A cinco meses de su detención, el entorno de Daniel Vera sostiene que la causa avanza con una celeridad inusual, con múltiples rechazos a pedidos de excarcelación. Anticipan que el jubilado podría enfrentar una condena y cumplir pena en prisión. Sostuvieron que el expediente de Vera reproduce un patrón que consideran parte de un “sistema represivo” orientado a sancionar expresiones críticas hacia el gobierno nacional y a silenciar posicionamientos en favor del pueblo palestino.
Viernes, 5 de diciembre de 2025
El pasado 2 de diciembre se cumplieron cinco meses desde la detención de Daniel Vera, el jubilado chaqueño investigado por presuntas amenazas por redes sociales contra el presidente Javier Milei y otras figuras públicas. Desde su entorno sostienen que el proceso judicial avanzó con una velocidad inusual y que todo indica que el caso llegará a juicio el próximo año.
Para evitar complicar aún más la situación procesal de Vera, personas cercanas dialogaron con LITIGIO en representación de él. Recordaron que el jubilado permanece detenido desde julio, aunque cumple la prisión preventiva en su domicilio y no en una unidad penitenciaria, como se había planteado inicialmente. Aseguran que, en los primeros días tras el allanamiento, la justicia resolvió la audiencia indagatoria, el dictado de la prisión preventiva y el procesamiento en plazos considerados “récord” incluso en comparación con otras causas similares.
Según relataron, la defensa presentó tres pedidos de excarcelación que fueron rechazados, así como una solicitud de suspensión del juicio a prueba. Indicaron que el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Federal, Nicolás Czizik, les anticipó que no acompañaría una eventual probation, lo que reforzaría la presunción de que la causa será llevada a juicio oral. También señalaron que, por información extraoficial, esperan que el proceso termine en una condena y que existe la posibilidad de que Vera deba cumplir pena en prisión. “Todo apunta a que la condena será de cárcel”, alertaron.
Los allegados compararon el caso con antecedentes recientes, como el de Cristian Díaz, un trabajador metalúrgico detenido en 2023 por publicaciones en redes sociales relacionadas con el conflicto en Palestina, quien pasó nueve meses en prisión preventiva y falleció meses después de recuperar la libertad. Sostuvieron que el expediente de Vera reproduce un patrón que consideran parte de un “sistema represivo” orientado a sancionar expresiones críticas hacia el gobierno y a silenciar posicionamientos en favor del pueblo palestino.
También afirmaron que, entre las evidencias reunidas por la fiscalía, figuran tres publicaciones interpretadas como amenazas y catorce vinculadas a críticas contra el accionar del gobierno israelí en Gaza. Desde el entorno del jubilado expresaron preocupación por el rumbo de la causa y por el impacto de recientes políticas de seguridad nacionales, que —señalaron— contribuirían a un escenario más restrictivo para la protesta y la expresión pública.
Finalmente, manifestaron que aguardan que el tribunal que deberá juzgar a Vera actúe con independencia y que la causa pueda resolverse con criterios de equidad. Mientras tanto, el acusado continuará en prisión domiciliaria y su situación procesal no tendrá novedades hasta después de la feria judicial.
Ariel Lijo y la “ciberprevención”
Vera fue detenido el 2 de julio en su vivienda de Resistencia durante un operativo encabezado por la Sección de Relevamiento en Investigaciones Complejas, dependiente de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía porteña. La orden había sido emitida por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, tras una investigación iniciada a partir de tareas de “ciberprevención”. Días después, el jubilado quedó procesado por los delitos de amenazas anónimas e incitación al odio.
Durante el procedimiento secuestraron cinco armas de aire comprimido, cuchillos, dos computadoras, discos externos y pendrives. También participaron agentes de la Policía Caminera del Chaco, que revisaron doce motocicletas que Vera tenía en su garaje, pese a no contar con orden judicial para hacerlo. Todas se encontraban en regla.
La causa se abrió en febrero, a partir de publicaciones que habría realizado en un grupo de Facebook ligado a la causa palestina. Bajo el usuario “Elpidio Sánchez”, habría compartido imágenes donde se mostraba al presidente Milei, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al diputado José Luis Espert y a los periodistas Luis Majul, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann con un punto rojo en la frente.
En ese mismo contexto, se le atribuye la frase “como a ratas hay que cazarlos y eliminarlos”, que acompañaba el enlace a un video sobre soldados israelíes acusados de crímenes de guerra en el exterior. Esa publicación se dio en paralelo a una serie de posteos en los que denunciaba el genocidio en Gaza.
Luego de su detención, Vera fue alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin cama, colchón, elementos básicos ni acceso adecuado a sanitarios. No contaba con defensa y desconocía los cargos que pesaban sobre él. Ante esas condiciones, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza federal Zunilda Niremperger, quien ordenó garantizar condiciones mínimas de detención, acceso a atención médica por su hipertensión, comunicación irrestricta con su defensa y evitar cualquier exposición pública indebida.
Cumplidas esas medidas y luego de ser indagado —instancia en la que se dictó su prisión preventiva en un lapso considerado extraordinariamente veloz—, el jubilado fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el centro de Resistencia. Allí tuvo un cuadro más adecuado: recibió atención médica, su medicación, pudo dormir en una cama y recibir visitas. Aunque se libró una orden de traslado a una cárcel federal, nunca se concretó.
Tras casi diez días detenido, el 11 de julio regresó a su casa, donde permanece bajo prisión domiciliaria. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones porteña confirmó el rechazo al pedido de excarcelación, pero habilitó que continúe el proceso en su domicilio. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia impusieron además restricciones adicionales: prohibición de salir del país, retención del pasaporte y un sistema de monitoreo permanente.
Desde entonces, solo puede salir ante emergencias o cuestiones de salud. En paralelo, la causa sumó como querellante al periodista Eduardo Feinmann.
El abogado defensor, Ignacio Funes Peralta, cuestionó la imputación al considerar que carece de sustento: afirma que se trata únicamente de publicaciones en redes sociales que no estuvieron dirigidas a las personas que habrían sido amenazadas, y que, en su criterio, los hechos no configuran un delito.
