Jorge Sinkovich, juez del Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, denunció una “persecución política” por parte del gobernador Leandro Zdero, la Fiscalía de Estado y diputados oficialistas que buscan su destitución. La acusación en su contra apunta a resoluciones consideradas arbitrarias, incluidas multas millonarias contra la Provincia por incumplimiento de medidas cautelares, entre ellas la que ordenó pagar $86 millones por cada día de desobediencia judicial en el caso de asistencia a comunidades Wichí. El Colegio de Abogados de Resistencia salió a respaldarlo.
Martes, 14 de octubre de 2025
El titular del Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, denunció públicamente una “persecución política” por parte del gobierno provincial, de la Fiscalía de Estado y de diputados oficialistas que buscan su destitución. La denuncia en su contra fue presentada el lunes ante el Consejo de la Magistratura, donde se lo acusa de “mal desempeño, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, fundamentalmente por la multimillonaria multa que aplicó al Ejecutivo por incumplir una sentencia que ordenaba entregar agua y alimentos a comunidades Wichí de El Impenetrable.
“Esto es una persecución política y no tengo duda de que Zdero está detrás”, afirmó Sinkovich en declaraciones a Norte Grande Federal. “Me quieren limpiar porque soy un obstáculo para el gobernante de turno. No soy un títere de nadie. No acepto órdenes de nadie. Por eso no se atreven a llamarme para que saque una sentencia a favor”, agregó.
El juez sostuvo que la persecución responde a su compromiso con los sectores más vulnerables de la provincia. “Acá lo que molesta al gobierno son las medidas cautelares que protegen a los pueblos originarios. Los aborígenes de El Impenetrable están muertos de hambre. Los pueblos originarios están en una situación calamitosa. La comunidad Wichí está olvidada totalmente, la asistencia es mínima para los Qom. Esto es una persecución política para sacarme del medio porque tengo todos los procesos de amparo en contra de la administración pública. No nos vamos a hacer los tontos: esto lo ordenó el gobernador”, aseveró.
La denuncia de los diputados Zulema Wanesson, Maida With, Francisco Romero Castelán y Samuel Vargas se centra en resoluciones judiciales consideradas “arbitrarias y desproporcionadas”, entre ellas la fijación de astreintes (multas diarias) multimillonarias contra la Provincia por incumplimiento de medidas cautelares. Según los legisladores, estas decisiones ponen en riesgo el presupuesto provincial y afectan la estabilidad financiera del Estado. El caso más destacado es el expediente donde Sinkovich fijó astreintes de 85 millones de pesos diarios para garantizar la asistencia a la comunidad Wichí, ubicada en el norte de la provincia, incluyendo Misión Nueva Pompeya y parajes cercanos.
“El magistrado fue parte de varios hechos de gravedad institucional en diversos juicios en trámite ante su tribunal, en los cuales ha adoptado medidas en violación al principio de razonabilidad, igualdad procesal -imparcialidad manifiesta- en perjuicio del erario del Estado Provincial”, señalaron los diputados, añadiendo que Sinkovich “no cumple con sus deberes por mal desempeño en su cargo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.
Sin embargo, el juez defendió sus decisiones y explicó que sus resoluciones buscan proteger a los sectores más necesitados. “Yo tengo el monitoreo de todas las acciones de amparo de la ciudad de Resistencia y del Chaco. Me eligen los sectores vulnerables, los carenciados, los que más necesitan. De hecho, estoy prácticamente firmando una medida cautelar por día, en contra del INSSSEP y otras obras sociales, para garantizar provisión de medicamentos y derechos básicos”, comentó.
Además, recordó otros casos que respaldan su argumento de persecución política: “Esto ya pasó con la doctora (Cynthia) Lotero (de Volman), con la doctora Amanda Corchuelo y con la doctora (Isabel) Grillo (actual ministra del Superior Tribunal). Acá, el que falla en contra del gobierno lo quieren limpiar. Esto es una operación orquestada por el gobierno de la provincia y por Fiscalía de Estado”.
El juez detalló que la denuncia oficialista se originó a partir de un memorándum de la fiscal de Estado subrogante, Andrea Lorena Quevedo, en el que se solicitó información sobre todas las causas judiciales en que intervino el Juzgado Civil y Comercial 6. Según Sinkovich, esto evidencia que la acusación es parte de un plan político: “Es a pedido de los diputados. Me quieren sacar del medio porque molesto al gobierno”.
Entre los casos cuestionados por los legisladores se encuentran expedientes históricos y recientes. Uno de ellos involucra a Lotería Chaqueña y a la concesión de Casinos del Litoral, donde Sinkovich aplicó astreintes que luego fueron anuladas por la Cámara de Apelaciones. Otro caso es el de Vilches c/ Fiscalía de Estado, donde se aplicaron multas diarias pese a que la Fiscalía demostraba cumplimiento. También se señalan acciones de amparo colectivas por saneamiento de la Laguna de Villa Odorico y la reubicación de familias, y medidas cautelares contra profesionales de la salud, como la médica nefróloga Silvina Grillo, donde Sinkovich impuso multas pese a que la orden judicial había sido parcialmente cumplida.
Sinkovich afirmó que, pese a la denuncia, continuará aplicando medidas para proteger a las comunidades originarias. “Fijé astreintes por 85 millones de pesos teniendo en cuenta que para cada persona Wichí se necesitan 4.000 pesos diarios según la canasta básica alimentaria. Esto es lo que molesta al gobierno. Ellos están muertos de hambre”, sostuvo. El magistrado aseguró además que enfrentará la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, a pesar de que está a un paso de jubilarse: “Esta ganzada política la voy a enfrentar. Esto es una locura”.
Este caso se suma a otros ataques recientes contra jueces provinciales que no responden a los intereses del Ejecutivo. La semana pasada, la jueza Dolly Fernández fue difamada en redes sociales por ordenar la excarcelación de un exfuncionario del gobierno de Jorge Capitanich, imputado por hechos de corrupción, aunque recibió respaldo inmediato de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco (AMFJCH).
Respaldo del Colegio de Abogados
En este marco, el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia emitió un comunicado en el que expresó su profunda preocupación por la denuncia y pedido de destitución contra el titular del juzgado Civil y Comercial 6.
El Colegio manifestó su “profunda preocupación por la afectación de la independencia judicial” y rechazó categóricamente la utilización del Jurado de Enjuiciamiento como una “vía indirecta de revisión del contenido de decisiones jurisdiccionales que cuentan con cauces recursivos propios”. Argumentan que el Jurado de Enjuiciamiento tiene competencia para valorar conductas típicas (como mal desempeño grave o desconocimiento inexcusable), pero no para convertir un proceso disciplinario en una “tercera instancia” sobre el mérito de los fallos.
Finalmente, solicitó al Consejo de la Magistratura-Jurado de Enjuiciamiento que “desestime in limine cualquier presentación cuyo objeto sea cuestionar el contenido de decisiones jurisdiccionales”. También exhortó a las autoridades y actores políticos a “respetar la Independencia Judicial y a canalizar los desacuerdos con las sentencias por las vías recursivas previstas en la ley, preservando así el orden Constitucional de la Provincia del Chaco”.
Notas relacionadas
Diputados oficialistas quieren destituir al juez que ordenó multas millonarias al gobierno de Zdero
Excarcelación de Andión: el vice de la UCR tildó de “jueza coquista” a Dolly Fernández
