La jueza María Eugenia Capuchetti tiene diez días para decidir si procesa al diputado y ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla por haber organizado en 2023 una muestra fotográfica en conmemoración de la Nakba, el éxodo palestino de 1948. La denuncia fue presentada por el ex diputado nacional del PRO y exdirigente de la DAIA Waldo Wolff.
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Horacio Pietragalla ya prestó declaración indagatoria ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El motivo: haber organizado, en mayo de 2023 y mientras se desempeñaba como secretario de Derechos Humanos de la Nación, una muestra fotográfica en conmemoración de la Nakba, el éxodo forzado de cientos de miles de palestinos ocurrido tras la creación del Estado de Israel en 1948. La denuncia fue impulsada por el diputado del PRO Waldo Wolff, quien argumentó que el acto violaba la Ley de Medidas contra Actos Discriminatorios. Capuchetti tiene ahora diez días para resolver si procesa al legislador.
El hecho que motivó la denuncia no es un discurso de odio ni una incitación a la violencia. En mayo de 2023, Pietragalla inauguró la muestra fotográfica “Memorias de una catástrofe continua” señalando que se trataba de “una conmemoración decretada” por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Puntal No fue una iniciativa personal ni una expresión partidaria: ese mismo día, por primera vez, las Naciones Unidas conmemoraron oficialmente el 75° aniversario de ese éxodo a nivel global. La actividad contó con la presencia del encargado de negocios de la Embajada del Estado de Palestina en Argentina y se realizó en la sede del propio organismo que Pietragalla conducía.
Dicho de otro modo: un funcionario público organizó un acto en cumplimiento de una resolución de la Asamblea General de la ONU, en la sede de su organismo, en el marco de una conmemoración internacional. Tres años después, ese acto es el fundamento de una indagatoria por presunto antisemitismo.
El fiscal federal Ramiro González había considerado en su momento que las publicaciones de Pietragalla podrían fomentar la discriminación, criterio que ahora deberá resolver la jueza Capuchetti. Sin embargo, en ningún momento se identificó en las expresiones del ex funcionario un llamado a la violencia, una negación del Holocausto ni ninguno de los elementos que el derecho penal requiere para configurar el delito de incitación a la discriminación. Conmemorar el sufrimiento del pueblo palestino —tal como lo hace la ONU— no equivale a negar el derecho a la existencia del Estado de Israel, aunque esa ecuación resulte conveniente para ciertos sectores políticos.
El nombre de la jueza interviniente no es un dato menor. Capuchetti es la misma magistrada a cargo de la investigación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, causa que acumula años de críticas por su lentitud y su manejo. Su intervención en este nuevo expediente reproduce un patrón que se ha vuelto reconocible en la justicia federal: causas de escaso o nulo sustento penal que avanzan con inusitada celeridad cuando el imputado pertenece al campo político opositor.
Pietragalla fue claro al difundir su situación procesal: “No banalicemos el antisemitismo y la Shoá por diferencias políticas”. La frase apunta al núcleo del problema. Utilizar la figura del antisemitismo como herramienta de persecución judicial contra un funcionario que organizó un acto institucional en cumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas no solo carece de sustento jurídico: también banaliza una categoría que merece toda la seriedad del caso.
Lo que ya está claro, independientemente de lo que resuelva Capuchetti en los próximos diez días, es que someter a proceso a un exfuncionario por haber cumplido resoluciones de organismos internacionales en ejercicio de su cargo constituye un uso político del aparato judicial que debería incomodar a cualquiera que tome en serio la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión y el principio básico de que no hay delito sin conducta típica.
