La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia hizo lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad de la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirz contra el fallo que revocó la medida cautelar que ordenaba al gobierno libertario de Leandro Zdero asistir con agua y alimentos a las comunidades indígenas del pueblo Wichí. Por ese fallo de primera instancia, que aún no está firme, el gobernador pidió la cabeza del juez Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, Jorge Mladen Sinkovich.
Miércoles, 15 de octubre de 2025
A fines de septiembre pasado, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia decidió revocar la medida cautelar que obligaba al gobierno de Leandro Zdero a garantizar el suministro de agua potable y alimentos a unas 20 mil personas del pueblo Wichí de El Impenetrable. Como resultado de esta decisión, también se dejó sin efecto la multa de casi $86 millones por cada día de incumplimiento de la medida, dictada en marzo de este año por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, a partir de una presentación impulsada por la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz.
A pesar de que la medida judicial aún no quedó firme, el gobierno libertario de Leandro Zdero decidió pedir la cabeza del juez Sinkovich por el dictado de la sentencia a través de una presentación ante el Consejo de la Magistratura del Chaco con la firma de cuatro diputados que responden al gobernador aliado al presidente Javier Milei.
El juez Sinkovich también tiene a cargo el monitoreo del cumplimiento de la acción de amparo impulsada en 2008 por el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh) mediante la cual se ordenó garantizar los derechos de los pueblos indígenas del Chaco, reconocidos constitucionalmente.
La medida que ahora cuestiona el gobierno libertario fue impulsada por la defensora general adjunta y solicitaba asegurar la provisión continua y adecuada de agua y alimentos a comunidades del pueblo Wichí asentadas en diversas localidades y parajes, incluyendo Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, El Tartagal, y otros asentamientos en el departamento General Güemes. Todas habían quedado excluidas de una medida cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a instancias de una presentación del entonces defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
Ahora, las juezas Wilma Martínez y Eloisa Barreto de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial decidieron declarar admisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad de Gauna Wirz contra el fallo que revocó la asistencia para el pueblo Wichí, lo que implica que será el Superior Tribunal de Justicia del Chaco el que tendrá la última palabra sobre el asunto.
La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue firmada el 8 de octubre pasado, varios días antes de la salvaje represión policial contra una protesta de la comunidad Qom por la baja de pensiones por discapacidad y de asignaciones universales en la ciudad de Villa Río Bermejito.
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