La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que 1.202 personas fueron condenadas y 213 resultaron absueltas en 353 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas desde 2006, cuando el Tribunal Oral Federal de La Plata condenó a reclusión perpetua al genocida Miguel Etchecolatz.
Martes, 23 de septiembre de 2025
El 19 de septiembre de 2006 el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz fue condenado a reclusión perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata. Fue el primer juicio luego de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, más conocidas como las leyes de la impunidad. Y fue la primera vez que se calificó a los crímenes de la dictadura cívico militar como “delitos de humanidad cometidos en el marco de un genocidio”.
Luego de ese momento histórico, hubo más de 1200 condenados en causas por delitos de lesa humanidad, según revela el último informe elaborado por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, difundido por el sitio Fiscales.
La estadística es el resultado de la actualización trimestral de las principales variables relacionadas al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, a partir de la sistematización y el procesamiento de datos que realiza la procuraduría especializada de la información remitida por las fiscalías federales y unidades fiscales que intervienen en estos procesos en todo el país.
Los datos actualizados al 18 de septiembre pasado indican también que 60 causas fueron elevadas a juicio oral y público, otras 280 transitan la etapa de investigación preliminar y que actualmente se realizan 13 juicios orales y públicos en diferentes jurisdicciones.
La procuraduría relevó que en este contexto hay 356 procesados/as y 177 en el estadio intermedio de la falta de mérito. Otras 75 personas fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal, mientras que 103 fueron sobreseídas. En tanto, suman 502 los/as imputados/as por el Ministerio Público Fiscal que aún no fueron indagados.
En los procesos por crímenes de lesa humanidad hay 539 personas privadas de su libertad. De estas últimas, 454 se encuentran en arresto domiciliario, 63 en la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo -que funciona dentro de la guarnición militar-, y 22 en cárceles de los servicios penitenciarios federal y provinciales.
