Tanto el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia como la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial del Chaco emitieron comunicados en los que cuestionan la falta de designaciones para cargos clave del Ministerio Público Fiscal, entre ellos los de Fiscal de Investigación N° 5 y Fiscal con funciones en el Equipo Fiscal N° 1 de la ciudad de Sáenz Peña, que culminaron sin postulantes designados por no haber alcanzado los votos necesarios quienes eran los únicos concursantes habilitados para ser propuestos.
Sábado, 14 de febrero de 2026
Ambas entidades coincidieron en señalar que toda decisión que implique la no elevación de postulaciones o la finalización de concursos sin designaciones debe encontrarse suficientemente motivada, en cumplimiento de los principios republicanos de publicidad, razonabilidad y control de los actos públicos, tal como lo establece el artículo 158 de la Constitución Provincial. En este sentido, destacaron que el Consejo de la Magistratura constituye una institución clave para garantizar la idoneidad, independencia y legitimidad del proceso de selección de magistrados y funcionarios judiciales, por lo que sus decisiones deben contribuir al fortalecimiento de la confianza pública en el sistema de justicia y no generar incertidumbre sobre la transparencia de los procedimientos.
La Asociación de Magistrados hizo especial hincapié en la necesidad de que estas decisiones se adopten con fundamentos claros y compartió explícitamente los argumentos expuestos en los votos de los doctores Sergio Bosch y Víctor Del Río, conforme consta en el Acta 1302 del pasado 10 de febrero, mientras que el Colegio de Abogados convocó a una reflexión institucional profunda y responsable orientada a preservar la calidad del servicio de justicia.
Finalmente, ambas instituciones coincidieron en que la cobertura de cargos esenciales para el servicio judicial exige decisiones debidamente fundadas, transparentes y respetuosas de los principios constitucionales que rigen la función pública, para evitar que situaciones como esta afecten la legitimidad del sistema y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
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