Pese a reconocer la situación de vulnerabilidad de los jóvenes indígenas que asistían al establecimiento educativo ubicado en General Vedia, el procurador general Jorge Canteros dictaminó a favor de la clausura de la institución. Es en sintonía con la decisión de la ministra de Educación de Chaco, Sofía Naidenoff, quién recientemente se mostró furiosa por un fallo del Superior Tribunal de Justicia que validó los postítulos docentes para los concursos de este año. No obstante, solicitó que se dicten medidas protectorias que garanticen los derechos de los adolescentes que concurrían al establecimiento.
Sábado, 7 de febrero de 2026
El procurador general del Poder Judicial del Chaco, Jorge Canteros, aconsejó al Superior Tribunal de Justicia confirmar el fallo de la Cámara Multifueros de Feria que avaló la decisión de la ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, de cerrar el establecimiento educativo gestionado por la Fundación Valdocco y que dejó a la deriva a más de 50 jóvenes del pueblo Wichí que asistían a esa institución en la localidad de General Vedia. No obstante, para no quedar como el “villano de la película” recomendó emplazar al Estado Provincial a que adopte medidas necesarias que garanticen la integridad psicofísica de los niños, niñas y adolescentes que asistían a la Fundación Valdocco.
Según pudo saber LITIGIO, Canteros dictaminó por rechazar los recursos extraordinarios presentados por la Fundación y también por la Asesora de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) Nº 1 de Resistencia, Natalia Facchin. Dichos recursos buscaban proteger los derechos de los jóvenes wichí que, además de educación, recibían en la institución contención social a través de actividades culturales y deportivas, estando en situación de extrema vulnerabilidad.
En su presentación ante el STJ, el jefe de los fiscales cita una serie de instrumentos que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes y también de los pueblos indígenas, sin embargo termina avalando la decisión administrativa que los dejó desamparados, como él mismo lo admite en su dictamen.
En el expediente judicial se discuten una serie de resoluciones del Ministerio de Educación chaqueño que, primero, retiró el financiamiento y, luego, decretó la clausura definitiva del establecimiento, dejando a los estudiantes a la deriva. Uno de los asuntos que nunca se explicitaron es cuál fue el fundamento formal y legal que utilizó el Ministerio de Educación del Chaco para clausurar de manera definitiva el establecimiento educativo, más allá de las expresiones mediáticas de los funcionarios provinciales y de la vinculación pública con el peronismo del cura Juan Carlos Molina, creador de la Fundación Valdocco y actual diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Cruz.
Falta de fundamentos y contradicciones insólitas
Un dato llamativo que surge del dictamen es una contradicción del gobierno provincial: mientras clausuraba la escuela, puso al cuidado del director de la fundación a dos de los adolescentes por 90 días. Canteros no solo reconoce que los NNA están en “estado de desamparo”, sino que subraya que “el propio Estado encomendó su custodia a la fundación; que de este modo vino a asumir funciones de protección que corresponden ineludiblemente a aquél”.
De modo inexplicable, la opinión del jefe de los fiscales se da luego de reconocer que era “insuficiente” el argumento oficial de que se garantizaba el derecho a la educación de los niños y adolescentes que concurrían a la Unidad Educativa de Gestión Privada Nº144 “Centro educativo, cultural y deportivo Padre Severiano”. Con ese fundamento del Ministerio de Educación, el de que se garantizaba la reubicación de los jóvenes en otras instituciones, la Cámara Multifuero de Feria, encabezada por el juez Diego Derewicki, había revocado el amparo dictado en primera instancia por el juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores.
En su presentación, Canteros admite que la fundación “es un espacio convivencial al que ingresan NNA que se encuentran en situación de calle, a la vez que es un dispositivo abierto y voluntario de internación por consumos problemáticos, y apunta a situaciones variadas de vulnerabilidades psicosociales: consumo de sustancias, maltrato intrafamiliar, entre otras”.
Así, el procurador sugirió al máximo tribunal que dicte un “mandato preventivo de protección en favor del colectivo afectado” y que “emplace al Estado Provincial a que adopte las medidas necesarias” para garantizar a los NNA que residen en la Fundación Valdocco prestaciones “que no solo abarque la educación intercultural bilingüe, sino también obligaciones positivas que incluyan salud, alimentación, agua, vivienda, respetándose el derecho a ser oídos”. Además, recomendó que las medidas sean monitoreadas por el juez que había dictado el amparo, que ahora Canteros dictamina por rechazar.
Así las cosas, para la Procuración General pareció pesar más la postura de no desairar a la ministra Naidenoff, luego de la furia pública de la titular de la cartera educativa por el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia que la obligó a dar marcha atrás con la quita de validez de los postítulos en los concursos por interinatos y suplencias.
