La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó la elevación a juicio de la causa por presunto lavado de activos contra el dirigente piquetero, Diego Armando Rolón; su padre, Lorenzo Rolón, y su esposa, Silvana Alicia García. Están acusados de integrar un “grupo económico con fines ilícitos” para blanquear fondos que habrían sido obtenidos mediante corrupción y fraude a la administración pública provincial.
Jueves, 11 de septiembre de 2025
El fiscal federal, Patricio Sabadini, considera que la investigación está completa y que existen pruebas suficientes para que el caso sea debatido en un juicio oral y público. Según la acusación, Rolón sería el líder de la organización, mientras que su padre y su esposa habrían actuado como testaferros para ocultar el origen del dinero.
La causa detalla la adquisición de bienes y propiedades que no se condicen con los ingresos declarados de la familia Rolón, quienes figuran como empleados municipales con salarios inferiores a los $500.000. Entre los bienes bajo investigación se encuentran dos camionetas (Toyota SW4 y Hilux), un camión Ford F-350, una moto Honda XR 150 y un Volkswagen Gol Trend.
También se constató una casa de dos plantas, un galpón y un quincho de grandes dimensiones, en terrenos que serían de propiedad municipal y provincial, con un valor estimado de más de USD 700.000. Además, se detectó 36 bovinos y tres equinos secuestrados en el establecimiento “San Antonio”, cuya venta judicial produjo más de $13 millones.
Procesamientos confirmados
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ya había confirmado los procesamientos de los tres imputados y rechazado los recursos de las defensas. Además, ratificó la prisión preventiva de Diego Rolón, mientras que su padre y su esposa permanecen en libertad, pero con sus bienes inhibidos.
El fallo del tribunal señaló que existen “indicios suficientes” para sostener un reproche penal y remarcó la necesidad de un juicio oral para esclarecer el presunto desvío de más de $230 millones en fondos públicos mediante cooperativas y fundaciones sociales.
La investigación se inició en 2023 a partir de una denuncia anónima que alertó sobre maniobras de desvío de dinero y lavado de activos. En abril de este año se realizaron 22 allanamientos en Resistencia, donde se secuestraron vehículos, electrodomésticos, documentación, bombos del movimiento “La Roca Sólida” y una máquina de contar billetes.
