El organismo de contralor cuestionó la resolución del Ministerio de Salud chaqueño que habilitó a enfermeros a solicitar diagnósticos de dengue, al considerar que carecía de fundamentación suficiente y de límites temporales y territoriales. Aunque pidió su revisión y señaló deficiencias técnicas y legales, no halló perjuicio a la hacienda pública ni violaciones éticas. Por eso archivó la denuncia presentada contra el ministro Sergio Rodríguez, pero dejó asentadas sus críticas al alcance de la medida sanitaria.
Martes, 2 de diciembre de 2025
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) del Chaco finalizó su intervención en la denuncia presentada por nueve diputados provinciales del Frente Chaqueño contra el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, a raíz de la Resolución 938/2025, que habilitaba a enfermeros profesionales y licenciados en Enfermería a requerir diagnósticos de dengue en servicios dependientes de la cartera sanitaria. Si bien el dictamen no detectó irregularidades que implicaran un perjuicio económico ni violaciones a la ley de ética pública, realizó marcadas observaciones técnicas y jurídicas sobre la medida y recomendó su revisión.
La denuncia fue presentada por Paola Benítez, Nicolás Slimel, Santiago Pérez Pons, María Chiacchio Cavana, Mariela Quirós, Analía Flores, Rubén Guillón, Tere Cubells y Rodrigo Ocampo. La misma sostenía que la resolución, firmada el 28 de abril de 2025, incurría en abuso de autoridad e incumplimiento de deberes al contradecir normas nacionales y provinciales que regulan el ejercicio de la medicina y la enfermería. Según los legisladores, la disposición carecía de una fundamentación sólida, atribuía responsabilidades que excedían las competencias legales del personal de enfermería y generaba potenciales riesgos para pacientes y trabajadores de la salud.
El Ministerio de Salud defendió la medida argumentando la necesidad de contar con profesionales capacitados en lugares donde no hubiera médicos disponibles, especialmente en el contexto epidemiológico posterior a la emergencia sanitaria y ante las dificultades para cubrir puestos en zonas críticas como el Impenetrable, Taco Pozo y Chorotis.
Tras revisar el marco normativo, la FIA elaboró un dictamen en el que advirtió que, aunque el Ministerio tenía facultades para dictar la resolución, la normativa presentaba deficiencias importantes. “Se observa que la resolución 938/25 no tiene suficiente motivación de hecho ni de derecho. En tanto que sus considerandos no dan cuenta de manera precisa de las circunstancias excepcionales que justifican la medida dispuesta o especiales condiciones de trabajo y emergencia que la motivaron, tal como lo requiere la Ley Provincial 2175-G”, indicó el organismo. También observó que, pese a que la cartera sanitaria aseguró que se trataba de una disposición temporal, la resolución no fijaba ningún plazo de vigencia.
Además, su alcance era excesivamente amplio, ya que autorizaba a los enfermeros a requerir diagnósticos en todos los servicios dependientes del Ministerio, sin circunscribir la medida a las zonas con carencia de médicos. Otro punto señalado fue la falta de intervención de áreas técnicas relevantes, como la Dirección de Fiscalización Sanitaria o el Consejo de Sanidad, creados para evaluar este tipo de decisiones.
En su resolución, fechada el pasado 30 de octubre, el fiscal General, Gustavo Leguizamón, recomendó al Ministerio de Salud revisar la medida teniendo en cuenta estas observaciones, incorporar la participación de la Dirección de Fiscalización Sanitaria y consultar al Consejo de Sanidad para fortalecer el sustento técnico y legal de cualquier disposición similar.
No obstante, al no encontrar perjuicio comprobable al erario ni una infracción clara a la ética pública por parte del ministro Rodríguez, el organismo resolvió archivar la denuncia. La decisión dejó asentadas las objeciones técnicas y jurídicas a la resolución, pero sin avanzar en sanciones administrativas.
