Tras habilitar la feria judicial, la Justicia intimó al gobierno del Chaco a cumplir con la sentencia que le ordenó garantizar el derecho a la educación de más de 50 niños y adolescentes Wichí que concurren a la institución educativa que gestiona la Fundación Valdocco. Paralelamente, elevó a la Cámara la apelación del gobierno provincial contra el amparo dictado en primera instancia.
Miércoles, 31 de diciembre de 2025
La jueza de feria de Resistencia, Ana Karina Yagas, resolvió intimar al Ministerio de Educación y al gobierno del Chaco para que en un plazo de dos días de notificado cumpla con la sentencia dictada el 22 de diciembre pasado que le ordenó garantizar la educación de más de cincuenta estudiantes del pueblo Wichí que asisten a la institución educativa que gestiona la Fundación Valdocco en la localidad de General Vedia, Chaco.
En paralelo, la magistrada elevó el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial para que analice la apelación del gobierno del Chaco contra la acción de amparo dictada hace menos de diez días por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores.
Tal como había anticipado LITIGIO ayer, el abogado de la Fundación Valdocco, Juan Manuel Blanco, solicitó a la justicia provincial que intime al gobierno de Zdero a partir de las declaraciones de algunos funcionarios provinciales de los que se desprendían que tenían como objetivo no acatar el fallo judicial.
Es que aunque el Gobierno provincial apeló la decisión, el recurso fue concedido “con efecto no suspensivo”, lo que, según la Fundación, obligaba al Estado a cumplir la sentencia mientras se resuelve la apelación.
El pedido de la Fundación Valdocco
En su pedido, la representación legal de la Fundación exigió que se depositen “los fondos correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2025 de sueldos y aportes” de la UEGP N° 144. Además, solicitó que se permita a la institución presentar la solicitud de fondos correspondiente a diciembre y al segundo Sueldo Anual Complementario (SAC), y que estos sean abonados junto con los de las demás unidades educativas subvencionadas.
La presentación judicial también hizo referencia a un antecedente preocupante: una medida cautelar dictada el 21 de octubre en el mismo expediente, que tampoco habría sido cumplida por el Ministerio de Educación. Según la fundación, el incumplimiento se produjo “en forma dolosa y aduciendo faltante de documentación”, a pesar de que dicha documentación no solo fue enviada, sino también probada en la causa.
El escrito advirtió que la actitud de los demandados “cercena en forma directa e inmediata al Estado de Derecho”, al no respetar las decisiones del Poder Judicial y dejar “a los particulares en total indefensión contra el poder político”.
