El Ministerio de Salud de la Nación deberá abrir una demanda colectiva para quienes necesiten interrumpir su embarazo y no puedan por falta de insumos.
Martes, 21 de octubre de 2025
La Cámara Federal de La Plata le ordenó al Ministerio de Salud de la Nación la apertura de una demanda colectiva para aquellas personas que no puedan acceder al aborto legal por falta de insumos.
Esta exigencia de la Cámara se logró a partir de una acción judicial de la asociación civil de abogadxs populares La Ciega, acompañada por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
La demanda busca resolver la falta, en el sistema público de salud, de dos drogas clave para practicar abortos seguros: misoprostol y mifepristona. Sin estos insumos, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito está siendo vulnerado y obstaculizado.
El Ministerio está obligado a difundir el litigio
El fallo trata de hacer valer la ley y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que debe ser garantizado por el Estado. En ese sentido, uno de sus aspectos más importantes es que obliga al Ministerio de Salud a difundir el litigio.
El organismo deberá publicar un banner en su página web oficial durante 30 días y un edicto en el Boletín Oficial. En ambas publicaciones deberá informar que toda persona con capacidad de gestar que haya querido acceder a una IVE/ILE y no lo haya logrado por falta de insumos puede presentarse en esta causa.
Al respecto, el CELS explica: «El tribunal rechazó la apelación del Ministerio y ratificó que la omisión en la compra y distribución de esos insumos afecta de manera homogénea a toda la población gestante del país. Por eso, reconoció a La Ciega como representante adecuada del colectivo y validó que este proceso sea tramitado como una acción de carácter colectivo, con efectos expansivos sobre todas las personas en esa situación».
El tribunal de la Cámara Federal de La Plata destacó que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad jurídica y la participación efectiva de la clase afectada.
«La decisión reafirma que los derechos sexuales y reproductivos, consagrados por la ley, deben ser garantizados con políticas públicas activas y con mecanismos efectivos de acceso a la justicia para quienes ven vulnerados sus derechos», concluye el CELS.
Publicado en El Resaltador
