Javier Dumrauf, concejal de la UCR y máximo referente del INADI en el Chaco durante el macrismo, impulsa ahora la derogación de un espacio clave para la protección de los trabajadores y trabajadoras del municipio de Resistencia. La iniciativa deja un vacío institucional y delega la responsabilidad en organismos externos.
Lunes, 2 de marzo de 2026
El concejal de Resistencia por el radicalismo, Javier Dumrauf, presentó un proyecto para derogar la Ordenanza N° 13.253. Esta norma es la que sostiene actualmente a la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral municipal.
La propuesta resulta, cuanto menos, paradójica: Dumrauf, quien se desempeñó como delegado local del INADI durante la gestión de Mauricio Macri —un organismo nacional creado precisamente para combatir la discriminación y proteger a los sectores vulnerables—, encabeza hoy un proyecto que reduce las herramientas de defensa directa de los empleados públicos frente al acoso y el maltrato.
En sus fundamentos, Dumrauf admite que durante los últimos cuatro años la oficina no cumplió con los protocolos ni conformó los equipos interdisciplinarios exigidos por la Ley Provincial 2023-A. Sin embargo, en lugar de proponer su fortalecimiento presupuestario o técnico, opta por la vía de la eliminación.
El proyecto, que Dumrauf presentó el pasado 25 de febrero, indica que el personal podrá seguir asesorándose en el Departamento de Asistencia a la Víctima de Violencia y que la Dirección General de Sumarios seguirá interviniendo ante este tipo de situaciones.
“Encomendar al Departamento Ejecutivo Municipal las acciones que estime corresponder a fin de celebrar un Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua con el Poder Legislativo Provincial y/o con el Poder Ejecutivo Provincial a fin de que a través de sus Oficinas Interdisciplinarias para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral y sus respectivos equipos interdisciplinarios, se dé tratamiento de las situaciones de violencia laboral, extendiendo su competencia y funciones a los casos de violencia laboral producidos en el ámbito municipal”, propone el proyecto al que accedió LITIGIO.
El concejal fundamentó su propuesta al señalar que en los cuatro años de funcionamiento de la Oficina “no se ha podido cumplir en la totalidad de los casos con el proceso establecido por el protocolo de actuación, ni tampoco con la conformación permanente del equipo interdisciplinario exigido por la Ley Provincial 2023-A y la Ordenanza N° 13.253, lo que dilató los plazos y entorpeció el proceso perjudicando y revictimizando al empleado municipal”.
Además, sostuvo que “es necesario bregar por el cumplimiento del debido proceso, garantizando imparcialidad en el tratamiento, asegurando equipos interdisciplinarios externos al ámbito municipal neutrales e imparciales, asegurando la defensa y valoración de pruebas sin sesgos, la confidencialidad y el cumplimiento de protocolos que eviten la victimización secundaria, a fin de proteger la integridad del trabajador”.
“Un retroceso en el Mes de la Mujer”
“Es un retroceso”, señaló a CIUDAD TV la concejal peronista, Soledad Villagra. La edil remarcó que la oficina que ahora el oficialismo intenta desmantelar por una cuestión administrativa nació tras una batalla intensa en el Concejo, donde se tuvo que lograr consenso amplio. “Me parece un atropello más y un regalo de los radicales en este mes tan importante como es el de la Mujer”, sostuvo.
Villagra comentó que la directora del organismo está de licencia por problemas de salud. Esta afectación de su estado no es casual: se debió en gran medida a “la magnitud y el desguace mismo de la oficina” producto del ajuste de la gestión de Roy Nikisch, que en diciembre de 2023 despidió a más de 400 trabajadores precarizados del municipio, muchos de ellos integrantes de la oficina que ahora se quiere eliminar.
“Varias personas que fueron despedidas eran profesionales que estaban también en el área donde creció exponencialmente las denuncias de violencia. Hoy por hoy están en cabeza justamente de una de las denunciadas de la Secretaría Legal y Técnica donde todos los expedientes están en resguardo. De hecho, hay expedientes que distintas fiscalías de Género e Investigación están pidiendo y no se los remiten”, denunció la concejal.
