Una empleada municipal de la ciudad de Resistencia, con más de una década de antigüedad, impulsó una acción judicial contra el Municipio solicitando la suspensión inmediata de un concurso público para un cargo directivo. La trabajadora alega haber sido excluida de manera arbitraria e irrazonable del proceso selectivo, pese a haber resultado la postulante con el puntaje total más alto.
Martes, 3 de febrero de 2026
La controversia se centra en dos convocatorias consecutivas para el mismo cargo de Dirección de Archivo y Biblioteca Técnica. En la primera, realizada el año pasado, la empleada aprobó exitosamente el examen general, cuyo puntaje, conforme a la normativa, mantiene su validez hasta el año 2027. Al no superar en esa oportunidad el examen específico y quedar el puesto vacante, la administración municipal lanzó un nuevo llamado a concurso en un plazo menor a seis meses.
En esta segunda convocatoria, la trabajadora, considerando que ya había presentado toda la documentación requerida en el proceso anterior, no volvió a adjuntar ciertos certificados. Su postulación fue admitida sin observaciones por la misma administración, fue habilitada para rendir y, finalmente, aprobó el examen específico. Al sumar los puntajes de antecedentes, el examen general de la primera instancia y el específico reciente, su calificación total la situaba como la mejor posicionada entre todos los aspirantes.
Sin embargo, el tribunal examinador decidió posteriormente excluirla del listado definitivo de postulantes, argumentando la falta de presentación de esa documentación que ya había sido validada en el concurso anterior. Este acto fue confirmado tras un reclamo administrativo, lo que motivó la presentación judicial.
“Desnaturaliza los principios de mérito, objetividad y transparencia”
En su demanda, los letrados de la empleada sostienen que la exclusión constituye un exceso ritual manifiesto y un obrar administrativo arbitrario, ya que el propio órgano convocante contaba con toda la información necesaria desde el primer proceso. Señalan que esta decisión desnaturaliza los principios de mérito, objetividad y transparencia que rigen el acceso al empleo público, privilegiando un formalismo irrazonable sobre la idoneidad demostrada, principio consagrado constitucionalmente.
La acción judicial solicita una medida cautelar urgente para suspender todo avance en el concurso y cualquier posible designación en el cargo, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Los representantes legales argumentan que, de no decretarse esta suspensión, la continuación del proceso podría consolidar una situación jurídica que tornaría ineficaz e ilusoria cualquier decisión judicial futura favorable a la reclamante.
La presentación, realizada ante el inicio del receso judicial, también solicita la habilitación de días y horas inhábiles para el tratamiento urgente del pedido, a fin de evitar que el transcurso del tiempo perjudique los derechos en litigio. La empleada se ofrece a prestar caución juratoria como contracautela, en cumplimiento de las normas procesales.
