La causa por presuntos pedidos de “retornos” en el InSSSeP volvió a frenarse y recién seguirá en febrero de 2026. El proceso involucra al vocal pasivo Raúl Canteros, acusado de exigir parte del salario de su sobrino para financiar militancia de la UCR. La fiscalía pidió la nueva suspensión por superposición de causas urgentes. La acusación incluye chats, audios y transferencias que respaldan el esquema denunciado.
Jueves, 27 de noviembre de 2025
El Juzgado de Garantías 1 de Resistencia reprogramó por segunda vez la audiencia de oposición previa al juicio oral contra Raúl Canteros, vocal pasivo del Directorio del InSSSeP, acusado de exigir aportes económicos a su sobrino, contratado del organismo, para financiar actividades políticas de la UCR. El proceso continuará en febrero de 2026, al regreso de la feria judicial.
Las audiencias de oposición previa al juicio oral por presuntos pedidos de retornos en el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), que debía realizarse el pasado 5 de noviembre, sufrió su segunda suspensión. Según pudo saber LITIGIO, en esta oportunidad, fue la fiscalía penal quien la solicitó debido a que se encontraban con otros procesos urgentes que tenía pendientes. El Juzgado de Garantías 1 de Resistencia hizo lugar al pedido y resolvió reprogramar la audiencia para el 24 de febrero próximo, al regreso de la feria judicial.
Esta no es la primera vez que se suspende esta etapa del proceso. En septiembre, los abogados defensores Gastón Chapo y Marco Molero, habían solicitado una nueva fecha debido a la superposición con otra audiencia en la que también intervienen como representantes.
Cabe recordar que la fiscal Ingrid Wenner, titular del Equipo Fiscal 1, acusó a Canteros de concusión doblemente agravada en dos hechos, en concurso real, por supuestamente haber exigido y recibido $600.000 de su sobrino, Rodrigo Vallejos, designado como personal de gabinete en el organismo.
Según la denuncia, Canteros le habría ofrecido el cargo con un salario de alrededor de $550.000, de los cuales Vallejos se quedaría con $200.000 y el resto debía ser entregado para colaborar con los militantes de la UCR de Fontana que no habían obtenido contratos. Los pagos se habrían concretado mediante dos transferencias bancarias, una en enero y otra en marzo de 2024.
Cuando Vallejos se negó a seguir realizando aportes, Canteros solicitó su baja y designó en su lugar a su hijo. La acusación cuenta con capturas de WhatsApp entre tío y sobrino que respaldan la exigencia de los pagos y varios audios, así como testimonios de personas que confirmaron reuniones en las que se discutió el reparto del salario del contrato de gabinete.
“Mirá, Rodrigo”, le respondió Cantero en uno de los chats entregados a la justicia. “Me parece que vos no entendiste lo que hablamos. Yo en total reparto la plata entre los que quedaron sin contrato y justamente conseguí 4 (contratos de) gabinetes para repartir entre todos. No sé quien te dijo que los otros no ponen nada. Si no querés poner, mañana te devuelvo y listo. Pero vos no me podés venir con estas boludeces (…) para eso te pregunté bien”, le recordó.
“Yo hago política y mientras vos estás en las sombras, los otros todos los días caminan conmigo en el sol repartiendo volantes a las 17 horas en Fontana y abriendo el comité todos los días, de 8 a 22. Yo por confianza te di a vos cuando podía darle a otro. Por lo visto no entendiste. Pasame tu CBU y te devuelvo la plata”, añadió el comisario retirado. El dinero, claro está, no fue devuelto.
Ante la fiscal, el excomisario reconoció que le pidió parte del sueldo que su sobrino cobraba a través del contrato que él mismo le consiguió en la obra social estatal. Y que esto lo hacía para repartirlo entre militantes de Fontana. Canteros no consideró que había nada malo en eso. De hecho, para él, fue casi un acto de filantropía.
“Mi sobrino se comprometió a depositar en mi cuenta personal, para que yo fuera el que reparta y no tenga problema a fin de mes. Yo accedí a eso, al pedido, más que nada por la función social del dinero”, confesó.
La causa contra Canteros quedaría lista para ser elevada a juicio oral luego de la audiencia de oposición en noviembre, instancia en la que la defensa podrá volver a cuestionar la acusación. De ser hallado culpable, el excomisario podría enfrentar una pena de entre uno y seis años de prisión.
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