La Fiscalía Federal de Resistencia pidió la detención del dirigente social Raúl “Tiso” Talavera y de su pareja por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. La acusación sostiene que captaron a una mujer con discapacidad en situación de calle, la sometieron a tareas domésticas sin paga y le habrían vaciado sus cuentas bancarias tras gestionar préstamos a su nombre, sin su consentimiento. En horas de la siesta de este jueves, Talavera y su pareja se presentaron en el Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco donde quedaron detenidos.
Jueves, 26 de febrero de 2026
El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó a la jueza de Garantías, Zunilda Niremperger, la detención del referente de la organización “No al Gatillo Fácil”, Raúl “Tiso” Talavera y de su pareja, Andrea Eugenia Leyes, acusados de captar a una mujer en situación de calle, someterla a trabajo forzoso y vaciar sus cuentas bancarias. Tras la publicacion de la noticia, Talavera y su pareja se presentaron voluntariamente alrededor de las 15.20 en el Departamento de Investigaciones Complejas para consultar si existía un pedido de captura en su contra. Tras consultas con el Juzgado Federal interviniente, se confirmó que pesaba una orden de detención y quedaron aprehendidos.
Una denuncia anónima realizada a fines de septiembre de 2025 ante la Línea 145 destapó un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral en pleno centro de la capital chaqueña. Según pudo saber LITIGIO, el Ministerio Público Fiscal Federal requirió formalmente este jueves la apertura de la instrucción y la inmediata detención de Talavera y Leyes, a quienes acusa de haber mantenido en condiciones de servidumbre a una mujer de 36 años, quien presenta retraso madurativo.
De acuerdo con la investigación, la situación se inició hace cuatro años en la Plaza 25 de Mayo. Allí, mientras se encontraba en situación de calle, la mujer fue abordada por la pareja, que bajo la promesa de brindarle ayuda la trasladó a una vivienda ubicada sobre la avenida Nicaragua al 1300, en Resistencia.
Lo que comenzó como un supuesto gesto solidario, sostiene la fiscalía, derivó en un esquema de explotación. Según el requerimiento, la víctima era obligada a realizar tareas domésticas —cocinar, lavar y limpiar— para los habitantes del domicilio, sin percibir remuneración.
Durante la entrevista mantenida con profesionales del Punto Focal de la Subsecretaria de Género del Chaco la mujer expresó que durante su permanencia en la vivienda de los Talavera se encontraba en “buenas condiciones de habitabilidad e higiene”, que “no recibía malos tratos”, tampoco estaba encerrada y que “podía salir cuando deseaba”.
A fines de septiembre de 2025, según la denuncia, la pareja le habría avisado que próximamente sería trasladada a un campo para convivir con un hombre desconocido a cambio de dinero que supuestamente recibiría Talavera. Frente a esa situación, decidió huir de la casa del matrimonio sin llevarse sus pertenencias.
Los acusados también habrían retenido su tarjeta de débito para cobrar una pensión provincial y gestionaron préstamos bancarios a su nombre sin su consentimiento. El dictamen fiscal se apoya en informes del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y en peritajes bancarios que confirmarían el vaciamiento de sus fondos. Entre enero y noviembre de 2025, se registraron transferencias desde la cuenta de la víctima hacia la de Leyes por un total de $1.023.521,98.
“No existe explicación lógica que permita justificar por qué una persona que trabajaba realizando tareas domésticas debería transferir dinero a sus supuestos empleadores, en vez de recibir un pago”, señala el requerimento fiscal.
La fiscalía imputó a Talavera y Leyes el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse concretado la explotación.
Junto con el pedido de detención, el fiscal solicitó el allanamiento del domicilio de la avenida Nicaragua, con el objetivo de secuestrar documentación, documentos de identidad y tarjetas de cobro que pertenecerían a la víctima y que, según la investigación, aún estarían en poder de los acusados.
En octubre del año pasado, tras conocerse la denuncia de la mujer, Talavera brindó una entrevista al canal estatal “Somos Uno” donde negó las imputaciones en su contra. Aseguró que la mujer convivía con él por voluntad propia. “Ella vivía con nosotros porque quería. No tenía dónde ir, por eso estaba en casa”, afirmó.
