La Procuración General recomendó al Superior Tribunal de Justicia rechazar el pedido de remoción del presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, y el traslado a la Legislatura provincial solicitado por el denunciante, Daniel Bittel. Sin embargo, recomendó que se pida al Ejecutivo iniciar de oficio una investigación por violencia laboral. En un audio que forma parte del expediente, Vázquez aseguró que mientras “sea Estado” no dejará que Bittel sea transferido al bloque de legisladores justicialista, a quienes insultó: “Que los diputados me chupen la pija”.
Viernes, 26 de septiembre de 2025
El Procurador General del Chaco, Jorge Canteros, emitió dictamen en la causa por violencia laboral presentada por Daniel Bittel, empleado del Instituto del Deporte Chaqueño, quien denunció hostigamiento por parte del presidente del organismo, Fabio Vázquez.
En su opinión (no vinculante), Canteros recomendó al Superior Tribunal de Justicia rechazar el amparo como vía procesal para solicitar la remoción de Vázquez y el traslado de Bittel al bloque justicialista del Poder Legislativo, por entender que esas decisiones son facultad exclusiva del Ejecutivo y que el actor carece de legitimación para reclamarlas en sede judicial.
No obstante, subrayó que las pruebas aportadas –incluidos audios en los que se escucha a Vázquez en tono agresivo hacia el denunciante y legisladores– no fueron impugnadas por las demandadas, lo que obliga a valorarlas. En ese marco, sostuvo que el gobierno provincial debe actuar de oficio para investigar si existió violencia laboral, en cumplimiento de los compromisos internacionales y la Ley Provincial 2023-A.
“Considero conveniente dejar sentado que la prueba aportada por el amparista no fue impugnada por las accionadas, ni en su contenido ni en la forma en que fue obtenida. El principio de adquisición procesal autoriza a valorarla”, señaló Canteros.
El escrito propone desestimar las pretensiones de remoción y traslado, pero solicita que el Ejecutivo inicie el procedimiento administrativo previsto en la ley de violencia laboral. Además, pide que se mantenga el traslado provisorio de Bittel –actualmente destinado al Registro Civil de Fontana– mientras dure el proceso.
Cabe recordar que Canteros había emitido un primer dictamen en relación a la medida cautelar presentada por Bittel. En esa ocasión, consideró que, mientras se resuelva la cuestión de fondo, el Superior Tribunal debería proponer al Poder Ejecutivo el traslado preventivo del trabajador a la “dependencia que estime corresponder, de acuerdo con sus facultades constitucionales”.
El planteo judicial
En su amparo, Bittel denunció violencia institucional, hostigamiento y vaciamiento funcional. Solicitó que la Justicia declare la existencia de esta situación, ordene su traslado al bloque justicialista de la Cámara de Diputados, disponga la remoción de Vázquez y establezca una prohibición de acercamiento.
Fundamentó su reclamo en el derecho al trabajo decente, la estabilidad laboral y la dignidad humana, amparándose en la Constitución Nacional y Provincial, el Pacto de San José de Costa Rica, el Convenio 190 de la OIT y la Ley 2023-A, contra actos de violencia laboral. Explicó que no recurrió a la vía administrativa porque el presunto hostigamiento proviene de la máxima autoridad del organismo, lo que afectaría la imparcialidad del proceso.
En su defensa, Vázquez negó persecución laboral y explicó que la anulación de la promoción de Bittel en 2023 respondió a “vicios legales”, en un procedimiento que involucró a otros agentes. Cabe recordar que el reclamo de esta promoción fue el punto central del conflicto, ya que Vázquez le aseguró a Bittel que no autorizaría su traslado a la Legislatura en tanto y en cuanto continúe insistiendo con ese planteo. También señaló que el denunciante se encuentra de licencia desde noviembre de 2024, lo que descartaría una persecución activa.
La Fiscalía de Estado, a cargo de Roberto Herlein, alegó la improcedencia del amparo por no cumplirse los requisitos de la Ley 877-B. Indicó que no existe un acto arbitrario o ilegal que no pueda ser revisado por otras vías, como la Oficina de Prevención y Sanción de la Violencia Laboral o el proceso contencioso administrativo. Además, sostuvo que los traslados y designaciones son facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.
Medidas judiciales previas
El Superior Tribunal de Justicia ya había dispuesto el traslado provisorio de Bittel como medida cautelar, por considerar que existían indicios de hostigamiento y que era necesario proteger su salud psíquica y derechos laborales.
Según la presentación a la que tuvo acceso LITIGIO, el empleado, hijo de Raúl Bittel, quien fuera presidente del Instituto del Deporte hasta diciembre de 2015 durante la gestión de Jorge Capitanich, habría sido víctima de maniobras de hostigamiento como el bloqueo de accesos al sistema de auditoría, la denegatoria de traslados, el vaciamiento funcional de su área y la manipulación irregular de su legajo personal.
Además de otras pruebas documentales, la denuncia de Bittel se apoya en un audio en donde se escucha un diálogo con Vázquez en el cual el funcionario del gobierno de Leandro Zdero utiliza expresiones humillantes y agresivas.
En el intercambio, producido el pasado 21 de mayo, Vázquez se jacta de su poder circunstancial y confirma el estrecho vínculo que hay actualmente entre el Poder Ejecutivo y la Justicia chaqueña. Se lo oye decir que puede “cambiar la cuestión judicial” porque desde el gobierno provincial “no hacen nada sin consultar a fiscales y jueces”.
Evocando la célebre frase atribuida al rey Luis XIV, aseguró que “siendo Estado, porque yo soy Estado hoy”, no le otorgará el traslado solicitado al bloque legislativo del Partido Justicialista, en tanto persista con su pedido de promoción. De manera reiterada lo obliga a elegir entre una cosa u otra, vulnerando derechos laborales.
Ante este panorama, Bittel señaló que como funcionario responsable del área deberá entonces brindarle una explicación a los legisladores respecto de la denegatoria a la afectación solicitada. La respuesta de Vázquez fue muy concreta: “Que me chupen la pija, los diputados. Así deciles, que yo dije. Y si querés grabar, grabame”.
“Invadió mi privacidad”
En declaraciones al programa Alerta Urbana, Vázquez reconoció la semana pasada que el audio es real y ni siquiera afirmó que estuviera editado. De todos modos, sostuvo que se trató un intercambio privado que Bittel grabó de manera subrepticia.
“Reconozco que fue un exabrupto”, dijo en referencia a los insultos que le dedicó a legisladores provinciales, en una parte de esa charla. Pero inmediatamente intentó matizar la gravedad de sus dichos al señalar que fueron parte de “una conversación privada”.
“Me dolió porque invadió mi privacidad”, se victimizó, sin mencionar que fue el propio Vázquez quien, en aquel intercambio, autorizó a Bittel que grabe sus palabras, las que posteriormente fueron difundidas por LITIGIO.
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