El jefe de la Policía del Chaco premió al comisario Daniel Melchiori con un fusil FAL meses antes de que acumulara graves denuncias por apremios ilegales, golpizas y amenazas. Hoy enfrenta una nueva causa penal por agredir y amenazar de muerte a un subalterno. Advertencias previas sobre su conducta fueron ignoradas por la cúpula policial.
Lunes, 8 de diciembre de 2025
Antes de protagonizar el violento operativo contra médicos solidarios de Córdoba y de acumular denuncias por apremios ilegales, golpizas y amenazas contra vecinos y subalternos, el comisario Daniel Melchiori había sido distinguido públicamente por la cúpula policial chaqueña.
El 14 de febrero de 2024, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, viajó hasta Taco Pozo para entregarle un fusil FAL, un arma de guerra de alto poder de fuego, como reconocimiento a su presunto “trabajo contra el delito”.
La ceremonia —difundida por la prensa oficial— celebraba la supuesta desarticulación de una banda dedicada al robo y reventa de vehículos. Según aquel comunicado, Melchiori y su personal habían secuestrado 21 motocicletas y 3 automóviles. Además del fusil para el comisario, se entregaron armas, indumentaria y equipamiento para la comisaría.
El FAL (fusil automático ligero), es un arma de uso militar, defendido históricamente por la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) por su fiabilidad y su poder de fuego. Aquella entrega, presentada como un premio, hoy aparece bajo otra luz: la de un oficial que, lejos de destacarse por su desempeño, acumuló en los meses siguientes un prontuario alarmante de violencia, arbitrariedad y abuso de autoridad.
“Te voy a cagar matando”
De su largo historial de causas penales, la última se conoció este lunes. Melchiori está acusado de haber golpeado y amenazado de muerte a un subalterno. El hecho ocurrió la madrugada del 21 de mayo y fue denunciado por el agente Juan Gregorio Santillán. El fiscal Gustavo Valero citó al comisario para declarar como imputado el 20 de febrero.
Según la denuncia, Melchiori interceptó al policía en la vía pública, lo insultó, lo golpeó y lo acusó —sin pruebas— de robar armas y hojas de coca. También amenazó a su pareja, una agente de la misma dependencia. “Te voy a cagar matando a vos y a tu señora”, habría gritado el comisario, aparentemente bajo los efectos del alcohol.
El episodio fue presenciado por otros policías y por dos religiosas que viven frente a la comisaría. Santillán aportó videos, audios, informes médicos y pidió que se incorporen cámaras de seguridad donde se vería a Melchiori conduciendo una camioneta secuestrada por la Justicia Federal y cuyo uso no estaría autorizado.
El agente expresó temor por su vida y fue trasladado a otra división tras el incidente, decisión que también notificó a la Fiscalía.
Un historial cada vez más grave
La nueva causa se suma a un prontuario en crecimiento. En septiembre, Melchiori fue imputado por apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica tras el operativo del 17 de agosto contra médicos solidarios de la asociación cordobesa Todo por Todos.
Ese día, agredió al chofer Exequiel Margonari golpeándolo a través de la ventanilla de una camioneta. Luego ordenó la detención sin causa de la médica María Candelaria García Nebbia, quien permaneció privada de su libertad durante una hora. La Justicia comprobó que el comisario mintió al afirmar que había consultado a la jueza de Paz antes de liberarlos. Melchiori y el resto de los policías involucrados se abstuvieron de declarar.
En paralelo, el juez Rodolfo Lineras dictó un hábeas corpus que prohibió al comisario ejercer funciones en todo El Impenetrable y dispuso medidas de protección para el equipo médico.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco venía alertando desde hacía más de un año sobre múltiples denuncias contra Melchiori. Sin embargo, esas advertencias fueron sistemáticamente desatendidas por el jefe de la Policía, Fernando Romero, el mismo que meses antes lo había premiado con un arma de guerra para que proteja “la vida y el patrimonio de los ciudadanos de Taco Pozo”.
En noviembre de 2024, el juez Carlos Augusto de Césare hizo lugar a un hábeas corpus colectivo del Comité y ordenó que Melchiori y sus subordinados ajustaran su accionar a la ley tras diversas denuncias del intendente de Taco Pozo, Carlos Ibañez, quien describió “procedimientos irregulares”, “prepotencia” y “uso abusivo de la fuerza”.
Aun así, los hechos continuaron. En febrero, el Comité recibió dos nuevas denuncias: el 12 de febrero, por la detención y golpiza a un niño de 13 años y el 13 de febrero, por la detención y agresión a su hermano de 29 años, quien no pudo acceder a un examen médico porque el profesional del hospital se negó a atenderlo.
Tras estas situaciones, la fiscal de Derechos Humanos, Silvia Slusar, inició actuaciones judiciales y exigió intervención en el hospital local.
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