La iniciativa parlamentaria pretende declarar de utilidad pública e interés social el “campo Rossi”, propiedad del dirigente piquetero, Emerenciano Sena, imputado por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski. El gobierno de Leandro Zdero busca destinar el lugar de casi 28 hectáreas para construir “centros de reinserción social, capacitación laboral y recuperación de adicciones”. De sancionarse la ley, el Estado deberá pagarle en efectivo al líder piquetero el valor del terreno.
Martes, 28 de octubre de 2025
El gobierno provincial, a través del secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, y del subsecretario de Legal y Técnica, Julio Ferro, presentó el lunes a la Cámara de Diputados del Chaco el proyecto de ley que declara de utilidad pública e interés social, y sujetos a expropiación, los inmuebles identificados con las matrículas 4824 y 4825 del Departamento Libertad. Se trata del “campo Rossi”, un terreno de casi 28 hectáreas donde funcionaba la denominada “chanchería” de la familia Sena, actualmente bajo custodia judicial en el marco de la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto 2331/25, el predio, propiedad de Emerenciano Sena, será destinado a la ejecución de políticas públicas orientadas a la inclusión y reinserción social. Entre los usos previstos figuran la creación de “Centros Socioeducativos Juveniles, Centros de Detenidos para la Reinserción Social, Espacios de Capacitación y Experiencias Laborales y Centros para la Recuperación de Adicciones”, detalla la propuesta oficial.
El Ejecutivo argumenta que la iniciativa “beneficiará a toda la comunidad” al promover “oportunidades de desarrollo y rehabilitación esenciales para la cohesión social”. “La expropiación de inmuebles para estos fines es una acción que se justifica plenamente en virtud del interés general, garantizando que los recursos del Estado sean utilizados para el bienestar de la comunidad”, señala la nota remitida a la Legislatura.
“Con esta iniciativa, se busca reflejar el interés público y el sentir de la sociedad chaqueña, promoviendo la creación de estos centros, que no solo representa un avance hacia una mayor equidad social, sino que también enviará un mensaje claro de que la provincia del Chaco está comprometida con la justicia, la lucha contra el delito y la dignidad de todos sus habitantes”, remarcó el gobierno. Y añadió que los gastos que demande la expropiación “serán imputadas al Presupuesto General de la Provincia”.
Uso político
Cabe recordar que el 23 de octubre pasado, a tres días de las elecciones legislativas, Zdero instruyó a sus funcionarios a redactar un proyecto de ley que permita avanzar con la expropiación del campo Rossi, lugar recordado por ser el macabro depósito final de los restos de Cecilia.
“Instruí al equipo de gobierno a que se presente el proyecto de ley para expropiar la chanchería del clan Sena. Debemos ir reconvirtiendo en positivo todo lo que en otros tiempos fue el símbolo del peor costado de la historia chaqueña. Siempre en el marco de la ley y proyectando un destino útil para cada espacio”, tuiteó Zdero.
Si bien está claro que el anuncio tenía relación directa con las elecciones —donde la alianza entre radicales y libertarios se impuso por escaso margen al peronismo—, la decisión parece ser un tiro en el pie: no sólo se “premiará” a los Sena con la compra de un predio que pertenecía anteriormente a la provincia, sino que los principales perjudicados con esta movida serán los deudos de Cecilia.
La Constitución del Chaco, en su artículo 40, establece que “la expropiación, fundada en el interés social o por causa de utilidad pública, deberá ser calificada por ley y previamente indemnizada en efectivo”. Es decir que, para que la provincia recupere las tierras entregadas a los Sena, deberá en primer lugar lograr que se sancione en la Legislatura una ley de utilidad pública, tasar ese terreno a través de la Junta de Valuaciones y finalmente pagarle a la familia piquetera en efectivo su valor.
El secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, aclaró a Norte TV que el dinero que se abonará por la expropiación irá a una “cuenta judicial” con el objetivo de que, en caso de que la familia de Cecilia inicie un juicio civil contra los Sena, estén esos fondos disponible “sin que sufran depreciación monetaria”.
El problema aquí está en los montos previstos, los plazos y la posibilidad de judicialización por parte de los Sena. Históricamente, el Estado paga un menor valor por los inmuebles que expropia si se lo compara con una compraventa entre privados. La Ley 332-A, que regula las expropiaciones en la provincia del Chaco, da un indicio claro de esto al establecer que la indemnización “solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación”.
El texto aclara además que no se considerarán “circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse”, ni se pagará “lucro cesante”. También se deducirán impuestos, tasas y servicios adeudados sobre el inmueble.
En la práctica, esto implica que la familia de Cecilia tendría la posibilidad de hacerse de un patrimonio mucho menor al que obtendría en caso de perseguir una indemnización civil por el crimen, decisión que también está atada a lo que resulte del juicio penal que comienza el martes.
Está claro que nunca será igual hacerse de un dinero devaluado en una caja de ahorros que recibir un inmueble, el cual podría tener múltiples usos, incluido su venta. Hasta el momento, se desconoce si el gobierno dialogó con Gloria Romero, madre de la joven, o con otro familiar antes de avanzar con la medida.
Juicio de expropiación
Otro punto crítico es la posibilidad cierta de que los Sena no acepten la valuación establecida, lo que derivaría en un juicio de expropiación. Cuando se judicializa, el proceso se tramita por juicio sumario y se da traslado al demandado por quince días. Si surgen hechos controvertidos, se abre la causa a prueba y la Junta de Valuaciones emite su dictamen en un plazo de treinta días.
El juez puede otorgar posesión inmediata del bien al expropiante tras la consignación judicial del valor de la valuación. A su vez, la sentencia fijará la indemnización según el valor del bien al momento de la desposesión, con intereses sobre las diferencias, si corresponden. El artículo 32 aclara además que se podrán interponer todos los recursos admitidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Es decir que los Sena, en caso de no estar de acuerdo con el fallo, podrían apelar.
Así, la gestión de Zdero —que aprovechó políticamente el femicidio de la joven en las elecciones de 2023 y que continúa hasta el día de hoy explotándolo— iniciará un proceso que se presume largo y costoso. Además, esta acción que es presentada como “simbólica”, dejará en los hechos a los deudos de Cecilia con un menor patrimonio para exigir en caso de un eventual juicio civil. Todo esto, con el único fin de lograr algunos títulos rimbombantes en los portales de noticias y en las tapas de los diarios, a pocas horas de una elección difícil para el gobierno.
