La víctima fue captada en Corrientes a los 14 años y trasladada a Rosario en 2003. Le habían prometido que iría a estudiar, pero eso nunca pasó. Hizo múltiples tareas domésticas sin remuneración durante 22 años. Hasta octubre pasado, cuando la vivienda fue allanada, la imputada controlaba a la mujer desde Los Angeles (EEUU) a través de 16 cámaras de seguridad y directivas a través de un teléfono celular.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Una mujer rosarina que reside en Los Ángeles fue imputada por haber mantenido durante 22 años en estado de servidumbre a una joven captada en Corrientes a los 14 años y obligada a realizar tareas domésticas sin salario en una vivienda de barrio Martin de Rosario. La acusación quedó formalizada en una audiencia por videoconferencia ante el juez de Garantías Román Lanzón, quien dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva mientras se sustancia la causa federal por trata de personas.
La intervención del Ministerio Público Fiscal ocurrió después de que el 2 de octubre pasado la Policía Federal rescatara a la víctima en una casa de Montevideo al 100, donde —según la investigación— había vivido desde 2003 sin acceso a la educación, sin remuneración y bajo control permanente. Actualmente tiene 37 años. La imputación fue presentada por la fiscal de la Unidad Fiscal Rosario, Adriana Saccone, y por las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, quienes sostuvieron que la acusada, identificada como E.S.S., “continuó la explotación y la garantizó” entre 2022 y 2025, período en el que tomó el control de la vivienda mediante 16 cámaras de seguridad y un teléfono celular para impartir órdenes desde Estados Unidos.
Las fiscales describieron un esquema de “ejecución continuada con una misma matriz de explotación que se extendió por 22 años”, y explicaron que, aunque la imputada no puede ser considerada responsable de todo el período, sí recae sobre ella la conducta penalmente relevante “de no hacer cesar el estado de servidumbre” cuando asumió la organización de la casa. El pedido de detención y extradición solicitado por el MPF fue rechazado por el juez, quien en cambio impuso por un año restricciones como fijación de domicilio, firma mensual en el consulado argentino más cercano, prohibición de contacto con la víctima y compromiso de no obstaculizar la investigación. También rechazó el sobreseimiento planteado por la defensa, a cargo del abogado Gustavo Feldman.
El origen del caso, detallaron las fiscales, se remonta a 2003 en Tres Bocas, Corrientes. La joven fue captada en un contexto de extrema vulnerabilidad tras la muerte de su padre. Su madre, con nueve hijos y sin posibilidad de sostener la crianza, aceptó una oferta realizada por una mujer cercana a la familia, identificada como D.M.G. —hoy fallecida—, quien prometió llevar a la adolescente a Rosario para “estudiar y tener una vida mejor”. Antes del traslado, la madre fue llevada a una escribanía donde firmó un acta notarial a pesar de no saber leer ni estar acompañada por personas de confianza. “Nunca supo qué fue lo que firmó”, explicaron las fiscales.
La adolescente llegó en colectivo a Rosario y fue recibida por J.E.G.S., madre de la actual imputada. Allí comenzó un régimen de tareas domésticas que incluyó limpieza, lavado, cocina, mantenimiento, administración de pagos, compras y asistencia personal. Según la acusación, esa situación se extendió sin interrupciones durante más de dos décadas, sin salario, sin acceso a servicios médicos, sin descansos y sin posibilidad de vínculos sociales. Informes de ARCA y ANSES confirmaron que la víctima no registra actividad económica ni aportes previsionales; tampoco posee cuenta bancaria o financiera.
El agravamiento del cuadro, sostuvieron las investigadoras, se produjo en 2022, cuando la madre de la imputada empezó a tener problemas de salud y E.S.S. asumió su cuidado desde Estados Unidos. “Subrogó el lugar de su madre y continuó la explotación”, señalaron. Para ello instaló cámaras en cada ambiente de la vivienda y mantuvo a la víctima bajo un esquema de supervisión remota. La acusación incluye el período comprendido entre julio de 2022 y octubre de 2025, fecha en que la situación se interrumpió tras el allanamiento realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal, con la intervención del Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos provincial.
La víctima fue representada en la audiencia por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi, y acompañada por la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio. La evidencia incorporada incluye testimonios de vecinos, peritajes, informes oficiales, la declaración de la víctima en Cámara Gesell y relevamientos interdisciplinarios. “La evidencia es vasta y da cuenta de la existencia de una relación servil”, concluyeron las fiscales.
En cuanto a la situación de J.E.G.S., la madre de la imputada, la fiscalía aguarda informes médicos para determinar si está en condiciones de afrontar un proceso penal. El juez Lanzón, al cerrar la audiencia, señaló la “extrema gravedad” de los hechos y la presencia de “indicadores claros de explotación y vulnerabilidad” de acuerdo con estándares internacionales.
El expediente continúa en etapa de investigación, con medidas pendientes y bajo la vigilancia del sistema federal de protección a víctimas.
Publicado en Página/12
