Al regreso de la feria judicial, la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña fijaría fecha de inicio de las audiencias del juicio que se llevará a cabo contra cuatro efectivos policiales acusados de golpear y amenazar a una familia de Machagai. Se les imputa los delitos de apremios ilegales y amenazas agravadas. El hecho ocurrió en mayo de 2022.
Martes, 20 de febrero de 2026
Tras la feria judicial, la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña definiría la fecha de inicio del juicio oral contra cuatro efectivos policiales acusados de golpear, gasear y amenazar a una familia de comerciantes madereros de Machagai. El debate, que debía comenzar el 15 de diciembre pasado, fue suspendido y se espera que la confirmación de la fecha de audiencias se fijen durante febrero.
Así lo confirmó a LITIGIO el abogado querellante, Ramiro Cabaña. La postergación se debió, en primer lugar, a la renuncia de Sebastián Quintana, defensor de dos de los imputados. Luego, su reemplazante, Leandro Fioravanti —quien asumió la defensa de los cuatro acusados— presentó un certificado médico y solicitó la suspensión de la audiencia, pedido que fue aceptado por el tribunal.
El caso tiene como víctimas a integrantes de la familia Vergara, dedicada al transporte, comercialización y fabricación de muebles de madera. Según el expediente, el 13 de mayo de 2022, cerca de las 23, enviaron un cargamento desde Machagai con destino a Santa Fe. El camión era conducido por Brian Vergara, de 20 años, acompañado por dos ayudantes.
Cuando circulaban por la ruta nacional 16, a la altura de Colonia Aborigen, fueron interceptados por una camioneta de la Policía Rural de Machagai. Tras solicitar la documentación, Brian exhibió la guía de transporte, pero explicó que no contaban con tique de balanza debido a que en Presidencia de la Plaza —localidad de origen de la guía— no funcionaba una balanza habilitada. Aclaró, además, que la documentación era legal y válida.
Lejos de aceptar la explicación, los policías les informaron que serían demorados, que el cargamento quedaría retenido y que debían ser escoltados hasta la comisaría. Durante el trayecto, el vehículo comenzó a recalentarse. Ante la posibilidad de una avería mayor, Brian pidió detenerse y avisó que recibiría auxilio mecánico. Los agentes accedieron, aunque le advirtieron que la situación debía “arreglarse” con el comisario.
Minutos después llegó al lugar Daniel Vergara, padre del conductor, quien luego se convertiría en la principal víctima del hecho. Poco después arribó otra camioneta policial con varios efectivos, entre ellos el comisario Daniel Báez, el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo. Al descender, uno de los policías lanzó una frase intimidante: “¿Así que ustedes se van a hacer los vivos?”.
Lo que siguió fue una secuencia de extrema violencia. Según relataron las víctimas, intentaron esposarlos sin motivo, los arrojaron al suelo y los alinearon boca abajo. Siete personas fueron reducidas, rociadas con gas pimienta y golpeadas durante más de media hora. Daniel Vergara recibió culatazos, golpes de puño y patadas que le provocaron la fractura de una muñeca, lesión por la que debió ser operado y que le dejó una incapacidad permanente.
Cerca de la una de la madrugada fueron trasladados a la comisaría de Machagai y encerrados en una celda. Recién varias horas después, ya de madrugada, el comisario Báez los llamó uno por uno y, según consta en la causa, les ofreció la libertad a cambio de que no denunciaran lo ocurrido. La advertencia fue explícita: “El pueblo es chico y nos podemos encontrar”.
La fiscal adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, elevó la causa a juicio al considerar probados los apremios ilegales. En su dictamen sostuvo que “no existen dudas sobre la responsabilidad de los imputados en la producción del hecho criminoso”, por lo que deberán responder penalmente.
Las imputaciones son de extrema gravedad. El comisario Báez y el subcomisario Fernández están acusados de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas, como autor y coautor. En tanto, el sargento Gerzel y el cabo Villalobo enfrentan cargos por apremios ilegales agravados por violencia, en calidad de autores.
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