En su exposición ante la Comisión Bicameral, el abogado chaqueño Julio César García, postulante para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, propuso una profunda reforma del organismo al que cuestionó su falta de federalismo. Además, se refirió a la situación de los pueblos indígenas en general y los del Chaco en particular.
Viernes, 31 de octubre de 2025
El abogado chaqueño que se postula al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, Julio César García, expuso esta semana ante la Comisión Bicameral del Congreso sus principales propuestas para ser elegido para ese organismo constitucional que quedó vacante tras la conclusión del mandato de Eduardo Mondino, justamente quién impulsó una medida cautelar ante la Corte Suprema para que se garantice la asistencia a las comunidades indígenas de la provincia del Chaco.
Al ser consultado por el diputado Germán Martínez, de Unión por la Patria, sobre la situación de los pueblos indígenas en la Argentina, García advirtió que “en primer lugar hay que decir que se han desmantelado todos los resguardos legislativos que tenían los pueblos indígenas en la Argentina, ha habido un retroceso grave incluso de las políticas de derechos humanos con respecto a los pueblos indígenas”.
En segundo lugar, precisó que dentro de sus propuestas se incluye fortalecer el área de litigios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. “Hay que fortalecerla, pero no sólo para litigar, sino que esa herramienta sirva para generar lo que nosotros hemos denominado en muchos conflictos con mucha violencia, con mucha hostilidad, con poca escucha, plataformas de consenso, generar ámbitos de diálogo y búsqueda de soluciones entre los distintos actores”, describió.
A la par, describió que lo otro es “cumplir los convenios internacionales de derechos humanos que ha firmado Argentina con respecto a pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, la declaración americana sobre pueblos indígenas, la declaración universal sobre pueblos indígenas, creo que hay una obligación de hacer por la Convención de Viena, Argentina lo que firma está obligado a cumplimentar en materia de convenios internacionales. Así que en esa línea y no desistiendo del litigio, no desistiendo de la herramienta jurídica, pero siempre como última ratio, abonar una estrategia en ese sentido”.
Los pueblos indígenas en el Chaco: “Nos quedamos sin sujeto legitimado”
Ante una consulta de la diputada Lilia Lemoine sobre la relación entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dependiente del gobierno nacional, García mencionó la situación de las comunidades indígenas de la provincia del Chaco para las cuales la Corte Suprema de Justicia del Chaco dictó una medida cautelar ante una presentación del entonces defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, pero cuya causa no cuenta ahora con un sujeto legitimado para reclamar por el incumplimiento del fallo.
“La medida cautelar quedó en ejecución por parte de los jueces federales de Sáenz Peña y un juez Civil de Resistencia. El escenario es el diálogo, el escenario es que bajen los funcionarios, se estaba incumpliendo la medida, se está incumpliendo la medida ahora”, reveló el abogado.
Al respecto, recalcó que “uno de los problemas que tenemos es que nos quedamos sin el sujeto legitimado en el proceso, sin el sujeto que puede demandar, que es el defensor del pueblo. La causa es defensor del pueblo de la Nación contra Estado Nacionaly la provincia del Chaco. Nos quedamos sin el sujeto legitimado que es el defensor del pueblo”.
“Por lo tanto, el Estado incumple la medida o la incumple parcialmente. Eso implica generar algunos escenarios donde los funcionarios nacionales deberían estar. Hay que ponerle el cuerpo al conflicto y creo que el defensor del Pueblo (Eduardo) Mondino en aquel entonces le puso el cuerpo, puso un equipo en el territorio, un equipo espectacular de relevamiento, puso un equipo para inmediatizar o involucrarse en el proceso. Hoy eso no está, pero no sólo del defensor del pueblo, de nadie. ¿Y sabe qué pasa? 89 heridos indígenas hubo en la represión policial, no puede ser la agencia policial la última ratio en los conflictos sociales, en los conflictos que tienen que ver con el cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales”, concluyó García.
Por una Defensoría del Pueblo menos burocrática y más federal
El candidato chaqueño destacó que la Defensoría, tal como fue concebida en la reforma constitucional de 1994, es una instancia política y un canal legítimo de democratización. Sin embargo, señaló que hoy sufre de dos males principales: una burocracia centralizada y la falta de un verdadero despliegue federal. “Un abogado en Jujuy que a veces atiende y a veces no atiende, no es despliegue territorial”, afirmó con crudeza, para ilustrar la desconexión con el interior del país.
Uno de los ejes centrales de su propuesta fue la autonomía financiera como pilar de la independencia del organismo. García reveló que, según su análisis, el 93% del presupuesto actual se destina a sueldos y gastos de estructura, pero no al servicio directo al ciudadano. “El resto se va en alquileres, en gastos de servicios, en la estructura misma, pero no en el servicio al ciudadano y la ciudadana”, sostuvo, y llamó a los legisladores a revisar esta asignación presupuestaria.
Basándose en encuestas realizadas con su equipo, el postulante alertó sobre el desconocimiento generalizado de las funciones de la Defensoría. “La mayoría de la gente no tiene la más mínima idea qué es el defensor o qué es la defensoría del pueblo”, afirmó. Para quienes logran contactar, la experiencia no es mejor: “ocupan un 0800 y no siempre lo llaman, no siempre le contestan, o si le contestan queda para la estadística pero no hay una respuesta clara”.
Para revertir esta situación, García propuso ampliar las facultades del Defensor, hoy restringidas por una ley anterior a la propia Constitución que la creó. Planteó la necesidad de incluir temas de seguridad y defensa en su órbita, no para discutir políticas públicas, sino para proteger, por ejemplo, a los cadetes de las fuerzas ante situaciones de hostigamiento. Asimismo, abogó por la creación de un “Consejo Federal de Defensores del Pueblo” y de un área específica para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
