Líderes del Pueblo Wichí respaldaron el pedido de embargo de fondos de coparticipación al gobierno del Chaco, tras el incumplimiento de un fallo judicial que ordena garantizar agua y alimentos a sus comunidades. Las sanciones económicas ya superan los $1.300 millones, mientras las familias siguen sin acceso a recursos esenciales. La Defensoría General Adjunta calificó la situación como una “grave afectación” de derechos fundamentales.
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Caciques del Pueblo Wichí, residentes en El Impenetrable chaqueño, respaldaron la solicitud de embargo de la coparticipación federal al gobierno provincial, solicitada por la Defensoría General Adjunta del Poder Judicial, con el fin de que se ejecute la multa impuesta al gobierno de Leandro Zdero por incumplir un fallo judicial que ordena garantizar agua y alimentos a las familias indígenas de la región.
“Como integrantes del Pueblo Wichí, alzamos nuestra voz para acompañar la medida presentada ante el Poder Judicial, que busca garantizar algo tan esencial como el acceso a agua potable, alimentos suficientes y asistencia humanitaria real para nuestras comunidades”, expresaron en un comunicado.
Los líderes indígenas recordaron que la lucha por una vida digna no es nueva. “Es parte de una larga historia de abandono, de falta de políticas del Estado hacia nuestros pueblos; una historia de despojo y olvido. Somos sobrevivientes del terrorismo de Estado, del genocidio, de las campañas militares, de la persecución y las matanzas”, subrayaron.
En el comunicado, los Wichí alertaron sobre la grave situación ambiental que atraviesan: “El acceso al agua no es un lujo ni una exageración. Nuestras fuentes naturales se han secado, contaminado o desaparecido. Esto no es casual: es resultado de la crisis climática, el aumento de temperaturas extremas, la escasez de lluvias y, sobre todo, de las políticas de saqueo y desmonte que arrasaron nuestros territorios”.
Los líderes también describieron cómo la destrucción del monte ha afectado su cultura y modos de vida: “Nos han arrinconado en pequeñas parcelas, destrozando nuestras culturas, nuestras formas de vida y nuestros vínculos con la naturaleza. Foráneos que vienen por los recursos naturales han talado sin control, han roto los ciclos del agua y causado daños irreparables a la armonía con la naturaleza, la cultura y la vida misma”.
Recordaron que antes, el monte, los lagos y ríos de El Impenetrable estaban llenos de vida, con aves, peces, frutos y sombra. “Desde nuestra mirada, vemos historia. En un paisaje, un árbol o una laguna hay memoria. La naturaleza nos cuenta nuestra historia. El monte es nuestra memoria viva”, afirmaron.
Los líderes denunciaron que actualmente muchas comunidades enfrentan sequía, desolación, pobreza extrema y desnutrición, y destacaron la importancia de la acción judicial: “Sabemos que hay quienes miden todo en cifras, y respetamos esas herramientas. Pero no es solo el cuánto, sino el cómo y el cuándo. Porque un derecho que llega tarde no es justicia. Estamos pidiendo justicia social por la vida en peligro”.
Finalmente, expresaron su agradecimiento a la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz y su equipo, por transformar sus reclamos en términos jurídicos y técnicos: “Su presentación y pedido de embargo representan una herramienta concreta para exigir el cumplimiento de los derechos básicos que nos corresponden como pueblo originario argentino y chaqueño”.
“Esta es la lucha por la dignidad. Por nuestros ancestros, por nuestros hijos y por el futuro de nuestro pueblo. Por el territorio que aún resiste. Y por el derecho a seguir existiendo en paz, con voz propia, sin ser silenciados. Seguiremos hablando, seguiremos reclamando, porque seguimos vivos”, concluyeron los dirigentes Zenón González y Américo Quiroga.
Embargos multimillonarios
Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre, la Defensoría General Adjunta del Poder Judicial solicitó al juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich, el embargo de parte de los fondos de coparticipación federal de la provincia del Chaco. El pedido se fundamenta en el incumplimiento por parte del gobierno de Leandro Zdero de la medida cautelar que ordenaba garantizar agua potable y alimentos al pueblo Wichí en El Impenetrable.
El 18 de marzo pasado, Sinkovich dispuso que el Ejecutivo provincial debía asegurar el suministro regular de estos recursos vitales. Tras constatar la falta de cumplimiento, el 22 de agosto el magistrado impuso una multa —o astreinte— de más de $85 millones diarios a favor de las comunidades. Sin embargo, la provincia no solo no acató la orden, sino que tampoco abonó los importes acumulados.
Para la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz, esta conducta configura una “abierta desobediencia judicial” y provoca una “gravísima afectación” de derechos fundamentales como la vida, la salud y la alimentación de las comunidades indígenas. En su presentación, calculó que la deuda por astreintes, hasta el 10 de septiembre, asciende a $1.374 millones más intereses.
La Defensoría acompañó su pedido con un comunicado emitido por el pueblo Wichí en asamblea realizada el 6 de septiembre en Sauzalito. En el documento, caciques y referentes comunitarios alertan que la vida de niños, ancianos y familias “está en riesgo” y acusan al gobierno provincial de apelar las sanciones económicas en lugar de cumplir la orden judicial.
“Seguimos sin lo esencial. Invitamos a quienes duden a venir al Impenetrable para comprobar que decimos la verdad”, expresaron. El escrito reafirma que el reclamo no responde a intereses políticos sino a la necesidad básica de agua y alimentos, e insiste en que las decisiones deben tomarse en el territorio y con participación de todas las comunidades.
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