En esta nota de opinión para LITIGIO, el abogado Joaquín Dudik advierte que la reducción de la edad de imputabilidad no es una política de seguridad sino una ilusión punitiva: una respuesta diseñada para las redes sociales que evita gobernar la complejidad y abandona a las infancias donde el Estado debería estar presente.
Sábado, 21 de febrero de 2026
Por Joaquín Dudik*
En casi todos los aspectos de la vida social hay un consenso que no se discute.
Cuando un niño, una niña o un adolescente entra a un consultorio médico, no se lo trata como a un adulto. La medicina lo reconoce. La psicología lo confirma. La nutrición lo adapta a sus procesos de crecimiento. La pedagogía lo organiza en función de etapas. La economía del desarrollo lo incorpora como variable central. La neurociencia lo respalda con evidencia empírica. Y el sentido común lo comprende sin necesidad de estadísticas ni citas académicas.
La distinción entre infancia, adolescencia y adultez no es un capricho teórico: es el cimiento sobre el que se construyen las políticas públicas. La salud, la educación, el desarrollo social, la economía del futuro parten de esa diferencia esencial. Nadie pretende borrar esas etapas ni confundir sus tiempos. Nadie diseña políticas serias desconociendo que crecer implica fragilidad, proceso y formación. Nadie… hasta que irrumpe el delito.
En ese momento, de pronto, todo ese edificio de saberes se derrumba. Ocurre algo más grave que un error de diagnóstico: el pensamiento se apaga.
Frente a las nuevas conflictividades de nuestras sociedades modernas —complejas, multicausales, multisectoriales— que exigen investigación, estudio y una respuesta integral y holística, quienes gobiernan eligen el atajo. La complejidad incomoda, la evidencia estorba y el conocimiento deja de servir. En su lugar aparecen respuestas livianas, rápidas, diseñadas para durar lo que dura un like en una red social. En ese movimiento, niños, niñas y adolescentes dejan de ser vidas en formación y pasan a ser utilería del discurso punitivo. Excusas para no pensar. Titulares para no gobernar. Materia prima de una seguridad que solo existe en pantallas, en grandes palabras y consignas virales, pero que jamás desciende al asfalto de nuestros barrios.
Pero nada de esto es accidental. Cuando el Estado elige responder con derecho penal a problemas que reclaman políticas públicas complejas, no está reaccionando ante una urgencia: sino tomando el atajo que evita pensar la complejidad. Esa elección revela una verdad tan incómoda como persistente: hablar de castigar y sancionar -porque ese castigo nunca se transforma en mas seguridad- es más simple que gobernar. El castigo se proclama y se consume en el acto, con la misma contundencia que se enuncia. Gobernar, en cambio, es otra cosa. Exige diagnóstico, investigación, decisión, coordinación y articulación institucional. Entre la construcción compleja de políticas públicas y el impacto inmediato del castigo, se elige lo visible, aun cuando esa visibilidad no deje huella alguna en la realidad que dice transformar.
La reducción de la edad de imputabilidad no constituye una respuesta seria frente a un problema complejo. No inaugura nada: repite, una vez más, la lógica punitiva de siempre, presentada bajo el ropaje de la novedad. Al hacerlo, niega deliberadamente la dimensión interdisciplinaria, territorial y preventiva que este tipo de conflictividades exige. Allí donde se requieren políticas públicas integrales, sostenidas y coordinadas, se propone una solución rápida, lineal y aparente. Y como toda respuesta que prioriza la simplicidad —tan funcional a la lógica de las redes sociales— por sobre la eficacia real de gestionar los problemas.
En este escenario, el derecho penal se vacía de contenido y se transforma en marketing; el castigo, en eslogan; y la respuesta estatal, en una puesta en escena diseñada para el impacto inmediato. Allí donde debería haber diagnósticos, estadísticas, evaluación de políticas públicas y decisiones fundadas, aparece la lógica del like, del retuit y del rating.
La planificación de una política criminal seria es sustituida por la contratación de bots, la administración del escándalo y la búsqueda de presencia en el prime time. El conflicto penal ya no se gestiona: se exhibe. Y el sistema penal, lejos de orientarse a la prevención o a la racionalidad, queda reducido a un instrumento de consumo simbólico.
Pero lo más grave del Proyecto de Ley reside en su concepción de origen: es una norma pensada y diseñada desde el Obelisco, y para las manzanas que lo circundan. Una legislación construida desde una mirada centralista, abstracta y ajena a las realidades provinciales, desconectada del 99,7 % del territorio continental nacional y de aproximadamente el 93 % de la población del país , de manera que ignora —o decide ignorar— la complejidad territorial de un país federal al que, paradójicamente, pretende “ordenar”.
Así, la reforma vuelve a inscribirse en una matriz largamente conocida: aquello que Alberto Binder ha denominado el fetichismo normativista. Una lógica según la cual se pretende responder a conflictos sociales profundos, complejos y persistentes mediante la mera sanción de nuevas leyes. El texto normativo aparece entonces como sustituto de la política pública: se debate con vehemencia, se anuncia con solemnidad, ocupa titulares, redes sociales y programas de prime time. Pero su recorrido suele agotarse allí.
Son leyes que dicen mucho y hacen poco. Textos cuidadosamente elaborados en el plano declarativo, cargados de principios, categorías y enunciados altisonantes, que evitan —con igual prolijidad— el terreno donde toda política pública se vuelve efectiva o fracasa: el de la necesaria reingeniería institucional, la asignación de recursos, el fortalecimiento de capacidades y la ejecución concreta.
El llamado “Nuevo Régimen Penal Juvenil” no revela un déficit normativo, sino un vacío de sustancia. Promete transformación sin prever cómo sostenerla; distribuye obligaciones sin fortalecer a quienes deben cumplirlas; anuncia cambios estructurales sin asumir el costo institucional, presupuestario y operativo que esos cambios necesariamente exigen. Y así, como ha ocurrido tantas veces, la ley termina convertida en un gesto simbólico: visible, ruidoso y estéril.
El resultado es siempre el mismo: una norma que satisface la urgencia comunicacional del poder, pero que no resuelve los conflictos concretos de las personas, que son —en definitiva— el verdadero objeto de todo proceso penal.
Bajar la edad de punibilidad no es una solución: es una renuncia.
La renuncia del Estado a ofrecer algo más que una ilusión penal, frágil y efímera: la de castigar a las infancias y adolescencias para tranquilizar —por un instante— la conciencia adulta. Es la renuncia a pensar políticas públicas complejas, integrales y sostenidas; a asumir que los conflictos sociales no se resuelven con atajos punitivos, sino con responsabilidad institucional.
Nunca como hoy hubo tantas personas privadas de la libertad en nuestro país. Las cárceles están desbordadas, las comisarías saturadas, y las emergencias penitenciarias se declaran como rutina administrativa.
Y, sin embargo, la seguridad no llega. La promesa no se cumple.
El castigo temprano no produce más protección, más paz social, ni más justicia.
Porque cuando el derecho penal ocupa el lugar que deberían habitar la educación, la salud, el desarrollo y las políticas públicas integrales, el Estado no se vuelve más fuerte: se revela más débil. No amplía su capacidad de gobierno, sino que expone su incapacidad de intervenir de manera inteligente y sostenida sobre las causas profundas del conflicto.
Anticipar el castigo allí donde todavía se está formando la subjetividad no produce seguridad ni orden social: produce simulación. Una apariencia de control que tranquiliza por un instante, pero que no transforma nada.
El castigo temprano no es una política de protección; es la forma más elocuente de admitir que se ha renunciado a gobernar el futuro y que se ha decidido administrar, con herramientas del pasado, los desafíos del presente.
*Abogado, especializado en litigación oral, juicios por jurados y planificación estratégica. Consultor en políticas públicas, políticas de seguridad, política criminal y judiciales. Docente e investigador en Derecho Procesal Penal y Penal.
