objetivo de estas resoluciones es establecer pautas claras para la intervención policial cuando se producen manifestaciones, compatibilizando el derecho a protestar con los derechos de terceros.
“Lo que siempre se buscó es que primero se garantice el derecho a peticionar a las autoridades, que se escuche el reclamo del manifestante y que luego, una vez canalizado, se descomprima la situación liberando la calle o el espacio público”, sostuvo.
Normativa previa
Cortés remarcó que los criterios que hoy se discuten no surgieron con la actual gestión provincial, sino que se apoyan en normativa anterior.
Recordó que inicialmente se tomaron como referencia lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y que luego esos criterios fueron incorporados a la legislación provincial.
“Esas bases se transformaron después en la ley provincial 7710, que hoy es la ley 2399-J, que regula los criterios mínimos de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas”, señaló.
Posteriormente, agregó, esa normativa fue reglamentada en 2020 mediante el decreto 298 del Poder Ejecutivo provincial. “El decreto que hoy se cuestiona simplemente dice que se dé estricto cumplimiento a esa ley y a ese decreto que ya estaban vigentes”, afirmó.
Ruidos cerca de escuelas y hospitales
Uno de los puntos más controvertidos de la disposición es la prohibición de generar “ruidos y molestias” en cercanías de escuelas, hospitales, sanatorios y edificios públicos, lo que incluye elementos habituales en las protestas como bombos, pirotecnia o sirenas.
La jueza sostuvo que ese criterio busca proteger derechos de terceros, especialmente de niños, pacientes y trabajadores. “Frente a la Plaza 25 de Mayo está la escuela Zorrilla, donde asisten niños muy pequeños. También está el sanatorio Chaco cerca del Superior Tribunal de Justicia. El trabajo de la justicia es compatibilizar el derecho de todos y cuando haya que reestablecer la paz social, reestablecerla”, argumentó.
En ese sentido, indicó que la policía debe actuar con criterio de oportunidad y según cada situación concreta, priorizando la mediación antes de cualquier intervención más restrictiva.
El documento judicial ordena a la Policía intervenir ante manifestaciones o acampes en espacios públicos y establece una serie de procedimientos.
Entre ellos se encuentran la identificación de los manifestantes, la individualización de los referentes del reclamo y la elaboración de actas detalladas sobre la modalidad de la protesta.
También se prevé que, en caso de incumplimiento de las restricciones, los agentes puedan secuestrar los elementos utilizados en la manifestación e incluso detener preventivamente a presuntos contraventores si son sorprendidos en flagrancia.
En el caso específico de la Plaza 25 de Mayo, la disposición indica que los acampes deben contar con autorización escrita del municipio. De no presentarse ese permiso, la policía deberá intimar a retirar carpas y otros objetos en un plazo máximo de 20 minutos.
Reacciones y críticas
Las organizaciones sindicales y sociales cuestionaron la resolución al considerar que podría limitar la visibilidad de los reclamos, especialmente por las restricciones al ruido y la posibilidad de secuestrar elementos utilizados en las protestas.
La medida se da además en un contexto de creciente conflictividad social en la provincia, tras el anuncio del gobierno de Leandro Zdero de un aumento salarial del 5% en dos cuotas para trabajadores estatales.
El esquema fue rechazado por distintos gremios, que lo consideran insuficiente frente al impacto de la inflación. A esto se suman reclamos específicos de sectores como docentes —por la suspensión de la cláusula gatillo— y trabajadores del Ministerio de la Producción, quienes denuncian la eliminación del Fondo Estímulo.
Durante la entrevista, Cortés también se refirió a algunas críticas públicas que compararon la medida con prácticas autoritarias. La imagen más gráfica de esto fue un afiche que se mostró en manifestaciones de empleados de Producción donde aparecía el gobernador Zdero, en un montaje, disfrazado de un oficial nazi, apoyando el dedo índice en sus labios, ordenando silencio.
“Me genera dolor que se utilicen imágenes vinculadas al nazismo para cuestionar una norma dictada en un gobierno democrático”, expresó. Y concluyó: “El Estado de Derecho implica que tanto los gobernantes como los ciudadanos estamos sometidos a la ley”.
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