A días de las elecciones, el gobernador Leandro Zdero anunció que iniciará el proceso de expropiación del campo Rossi, propiedad de la familia Sena y escenario del hallazgo de los restos de Cecilia Strzyzowski. La medida, presentada como un gesto político, podría terminar perjudicando a los deudos de Cecilia, al reducir el patrimonio disponible en caso de un eventual reclamo civil contra la familia piquetera.
Jueves, 23 de octubre de 2025
Por Bruno Martínez
El gobernador Leandro Zdero instruyó este jueves a sus funcionarios a redactar un proyecto de ley que permita avanzar con la expropiación del campo Rossi, propiedad de los dirigentes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski. Ese lugar, además de funcionar como un predio dedicado a la ganadería menor y a la producción de chacinados, es recordado por ser el macabro depósito final de los restos de Cecilia.
“Instruí al equipo de gobierno a que se presente el proyecto de ley para expropiar la chanchería del clan Sena. Debemos ir reconvirtiendo en positivo todo lo que en otros tiempos fue el símbolo del peor costado de la historia chaqueña. Siempre en el marco de la ley y proyectando un destino útil para cada espacio”, tuiteó Zdero.
Si bien está claro que el anuncio tiene relación directa con las elecciones que se desarrollarán el domingo —donde la alianza entre radicales y libertarios buscará imponerse al peronismo en las legislativas nacionales—, la decisión parece ser un tiro en el pie: no sólo se “premiará” a los Sena con la compra de un predio que pertenecía anteriormente a la provincia, sino que los principales perjudicados con esta movida serán los deudos de Cecilia.
La Constitución del Chaco, en su artículo 40, establece que “la expropiación, fundada en el interés social o por causa de utilidad pública, deberá ser calificada por ley y previamente indemnizada en efectivo”. Es decir que, para que la provincia recupere las tierras entregadas a los Sena, deberá en primer lugar lograr que se sancione en la Legislatura una ley de utilidad pública, tasar ese terreno a través de la Junta de Valuaciones y finalmente pagarle a la familia piquetera en efectivo su valor.
El secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, señaló a Norte TV que el predio estaría destinado, en principio, a la recuperación de personas con consumos problemáticos. Aclaró además que el dinero que se abonará por la expropiación irá a una “cuenta judicial” con el objetivo de que, en caso de que la familia de Cecilia inicie un juicio civil contra los Sena, estén esos fondos disponible “sin que sufran depreciación monetaria”.
El problema aquí está en los montos previstos, los plazos y la posibilidad de judicialización por parte de los Sena. Históricamente, el Estado paga un menor valor por los inmuebles que expropia si se lo compara con una compraventa entre privados. La Ley 332-A, que regula las expropiaciones en la provincia del Chaco, da un indicio claro de esto al establecer que la indemnización “solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación”.
El texto aclara además que no se considerarán “circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse”, ni se pagará “lucro cesante”. También se deducirán impuestos, tasas y servicios adeudados sobre el inmueble.
En la práctica, esto implica que la familia de Cecilia tendría la posibilidad de hacerse de un patrimonio mucho menor al que obtendría en caso de perseguir una indemnización civil por el crimen, decisión que también esta atada a lo que resulte del juicio penal que comienza el martes. Está claro que nunca será igual hacerse de un dinero devaluado en una caja de ahorros que recibir un inmueble, el cual podría tener múltiples usos, incluido su venta. Hasta el momento, se desconoce si el gobierno dialogó con Gloria Romero, madre de la joven, o con otro familiar antes de avanzar con la medida.
Otro punto crítico es la posibilidad cierta de que los Sena no acepten la valuación establecida, lo que derivaría en un juicio de expropiación. Cuando se judicializa, el proceso se tramita por juicio sumario y se da traslado al demandado por quince días. Si surgen hechos controvertidos, se abre la causa a prueba y la Junta de Valuaciones emite su dictamen en un plazo de treinta días.
El juez puede otorgar posesión inmediata del bien al expropiante tras la consignación judicial del valor de la valuación. A su vez, la sentencia fijará la indemnización según el valor del bien al momento de la desposesión, con intereses sobre las diferencias, si corresponden. El artículo 32 aclara además que se podrán interponer todos los recursos admitidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Es decir que los Sena, en caso de no estar de acuerdo con el fallo, podrían apelar.
Así, la gestión de Zdero —que aprovechó políticamente el femicidio de la joven en las elecciones de 2023 y que continúa hasta el día de hoy explotándolo— iniciará un proceso que se presume largo y costoso. Además, esta acción que es presentada como “simbólica”, dejará en los hechos a los deudos de Cecilia con un menor patrimonio para exigir en caso de un eventual juicio civil. Todo esto, con el único fin de lograr algunos títulos rimbombantes en los portales de noticias y en las tapas de los diarios, a pocas horas de una elección difícil para el gobierno.
La historia del campo
El predio conocido como Campo Rossi está ubicado en el límite entre Puerto Tirol y Tres Horquetas. Allí, donde la familia Sena instaló su chanchería, los investigadores sospechan que fue incinerado el cuerpo de Cecilia.
Este predio de poco más de 28 hectáreas figura desde marzo de 2015 a nombre de Emerenciano Sena. El título de propiedad fue otorgado durante la gestión de Jorge Capitanich, aunque ambos exgobernadores (Capitanich y Roy Nikisch), se atribuyen la responsabilidad sobre la entrega de las tierras, en un conflicto de versiones que remonta los antecedentes a 2004, cuando una cooperativa liderada por Sena solicitó terrenos para un proyecto productivo destinado a 30 familias.
Según documentos oficiales del Instituto de Colonización (hoy Instituto de Tierras Fiscales), durante 2005 se autorizó la “tenencia precaria” de la Parcela 38 a un grupo de pequeños productores representados por Sena, con controles previos a una adjudicación definitiva. Sena solicitó formalmente la adjudicación a título personal en 2006, volvió a requerirla en 2013 y finalmente recibió el título de propiedad en marzo de 2015. El informe oficial de 2023 confirma que se habían cumplido todas las obligaciones legales y que la propiedad, de poco más de 28 hectáreas, quedó registrada a nombre de Sena.
La investigación penal preparatoria realizada por el Equipo Fiscal Especial estableció que Cecilia fue asesinada en la vivienda familiar de los Sena y que su cuerpo fue trasladado a Campo Rossi, donde fue incinerado. Gustavo Obregón, colaborador de la familia y confeso encubridor, declaró que acompañó a César Sena, pareja de la joven, la tarde-noche del crimen y describió cómo se efectuó la incineración, relatando que trasladaron en la caja de una camioneta el cuerpo cubierto con una frazada, lo rociaron con nafta y luego le prendieron fuego.
