Lo resolvió la Cámara Federal de Resistencia al confirmar un fallo de primera instancia respecto de una causa que se inició en 2013 y que aún no fue elevada a juicio. De los imputados solo uno permanece activo como agente del Servicio Penitenciario Federal.
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
La Cámara Federal de Resistencia confirmó una resolución que rechazó la prescripción de la acción penal en una causa por apremios ilegales agravados, imputados a seis agentes del Servicio Penitenciario Federal. El hecho se remonta a agosto de 2013, y el proceso judicial se encuentra en trámite desde entonces.
La decisión, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada este martes 23 de septiembre y lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García. El caso continuará su curso en la etapa de instrucción, a la espera de que se dicte la citación a juicio o se resuelva sobre la situación procesal de los acusados.
Los defensores de los imputados habían apelado una decisión de primera instancia que desestimó su planteo de prescripción e insubsistencia de la acción penal. Argumentaban que, tras más de once años, el proceso había superado ampliamente el plazo legal para prescribir, destacando períodos de inactividad y la falta de actos interruptivos, como la citación a indagatoria, que recién se concretó en junio de 2025.
Uno de los imputados sigue en actividad
Sin embargo, el tribunal de alzada hizo hincapié en una causal de suspensión de la prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal. Esta norma establece que el plazo se suspende para todos los partícipes de un delito cometido en el ejercicio de la función pública, mientras al menos uno de ellos continúe desempeñando un cargo estatal. En este caso, uno de los imputados, Javier Ramón Cimbaro, sigue en actividad como agente penitenciario.
La Cámara sostuvo que la ley no realiza distinciones basadas en la jerarquía del funcionario, aplicándose a cualquier persona que participe en funciones públicas. Subrayó además la existencia de un nexo causal entre el delito investigado –apremios ilegales– y el ejercicio de las funciones de los agentes, quienes se encontraban en posición de garantes respecto de las personas bajo su custodia.
Exhortaron a agilizar la causa
Respecto a la alegada vulneración del “plazo razonable” de duración del proceso, el tribunal reconoció la extensión temporal del caso. No obstante, consideró que la complejidad de la investigación, que involucra a múltiples imputados y hechos de especial gravedad institucional, justifica el tiempo transcurrido. A pesar de ello, exhortó al juzgado de primera instancia a agilizar las actuaciones para garantizar los derechos de todas las partes.
