El presidente de La Libertad Avanza Chaco y delegado regional de la Anses rompió el silencio luego de que la Justicia Federal lo procesara por las presuntas afiliaciones apócrifas detectadas en el partido libertario, además del uso indebido de datos públicos. Negó las acusaciones, apuntó a internas políticas y aseguró que seguirá impulsando investigaciones dentro del organismo previsional.
Lunes, 5 de enero de 2026
Alfredo ‘Capi’ Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza del Chaco y delegado regional de la Anses, se refirió públicamente a su procesamiento en el marco de la causa que investiga una presunta maniobra de afiliaciones truchas dentro del espacio libertario en la provincia. En la resolución, dictada por el Juzgado Federal 1 de Resistencia, se lo acusa de certificar como auténticas al menos 65 fichas con firmas apócrifas y de utilizar bases de datos de organismos previsionales de manera indebida.
La investigación se inició en mayo a partir de denuncias periodísticas y testimonios de exmilitantes que alertaron sobre irregularidades en el armado partidario de LLA Chaco, incluyendo el uso de datos sensibles y la falsificación de firmas para inflar el padrón de afiliados.
Tras conocerse el procesamiento, Rodríguez aseguró a medios locales que se trata de un “tema menor” y vinculó su difusión a disputas internas y al contexto político nacional. “Ese procesamiento es de hace 45 días, pero misteriosamente se hace público ahora”, sostuvo, al tiempo que afirmó: “Tengo el trasero bien limpio y no tienen por dónde agarrarme”.
El dirigente libertario también cuestionó el accionar judicial y remarcó que la jueza, Zunilda Niremperger, resolvió su procesamiento antes de contar con los resultados de la pericia caligráfica. “La pericia salió diez días después y determinó que yo no firmé esas fichas”, afirmó.
Rodríguez insistió en que el conflicto responde a internas partidarias y recordó que situaciones similares se dieron en otros espacios políticos, como el Pro, sin la misma repercusión pública. “Esto pasa seguido dentro de los partidos. Toma notoriedad porque molesta que sigamos creciendo”, argumentó.
En paralelo, defendió su gestión al frente de la Anses y aseguró que continúa impulsando investigaciones internas por presuntas jubilaciones irregulares. Anunció que en febrero presentará una ampliación de una denuncia penal tras detectar 60 nuevos casos, algunos de ellos correspondientes a personas fallecidas. “Seguimos investigando y eso incomoda a mucha gente”, advirtió.
Procesamiento e internas
Cabe recordar que, en el marco de su declaración indagatoria en la causa por presuntas afiliaciones truchas, el presidente de LLA Chaco acusó a Ileana Aguirre de haber sido ella quien montó el sistema de afiliaciones con ayuda de su entorno. Aguirre era vicepresidenta del partido, fue expulsada de la agrupación por Rodríguez y su séquito y recientemente respuesta en su cargo por la Justicia Federal por considerar que fue echada sin cumplir los pasos previstos en la Carta Orgánica partidaria.
“Yo niego los hechos que se me atribuyen, jamás intervine de ninguna manera en la certificación de fichas de afiliación falsas. Ninguna de las firmas insertas en las fichas supuestamente apócrifas son de mi puño y letra”, afirmó ‘Capi’ el pasado 28 de agosto.
En otro tramo de su indagatoria, Rodríguez atribuyó la acusación a una pelea interna. “Esto es una cuestión netamente política para ensuciar mi imagen y frenar una candidatura que yo tenía prevista. Es una interna partidaria de un grupo minoritario, encabezado por Aguirre, que utilizó el aparato judicial para canalizar sus intereses propios”, aseveró.
A pesar de su intento de defensa, la jueza Niremperger dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Rodríguez. La investigación judicial, llevada adelante por Sabadini, señala que la organización se valía de fotocopias de DNI obtenidas presuntamente de bases de datos del PAMI y la ANSES.
Los testigos relataron que en la sede partidaria —que funcionaba en un comercio propiedad de Rodríguez— jóvenes colaboradores completaban las fichas imitando las firmas de los ciudadanos, mientras una escribana y el propio Rodríguez certificaban la validez de los documentos sin que el afiliado estuviera presente.
El nivel de irregularidad detectado es alarmante: entre las fichas certificadas figuran personas con demencia senil avanzada, ciudadanos con discapacidades severas e incluso personas que manifestaron su imposibilidad física de haber concurrido a firmar.
A pesar de que el imputado negó los cargos al asegurar que no eran suyas las firmas plasmadas en las fichas observadas por la Justicia, Niremperger consideró que existe prueba suficiente para avanzar en la causa debido a que —más allá de que sea su firma o no— fue él mismo quien presentó las afiliaciones, a pesar de saber que eran apócrifas.
“Aún cuando Rodríguez pretenda desvincularse de la autoría de las firmas cuestionadas, lo cierto es que sobre él recaían, de manera simultánea, las funciones de certificador de firmas y apoderado del partido político, lo que lo colocaba —por mandato legal y por la naturaleza misma de sus atribuciones— en una posición de control exclusivo sobre la autenticidad y legitimidad de las fichas de afiliación. Fue él quien presentó dichas fichas ante esta Secretaría (Electoral), con pleno conocimiento de su trascendencia jurídica y del beneficio directo que su validación implicaba para su espacio político”, indicó la magistrada.
Con todo, la jueza Niremperger, ordenó el procesamiento de Rodríguez por los delitos de falsedad ideológica de documentos públicos (en 65 oportunidades), en concurso real con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Además, trabó un embargo preventivo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos y prohibió su salida del país sin autorización judicial previa.
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