La Sala de Revisión Penal Federal rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa del cabo Gustavo Quizama y confirmó a Zunilda Niremperger como jueza de Garantías en la causa por el robo de nueve kilos de cocaína. La defensa argumentó que, tiempo atrás, la magistrada mantuvo una charla informal vía redes sociales con el imputado lo que enturbiaría su imparcialidad. El tribunal consideró que el planteo fue extemporáneo y que existió un consentimiento tácito de las partes. El caso investiga una maniobra narco durante una quema judicial de drogas en Colonia Benítez que derivó en la detención de siete policías chaqueños.
Martes, 6 de enero de 2026
La Sala Única de Revisión Penal Federal de Resistencia rechazó el pedido de apartamiento de la magistrada solicitada por el cabo de la Policía del Chaco, Gustavo Quizama, imputado y actualmente detenido por su presunta participación en el robo de 9 kilos de cocaína en el marco de una quema judicial de estupefacientes. El tribunal consideró que el planteo de recusación fue “extemporáneo”, ya que el motivo invocado se conocía antes de las primeras audiencias y no fue cuestionado en su momento.
En una resolución fechada el 5 de enero de 2026, a la que tuvo acceso LITIGIO, la jueza Rocío Alcalá ratificó la continuidad de su par de Garantías 1, Zunilda Niremperger, en la causa tras un intento de la defensa de Quizama por apartarla del caso alegando un “temor fundado de parcialidad”.
La controversia se originó a partir de un informe que la propia jueza Niremperger presentó el pasado 19 de diciembre de 2025. En dicho escrito, la magistrada, actuando “por razones de transparencia”, informó que había mantenido conversaciones de carácter “estrictamente social” a través de redes sociales con uno de los imputados en la causa.
A pesar de esta comunicación, la jueza afirmó que este vínculo no afectaba su independencia ni su imparcialidad. Las partes fueron notificadas de esta situación entre el 19 y 20 de diciembre, previo a la audiencia de formalización de la investigación que se realizó el domingo 21 de diciembre.
El planteo de la defensa
Tras un cambio en la defensa técnica, los nuevos abogados de Quizama presentaron la recusación el 30 de diciembre. Argumentaron que las interacciones en redes sociales configuraban un “vínculo cercano” capaz de generar un favorecimiento aparente.
El tribunal de revisión centró su análisis en la admisibilidad temporal del planteo, dejando de lado el fondo de la cuestión (la relación en redes sociales) al considerar que el pedido fue presentado tarde.
Los fundamentos principales del fallo destacan que el Código Procesal Penal Federal (CPPF) establece que una recusación debe formularse dentro de los tres días de conocidos los motivos. Es decir: los plazos vencieron
A su vez, hubo un consentimiento tácito de que este “chateo” entre la jueza y el cabo no afectan la imparcialidad de la magistrada. Durante la audiencia del 21 de diciembre, ninguna de las partes —que ya estaban notificadas del informe de la jueza— planteó objeción alguna, consintiendo así la intervención de Niremperger.
La jueza Alcalá aclaró que el cambio de defensa no reinicia los tiempos procesales, ya que estos pertenecen al “sujeto procesal” (el imputado) y no a los abogados individualmente.
Al no haberse presentado una solicitud de “reposición de plazo” por causas de fuerza mayor, la Sala de Revisión confirmó el rechazo in limine dictado originalmente. Con esta decisión, Niremperger continuará interviniendo en el caso en calidad de jueza de Garantías.
Cabe recordar que siete policías fueron detenidos el pasado 18 de diciembre cuando funcionarios de la Justicia Federal descubrieron una maniobra irregular en el Polígono Policial de Colonia Benítez. Durante una quema judicial de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína, advirtieron que se estaba incinerando menos droga de la consignada.
Según la investigación, un grupo de policías que participaba del operativo intentó sustraer parte de la cocaína, ocultándola en mochilas y en la caja de un patrullero. En el lugar fueron arrestados los efectivos del Departamento de Consumos Problemáticos, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia Federal. Se estima que intentaron llevarse unos 9 kilos de cocaína, valuados en aproximadamente 225 millones de pesos.
El escándalo se agrava al considerar que en el operativo estaban presentes el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; el juez federal 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich; y medios de comunicación que registraban el procedimiento. Es decir, la maniobra se habría intentado a plena luz del día, frente a autoridades judiciales y provinciales y ante las cámaras. De no haber sido por la intervención de los secretarios del Juzgado, el robo se habría consumado sin obstáculos.
Preventiva
Tras la audiencia judicial realizada el 21 de diciembre, la jueza dictó la prisión preventiva para los siete, quienes quedaron imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por tratarse de funcionarios públicos encargados de perseguir estos delitos, además de peculado, en concurso real.
En dicha audiencia, los imputados, asistidos por sus defensores, fueron informados de los cargos que se les atribuyen y se evaluó la legalidad de las detenciones. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, junto a la fiscal interina Ruth Hilgenberg.
Prestaron declaración el comisario César Alegre; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; el cabo Néstor Ariel Urne Canteros; y el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, todos pertenecientes a la Dirección General de Consumos Problemáticos, ex Drogas Peligrosas. En tanto, el subcomisario Andrés Franco Ramírez y el cabo Quizama hicieron uso de su derecho a guardar silencio.
La declaración más llamativa fue la del cabo Urne Canteros, a quien se le halló una piedra de yeso, empaquetada y sin signos de uso, similar a un ladrillo de cocaína. Según la investigación, el elemento iba a ser utilizado para camuflar la droga sustraída, aunque el imputado aseguró que lo llevaba para afilar su navaja de barbero.
Almirón Núñez, por su parte, afirmó que el “pan” de cocaína secuestrado en su mochila durante el operativo realizado en Colonia Benítez no fue colocado por él, sino por otros efectivos. En concreto, sostuvo que fue víctima de una “cama”. Cabe aclarar que las declaraciones de los imputados constituyen medios de defensa y que no están obligados a decir la verdad.
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