El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó en el Congreso de la Nación el “Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación”.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
A principios de este mes se presentó un anteproyecto alternativo para la reforma integral del Código Penal, impulsado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y presentado por el diputado nacional Fernando Carbajal. La iniciativa busca reorientar el debate abierto por el Poder Ejecutivo en las últimas semanas, proponiendo una base de discusión construida sobre consensos técnicos y sociales.
Los impulsores de la propuesta subrayan que el desafío de sancionar un nuevo Código Penal no es meramente normativo, sino que requiere una construcción de acuerdos que garantice una ley duradera, con aspiración de vigencia por décadas. Critican la historia de reformas fallidas y abogan por superar los discursos de coyuntura para enfocarse en cimientos sólidos.
La diferencia fundamental con la iniciativa oficial, según el INECIP, radica en la metodología y legitimidad de origen. Este anteproyecto, originalmente elaborado en 2007, es presentado como una obra jurídica de calidad técnica, fruto del trabajo ad honorem de una comisión de expertos. Se destaca, sobre todo, el amplio proceso de debate y consulta pública al que fue sometido, involucrando a más de 20 universidades nacionales, operadores judiciales y decenas de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos.
En contraste, señalan que la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional careció de este tipo de discusión previa, lo que consideran que socava la legitimidad de una reforma de tal magnitud. Argumentan que un cambio tan profundo, que compromete diversos intereses, no puede ser producto exclusivo de un grupo reducido.
Desde el INECIP advierten que el proyecto oficial corre el riesgo de caer en un “mero punitivismo demagogo”. Critican que su enfoque, centrado en el endurecimiento generalizado de penas, la imprescriptibilidad por gravedad y la ampliación de la legítima defensa, ha demostrado ser ineficaz para reducir la criminalidad. Además, alertan que agravar las condenas elevaría la tasa de encarcelamiento en un sistema penitenciario que ya se encuentra en estado de colapso.
La presentación de este texto alternativo, que requerirá una actualización por su antigüedad, especialmente en la parte especial, pretende ofrecer al Congreso una base de discusión con solidez técnica y legitimidad social. El INECIP reitera la necesidad de un debate plural que incluya activamente a la academia, los operadores judiciales y, fundamentalmente, a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de víctimas.
Finalmente, hacen un llamado a no reducir el debate a eslóganes como “el que las hace las paga”, que, a su juicio, evitan discutir los problemas de fondo: la falta de eficiencia, la desproporcionalidad y la crisis estructural del sistema penal. Exhortan al Poder Ejecutivo y al Legislativo a generar un debate con honestidad intelectual, evitando recurrir al miedo social para impulsar soluciones que, aseguran, han sido probadas como ineficaces en múltiples oportunidades.
