Fue por la renuncia de uno de los defensores y la presentación de un certificado médico del letrado que asumió en su reemplazo. Al regreso de la feria judicial, la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña fijará fecha para el juicio, que se estima será en febrero. El proceso incluye cargos agravados contra el comisario Daniel Báez y otros tres agentes acusados de golpear y amenazar a una familia de Machagai.
Jueves, 18 de diciembre de 2025
El juicio oral por los graves hechos de violencia policial ocurridos en 2022 contra una familia de comerciantes madereros de Machagai, que estaba previsto comenzar el pasado 15 de diciembre, se pospondrá hasta el año próximo.
Así lo confirmó a LITIGIO el abogado querellante, Ramiro Cabaña. La suspensión se debió a dos motivos vinculados entre sí: el primero, la renuncia del abogado, Sebastián Quintana, defensor de dos de los imputados. A su vez, el que lo reemplazó, Leandro Fioravanti, que ahora representará a los cuatro acusados, presentó un certificado médico y, por este motivo, solicitó que la audiencia se suspenda.
La Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña hizo lugar al pedido, aunque hasta el momento no fijó nueva fecha de inicio. Cabaña estima que será recién en febrero, aunque advirtió que presentará un pronto despacho para que se confirme el día de inicio de las audiencias, bajo apercibimiento de queja por retardo de justicia.
Según el expediente, el 13 de mayo de 2022, la familia Vergara —dedicada al transporte, comercialización y fabricación de muebles de madera— envió un cargamento de muebles desde la localidad de Machagai alrededor de las 23. El vehículo, que tenía como destino la provincia de Santa Fe, era conducido por Brian Vergara, de 20 años, quien iba acompañado por dos ayudantes.
Mientras atravesaban la Ruta Nacional 16, camino a Colonia Aborigen, fueron adelantados por una camioneta de la Policía Rural de Machagai. Unos kilómetros más adelante, se encontraron nuevamente con la misma camioneta, esta vez realizando un control. Los agentes detuvieron el vehículo y pidieron la documentación correspondiente.
Brian presentó la guía de transporte, pero al ser consultado por el tique de balanza, explicó que no contaban con uno porque en la localidad de Presidencia de la Plaza —de donde provenía la guía— no había balanza. Aclaró además que la guía tenía plena validez legal, ya que había sido emitida de forma regular.
Los policías, en un tono prepotente según relataron los testigos, dijeron que debían demorarlos, retener el cargamento y escoltarlos hacia la comisaría de Machagai. Durante el trayecto, el vehículo —que días antes había sufrido un accidente— comenzó a levantar temperatura. Brian, preocupado, les dijo a los policías que necesitaba detenerse al costado de la ruta y que iba a recibir auxilio. Los agentes accedieron, pero le advirtieron que tendría que “arreglar” la situación directamente con el comisario.
A los diez minutos llegó el padre de Brian, Daniel Vergara, quien se convirtió luego en la principal víctima del hecho. Mientras revisaban el vehículo, apareció otra camioneta policial con siete agentes a bordo, entre ellos el comisario Daniel Báez, el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo. Al llegar, uno de ellos preguntó en tono de amenaza: “¡¿Así que ustedes se van a hacer los vivos?!”.
Gas y golpiza
Intentaron esposarlos de manera arbitraria. Si bien en la causa la defensa de los uniformados incorporó una denuncia por una supuesta resistencia a la autoridad, lo cierto es que los policías imputados, al ser consultados por la fiscalía, solicitaron hacer uso de su derecho constitucional de no declarar.
En medio de esa situación, Daniel intentó explicar lo que ocurría. Sin embargo, terminó siendo arrojado al suelo. Los comerciantes y sus ayudantes (siete personas en total) fueron tirados al piso en fila, donde además se les roció gas pimienta lo que a una de las víctimas le provocó una lesión en los ojos.
La golpiza posterior fue brutal. Incluyó golpes con la culata de la escopeta en la cabeza, puñetazos en la cara y patadas en las costillas. La agresión le causó a Daniel una fractura en la muñeca de la mano izquierda, por la cual debió ser operado, quedando con una incapacidad permanente. Permanecieron aproximadamente media hora en el suelo, recibiendo golpes e insultos por parte de los efectivos.
Cerca de la una de la madrugada fueron trasladados a la comisaría de Machagai y encerrados en una celda. Daniel pidió que le quitaran las esposas debido a la inflamación y el dolor insoportable en la mano. Recién cerca de las cinco de la mañana, el comisario Báez comenzó a llamarlos uno por uno y, según el relato de las víctimas, aseguró que los iban a dejar en libertad a cambio de que no denuncien el accionar policial. El pedido fue más una amenaza que una invitación: “El pueblo es chico y nos podemos encontrar por ahí”.
La fiscal adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, elevó la causa a juicio al considerar acreditados los apremios ilegales. “No hay dudas respecto de la responsabilidad que le cabe a los imputados en la producción del evento criminoso (…) por lo que cabe concluir que deberán responder en juicio por su accionar delictivo”, añadió la fiscal.
Las imputaciones contra los policías son graves. Para el comisario Báez y el subcomisario Luis Fernández la imputación es de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas, como autor y coautor, según el caso. Mientras que el sargento ayudante Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobo también están imputados por apremios ilegales agravados por violencia, en calidad de autores.
