El juez Rodolfo Lineras hizo lugar a un hábeas corpus colectivo y prohibió al comisario Daniel Melchiori desempeñar funciones en El Impenetrable. La medida responde a las detenciones arbitrarias y agresiones sufridas por médicos cordobeses en Taco Pozo. El fallo ordena capacitación en derechos humanos para el personal policial y un acto público de disculpas. También dio intervención a la Fiscalía de Derechos Humanos para investigar posibles delitos de los funcionarios involucrados.
Martes, 23 de septiembre de 2025
El juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, Rodolfo Lineras, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Asociación Civil “Todo por Todos”, que denunció detenciones arbitrarias y agresiones por parte del comisario de Taco Pozo, Daniel Melchiori, y su personal.
El fallo, dictado este lunes, prohíbe a Melchiori ejercer funciones en cualquier comisaría de los departamentos Almirante Brown, General Güemes y Maipú —que conforman El Impenetrable— y ordena medidas de protección para garantizar que la Asociación pueda continuar con su trabajo solidario en la región.
Además, dispone que la intendencia de Taco Pozo realice un acto público de disculpas con participación de autoridades provinciales y de la comunidad, y que la Jefatura de Policía implemente un curso de Derechos Humanos y Garantías para todo el personal de la comisaría en un plazo máximo de 60 días.
Según pudo saber LITIGIO, el juez también dio intervención a la Fiscalía de Derechos Humanos para investigar la posible comisión de delitos de desobediencia judicial, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionario público. Recordó que toda detención en la comisaría de Taco Pozo —sea por el Código de Faltas o el Código Penal— debe ser comunicada de inmediato a juez o fiscal competente y ordenó garantizar a la persona detenida el derecho a informar a un tercero, a ser notificada de los motivos de su detención, a designar abogado o comunicarse con la defensa pública, y a contactar a la Guardia de Intervención Temprana del Comité para la Prevención de la Tortura.
“Más allá de toda duda razonable”
Con fecha del lunes, el fallo se basa en los graves hechos ocurridos el pasado 17 de agosto, cuando un grupo de médicos voluntarios de la provincia de Córdoba fue víctima de detenciones arbitrarias y agresión física en esa localidad chaqueña.
En su resolución, el magistrado sostuvo que quedó probado “más allá de toda duda razonable” que varios integrantes de la Asociación fueron “ilegal y arbitrariamente privados de su libertad ambulatoria” y que, como consecuencia, se vulneraron otros derechos fundamentales, entre ellos la integridad física, la dignidad, la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de acceso a la justicia.
El juez subrayó que el accionar de Melchiori y su personal no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia sistemática en la localidad. “Melchiori no tenía ningún motivo legal para proceder en la forma abusiva en que lo hizo, puesto que carecía de una orden de detención emanada de autoridad judicial competente y no mediaba ninguna hipótesis de flagrancia”, remarcó.
Lineras advirtió que las prácticas policiales de Taco Pozo constituyen “un serio peligro para el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos”, y agregó: “No voy a dejar pasar la oportunidad para advertir sobre los peligros que pueden entrañar los experimentos autoritarios, encarnados en dictadorzuelos, que con el pretexto de llevar seguridad a la ciudadanía terminan avasallando sin miramientos sus derechos y libertades”.
Los hechos
Ante el juez, una de las testigos, Viviana Del Valle Yzaguirre, médica y directora de la Asociación Civil “Todo por Todos”, relató que el día de los hechos escuchó que habían golpeado a Roque Margonari (chofer de la Asociación) frente al hotel Oasis.
Junto a su esposo, Leonardo Gaggio, se dirigió al lugar y encontró a Margonari con el rostro hinchado, sangrando del labio y con manchas de sangre en la ropa. Al consultarle qué había ocurrido, la víctima relató que, mientras circulaba por calle San Martín, un Toyota Corolla gris le bloqueó el paso. Del vehículo descendió un hombre vestido de civil, muy agresivo y exaltado, que intentó abrir la puerta forcejeando y, al no lograrlo, se introdujo por la ventanilla del conductor, golpeándolo e intentando quitarle las llaves.
Instantes después llegó un móvil policial con uniformados que, según el relato, inicialmente se limitaron a observar la agresión. Luego intentaron calmar al atacante, quien ordenaba detener a Margonari. La situación se tornó aún más confusa cuando la propia víctima acudió a la comisaría para radicar la denuncia y allí descubrió que el agresor era, en realidad, el comisario de la localidad. Yzaguirre afirmó que el jefe policial llegó a la seccional en evidente estado de alteración: de civil, desarreglado, con fuerte olor a alcohol y pupilas dilatadas. Allí ordenó el secuestro de la camioneta de la Fundación, lo que motivó que su propietario intentara impedirlo subiéndose al vehículo.
La médica contó que el comisario caminó hasta donde estaban estacionadas otras camionetas de la Asociación y ordenó “acordonarlas”, exclamando que “estaban todas secuestradas”. Ante esta situación, unos 40 integrantes de la organización —que se encontraban en Taco Pozo realizando un operativo solidario— lo siguieron pidiendo explicaciones.
En ese contexto, la médica María Candelaria García Nebbia comenzó a filmar con su celular, lo que provocó que el comisario ordenara su detención. Según el testimonio, las imágenes registradas muestran al jefe policial empujando de manera violenta a una agente femenina para que la redujera. García Nebbia fue llevada por la fuerza, ingresada a la comisaría y retenida allí como detenida, lo que generó gran temor entre los miembros de la Asociación.
Yzaguirre remarcó que el comisario ya había amenazado previamente a otro médico, Emanuel Linares, y que todo quedó grabado en video. También señaló que García Nebbia es madre de un bebé de poco más de un año y que era la primera vez que participaba de un operativo de la Fundación. Denunció que no recibieron información oficial y que, al intentar formalizar la denuncia, en la guardia policial les respondieron que “verían si podían tomarla”. Por ese motivo decidieron viralizar los videos y comunicarse con medios de prensa.
Finalmente, varias horas más tarde pudieron radicar la denuncia y lograron contactar al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien a su vez se comunicó con su par chaqueño. Yzaguirre subrayó que debieron llegar a esa instancia porque sentían que la situación era “arbitraria, ilegítima e irracional” y que sin intervención externa no se resolvería.
La médica expresó su preocupación por el impacto que este episodio podría tener en el trabajo de asistencia sanitaria que la Asociación viene realizando desde hace más de doce años en distintas localidades. Afirmó que, tras el incidente, las tareas previstas para las semanas siguientes quedaron suspendidas porque los voluntarios se sintieron “paralizados” y temerosos de volver a la zona.
“Ilegal y arbitrario”
Al realizar las consideraciones de lo relatado por las víctimas y las pruebas incorporadas en la causa, el juez sostuvo que se pudo acreditar que varios integrantes de la Asociación fueron “ilegal y arbitrariamente” privados de su libertad ambulatoria por personal perteneciente a la policía provincial.
Además, como consecuencia de esa privación, quedaron vulnerados otros derechos fundamentales de las víctimas, como son la integridad física, psíquica y moral, la dignidad, el derecho a la intimidad, el derecho de reunión, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, el derecho a la información, el derecho de acceso a la justicia y a la protección judicial efectiva.
De igual modo, advirtió que se probó que el derecho a la libertad y a la seguridad de los integrantes de la Asociación está amenazado de afectación, en forma actual, seria, grave e inminente, por las prácticas policiales “abusivas imperantes” en la localidad, situación que les “impide a tales personas el libre y pleno ejercicio de otros derechos constitucionales, en especial el derecho a elegir un proyecto de vida sin interferencias indebidas del Estado”.
El juez afirmó que no hay duda alguna que la detención por parte de la policía de los voluntarios de la Asociación configuró una “privación ilegal y arbitraria del derecho a la libertad personal”, así como una violación del derecho a la integridad física, psíquica y moral.
“Melchiori no tenía ningún motivo legal para proceder en la forma abusiva en que lo hizo, puesto que carecía de una orden escrita de detención emanada de autoridad judicial competente y no mediaba ninguna hipótesis de flagrancia”, consideró el magistrado.
“En cambio, se trató de una detención en la vía pública llevada a cabo bajo el parámetro de la ‘mera sospecha’ criminal, estándar subjetivo sólo basado en el olfato, la simple corazonada o intuición”, añadió.
De hecho, el propio Melchiori lo reconoció al indicar en el expediente policial que interceptó el paso de la camioneta –previo realizar un “seguimiento controlado” por varias cuadras- porque el vehículo era “ajeno a la localidad”, agregando que cuando en el interrogatorio Morgonari expresó que era oriundo de Córdoba aumentó su “desconfianza” sobre el motivo de la presencia de esta persona en Taco Pozo.
“La ulterior atribución de responsabilidad a Margonari por una supuesta infracción al Código de Faltas fue solo una excusa para intentar enmendar el grotesco procedimiento inicial”, remarcó el magistrado.
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