El experto internacional realizará una nueva evaluación sobre el estado de la violencia institucional, las cárceles y la represión en Argentina, y elaborará un informe que estará listo en noviembre. Antes de visitar el país, habló con Página/12. “Somos absolutamente conscientes de lo que han sido los últimos años, y de la tradición de protesta que existe allá”, sostuvo.
Martes, 7 de octubre de 2025
Por Adriana Meyer
“En toda la región es una reducción del espacio cívico, los estados van reduciendo los espacios públicos en los cuales las personas pueden manifestarse en forma legítima, y ejercer su derecho fundamental a la protesta, así se ve lesionada la libertad de expresión. Esto genera la posibilidad de que fuerzas de seguridad ejerzan violencia indebida, fuerza desproporcionada y se generen malos tratos y actos de tortura”. Este análisis compartió en diálogo con Página12 el experto Jorge Contesse Singh, integrante del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que este año realizará una nueva evaluación sobre el estado de la violencia institucional, de las cárceles y la represión en Argentina, con la fecha prevista de finalización del informe en noviembre. Este organismo se encarga de evaluar a nivel internacional el correcto cumplimento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y firmada por Argentina en 1985.
Nacido en Santiago de Chile, en su adolescencia Contesse Singh se sintió atraído por el derecho por una idealización del concepto de justicia. Había estudiado en un colegio donde las familias de sus compañeros habían sido exiliadas por causas políticas. “Empecé a hilar cabos sueltos en las postrimerías de la dictadura militar de (Augusto) Pinochet, a finales de los ’80, empecé a entender lo que había pasado y a estudiar derecho”. Sin embargo, en un principio no pensó que se dedicaría a los derechos humanos, pero en la facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales conoció a profesores y profesoras expertos en esa materia, académicos que habían sido exonerados por el gobierno de facto. “Me convocaron de un estudio muy importante, y para saber exactamente de qué se trataba pregunté qué era lo más importante que habían hecho ese día, la respuesta fue ‘compramos un banco’, eso fue determinante, no quería llegar a casa en la noche y decirle a alguien que me había dedicado la jornada a eso, y así la vida me fue llevando por el camino de los derechos humanos, estando yo dispuesto a ello”.
Contesse Singh es doctor en Derecho, profesor titular en la Universidad de Yale y adjunto en la de Rutgers y Diego Portales en derecho internacional, derechos humanos, derecho penal y derecho constitucional comparado. Chile lo nominó como candidato y en 2024 comenzó su mandato como integrante del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, como experto independiente. “Los casos individuales forman parte de lo que analizamos, por ejemplo, en el informe anterior en el caso de Argentina hubo mención específica a Santiago Maldonado, pero siempre si son manifestaciones de cuestiones que pueden ser más sistemáticas, es decir si son representativos de cierta práctica que se repite, que al Comité le preocupa y por lo tanto ese caso es representativo”, dijo a este diario sobre la consideración de causas emblemáticas.
–¿La visita a Argentina abarcará cárceles federales y provinciales?
–Sí, todas. Al Comité le interesa entablar un diálogo constructivo con el Estado sobre la respuesta que Argentina ha dado por escrito y lo que hará la delegación que asista al diálogo en Ginebra a principios de noviembre. Como relator para este examen estoy estudiando los antecedentes que me hacen llegar desde la sociedad civil. A finales de ese mes cerramos el período de sesiones, que involucra también a Albania, Bahrein e Israel, el Comité emite sus observaciones y conclusiones finales, que es el informe en el cual daremos cuanta del diálogo con Argentina y entregaremos recomendaciones para que cumpla mejor sus obligaciones bajo la Convención contra la Tortura sobre materia carcelaria y otros aspectos.
–¿La misión visitará comisarías y alcaidías, donde también hay detenidos?
–Absolutamente sí, todos los lugares de privación de la libertad, que incluye también hospitales psiquiátricos y sitios privados donde haya personas privadas de su libertad. Los lugares de detención provisoria son un problema cuando se convierten en sitios de detención de largo aliento. Las políticas de los estados de la región generan mayores tasas carcelarias, como no hay plazas se buscan lugares alternativos, hay hacinamiento y eso es terreno fértil para la práctica de malos tratos e incluso de tortura, hay un patrón que el Comité ha advertido en otros países que será estudiado con cuidado en el caso de Argentina, de acuerdo a los antecedentes que tengamos, porque involucra muchos aspectos. Son fenómenos que involucran una forma de mirar la criminalidad, con la forma en que el Estado responde, la conflictividad social y una vez que esas personas están tras las rejas, cuál es el rol de garante que debe cumplir el Estado.
–Respecto del hacinamiento, el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) encontró en Tucumán una tasa mayor al 400 por ciento. ¿Tuvo acceso a ese material?
–Sí, nos lo hicieron llegar. América Latina tiene un problema de sobrepoblación carcelaria y hacinamiento que es sistémico, es una cuestión estructural, no es algo aislado y para poder atenderlo requiere de medidas estructurales. Es muy importante que en Argentina existe el Mecanismo que es el CNPT, y además existe una sociedad civil que es activa y está bien organizada, que cumple un rol fundamental en estos diálogos, que transcurren en dos jornadas. En la primera presentamos las preguntas y preocupaciones, y al día siguiente el Estado responde, pero antes de esa primera jornada sostenemos reuniones con el CNPT y con organizaciones de la sociedad civil, que informan datos actualizados e inmediatos sobre la materia.
–¿Qué tipo de monitoreo realizarán de la represión a la protesta social?
–Es un objeto de preocupación siempre en el Comité, la situación de violencia institucional, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado, por lo tanto situaciones donde se usa la fuerza represiva caen bajo la lupa del Comité contra la Tortura. Somos absolutamente conscientes de lo que han sido los últimos años, y de la tradición de protesta que existe en Argentina, al igual que en Chile, lo que fueron las protestas de octubre de 2019 y cómo fueron reprimidas.
–¿Cómo siguió ese caso de Chile?
–Generó informes de organismos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me tocó asistir a la comisión que evaluó una acusación constitucional que finalmente se aprobó en contra del ministro del Interior de esa época, fue una situación excepcionalmente delicada: más de 400 personas mutiladas por actos de la policía de Carabineros. El ministro renunció antes de que se presentara la acusación en su contra, pero se aprobó igual, primero en la Cámara de Diputados, que es donde me tocó comparecer, y después en el Senado que actuó como jurado. Quedó inhabilitado y salió de la escena pública. Era importante que el Congreso de la República marcara un punto, trazara una línea de lo que era aceptable y de lo que no. No era aceptable que una persona que había encabezado las fuerzas del orden que habían reprimido de tal manera en democracia pudiera seguir ejerciendo cargos.
–¿La represión a la protesta es seguida de criminalización?
–En general el Poder Judicial estuvo a la altura de no prestarse para causas que no tienen mérito contra activistas, y sí buscar las responsabilidades de agentes de seguridad que hayan cometido delitos, pocos pero hay algunos. En términos más generales, lo que hay en toda la región es una reducción del espacio cívico, se está viendo que los estados van reduciendo los espacios públicos en los cuales las personas pueden manifestarse en forma legítima, y ejercer su derecho fundamental a la protesta, así se ve lesionada la libertad de expresión. Cuando se produce esto se genera un espacio para que fuerzas de seguridad ejerzan violencia indebida, fuerza desproporcionada y se generen malos tratos y actos de tortura.
–¿Cuál es la situación regional respecto de la tortura?
–Hay avances y hay materias de mucha preocupación. Varios países que son parte de la Convención y el protocolo facultativo establece la obligación de que los estado creen sus estructuras domésticas, en el caso de Argentina el CNPT. Esos mecanismos buscan prevenir, eso es un avance. Sin embargo, la tortura sigue siendo una práctica bastante extendida en la región. Hace 40 años los países estaban bajo regímenes autoritarios que usaron la tortura como una política de Estado, una práctica sistemática para perseguir opositores, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura. Por lo tanto, el desafío institucional que sigue latente para América Latina es cómo transitamos de aquello a democracias constitucionales que se obligan a respetar los derechos humanos y ello implica erradicar la tortura, que había quedado enrraizada en las estructuras de seguridad. Pero lamentablemente la tortura todavía existe, toma nuevos rostros y formas. Es lo primero que preguntamos, cuáles son las salvaguardias que tienen los detenidos, acceso a abogado y a disposición de un juez prontamente, si tienen lesiones son examinadas, si hubo tortura cómo responde el Estado. Ahí están las falencias. Y no hablamos solo de cárceles sino de establecimientos psiquiátricos, de ancianos, de niños, niñas y adolescentes.
–¿Cuál fue el caso que más lo conmovió?
–Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos me tocó representar a una jueza chilena, Karen Atala, que perdió la tenencia de sus tres hijas, la Corte Suprema se las quitó por su orientación sexual. El drama fue ver crecer a las hijas, que fueron privadas de vivir con su madre. Fue el primer caso en que la orientación sexual y la identidad de género fueron declaradas categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. El otro caso fue representar a líderes indígenas mapuches contra la aplicación de la legislación antiterrorista, ahí participé como perito experto. El estado chileno primero los privó de sus tierras, y ante la protesta utilizó la herramienta represiva más fuerte que tiene un estado que es el estatuto antiterrorista para encarcelarlos. Cuando las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden relatar su testimonio ante un tribunal internacional se produce una suerte de reparación, aún cuando no saben cuál será el resultado del caso. Es algo que te marca, más allá de los casos, que van tomando rostros concretos de personas. Me pasó cuando visité a mapuches presos en huelga de hambre.
Publicado en Página/12
