La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco resolvió archivar la denuncia presentada por legisladores provinciales del Frente Chaqueño contra el ministro de Salud provincial, Sergio Rodríguez, quien fue acusado de realizar contrataciones directas por más de 1.600 millones de pesos durante la emergencia sanitaria. La investigación examinó tres decretos que declararon y extendieron el estado de emergencia. La Fiscalía concluyó que las compras estaban respaldadas por normativa vigente y ratificadas por ley.
Miércoles, 29 de octubre de 2025
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de la Provincia del Chaco emitió la Resolución N° 3044/25, mediante la cual declaró concluida y archivó la investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por un grupo de diputados provinciales. Los legisladores habían señalado presuntas irregularidades en contrataciones directas del Ministerio de Salud Pública por montos superiores a los 1.600 millones de pesos, realizadas bajo el amparo de decretos de emergencia sanitaria.
La denuncia, impulsada por legisladores del Frente Chaqueño, cuestionaba la validez jurídica de tres decretos que declararon y extendieron la emergencia sanitaria y epidemiológica.
Según los denunciantes, existieron inconsistencias en el encuadre legal de las contrataciones. El Decreto 163/2023, dictado por la emergencia de dengue, chikunguña y zika, fue inicialmente encuadrado de forma errónea bajo un artículo de la Ley N° 1092-A que refiere a la adquisición de obras artísticas o científicas.
Posteriormente, el Decreto 81/2024 subsanó el error y reencuadró la medida en el inciso correspondiente a casos fortuitos o de fuerza mayor, ampliando además la emergencia por un año. Finalmente, el Decreto 315/2024 declaró nuevamente la emergencia sanitaria del sistema público provincial de salud por seis meses, ratificando de manera retroactiva las compras directas realizadas.
Durante la investigación, la FIA incorporó dictámenes previos de la Fiscalía de Estado que habían advertido sobre la necesidad de restringir las contrataciones a insumos directamente vinculados con la emergencia epidemiológica. No obstante, el elemento determinante fue que el Decreto 315/24 —que buscaba normalizar la provisión de medicamentos e insumos— fue posteriormente ratificado por la Legislatura a través de la Ley N° 4004-A, sancionada el 29 de abril de 2024 y publicada el 10 de mayo del mismo año.
Ante esta ratificación legislativa, el fiscal general de Investigaciones Administrativas, Gustavo Leguizamón, concluyó que las contrataciones contaban con respaldo legal y que no existían elementos que acreditaran irregularidades o perjuicio económico al Estado.
“Corresponde dar por concluida la investigación y proceder al archivo por no hallarse comprobada la responsabilidad de parte de funcionario o empleado alguno, ni se ha detectado comisión de hecho ilícito ni falta administrativa, que hubieren causado algún perjuicio al erario público”, resolvió Leguizamón.
