La jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Emilia María Valle, resolvió inhibirse de intervenir en el tratamiento del recurso extraordinario de inconstitucionalidad presentado contra el cierre de una escuela wichí de General Vedia, gestionada por la Fundación Valdocco, el cual fue ordenado por el gobierno provincial. Fue debido a la relación de parentesco que mantiene con una de las magistradas que intervino en la causa. La decisión obliga a reconfigurar la integración del tribunal.
Viernes, 23 de enero de 2026
El apartamiento se produjo luego de que la magistrada advirtiera la existencia de un vínculo de parentesco indirecto con una de las juezas que integró la Cámara Multifueros en Feria y que firmó la sentencia recurrida. Según surge de la presentación, Natalia Kuray —integrante del tribunal de apelaciones— es sobrina del cónyuge de Valle, circunstancia que, a criterio de la jueza, impide su intervención en esta instancia.
En su escrito, Valle sostuvo que el análisis del recurso la colocaría en “una evidente situación de violencia moral” y que no puede soslayarse “el temor de parcialidad que, en ese contexto, podrían abrigar las partes”. En ese marco, remarcó que su decisión apunta a preservar la confianza en la imparcialidad del órgano jurisdiccional y a evitar cualquier cuestionamiento sobre la transparencia del proceso.
Con la inhibición, el expediente quedó radicado en la Secretaría Contencioso Administrativa Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia, que deberá expedirse sobre la aceptación formal de la excusación. De cumplimentarse el apartamiento de Valle, el máximo tribunal provincial deberá avanzar con una nueva conformación para definir los próximos pasos.
Cierre y recurso extraordinario
La causa llegó al STJ luego de que, el pasado 5 de enero, la Cámara de Apelaciones Multifueros revocara el amparo dictado en primera instancia a favor de la Unidad Educativa de Gestión Privada Nº 144 “Padre Severiano”, gestionada por la fundación Valdocco que lidera el sacerdote salesiano y diputado nacional por el kirchnerismo santacruceño, Juan Carlos Molina, y convalidara las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación del Chaco.
Esa decisión dejó a más de 50 niños, niñas y adolescentes de la comunidad wichí sin el espacio educativo, terapéutico y habitacional que la fundación brindaba, y descartó la necesidad de realizar una consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena. La Cámara Multifueros, cabe recordar, funciona con magistrados y personal de guardia, enfocándose exclusivamente en el despacho de asuntos urgentes durante el receso judicial.
Tanto la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes como la Fundación Valdocco cuestionaron duramente ese fallo y lograron que la Cámara declarara admisibles los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, habilitando la revisión por parte del Superior Tribunal.
En su presentación, la Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes Nº1, Natalia Facchin, centró el reclamo en la vulneración del Interés Superior del Niño, principio de jerarquía constitucional. Advirtió que el cierre operativo de la escuela y el bloqueo de los aportes estatales privaron a los menores wichí del acceso a la educación, la alimentación, la salud y la contención integral que recibían en la institución.
El recurso calificó la sentencia de Cámara como arbitraria y con “exceso ritual manifiesto”, señalando que se negó el daño real sufrido por los niños pese a la inspección ocular realizada en primera instancia, que no se escuchó directamente a los menores afectados y que se desconoció el rol obligatorio de la Asesoría de Menores en procesos que involucran infancias vulnerables.
Principio de continuidad
Por su parte, la Fundación Valdocco, también recurrió al máximo tribunal provincial. Cuestionó la decisión del Ministerio de Educación de suspender los aportes estatales —con salarios docentes adeudados desde agosto de 2025—, clausurar operativamente la escuela y desafectar su planta funcional, medidas que, según la fundación, fueron justificadas en supuestas irregularidades administrativas que nunca fueron probadas.
En ese marco, el recurso respondió a las denuncias sobre presuntos docentes “truchos” y defendió la educación a distancia como una modalidad habitual y válida. Además, subrayó el principio de continuidad del Estado, recordando que desde hace más de una década las provincias de Chaco y Santa Cruz mantienen un convenio vigente de cooperación con la Fundación Valdocco para sostener las Casas Valdocco, donde viven más de 150 niños, niñas y adolescentes wichí.
La presentación también denunció la omisión de la consulta previa al pueblo wichí —obligatoria por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional— y sostuvo que el cierre del establecimiento configura una acción discriminatoria al dejar sin servicio educativo a una comunidad indígena sin alternativas estatales en la zona.
Con información de Noticiero 9
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