Así lo dispuso el Juzgado del Trabajo 4, a cargo de Fabián Amarilla. En el marco de una acción de amparo con medida cautelar, se ordenó al Instituto del Deporte Chaqueño la restitución laboral de un delegado gremial despedido el pasado 18 de julio. A mediados de agosto, otros tres sindicalistas echados debieron ser reincorporados por orden judicial.
Martes, 8 de septiembre de 2025
El juez Laboral 4 de Resistencia, Fabián Amarilla, ordenó al Instituto del Deporte Chaqueño la restitución laboral de un delegado gremial despedido el pasado 18 de julio. La resolución judicial busca mantener el “status quo” del trabajador, reincorporándolo a sus tareas y garantizando el pago de sus haberes actualizados mientras se resuelve el amparo principal.
La medida cautelar, que fue concedida tras una solicitud presentada por el trabajador Osvaldo Florentino Barberán, con la representación legal de Daniel Lezana, se fundamenta en la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. El juez consideró que existía una alta probabilidad de que el derecho del trabajador fuera válido y que la demora en la resolución del caso podría causarle un daño irreparable.
Barberán, quien se desempeñaba en el área de mantenimiento y administración de infraestructura deportiva, afirmó que trabajaba para el Instituto del Deporte Chaqueño desde enero de 2012. Durante más de 13 años, su relación laboral se mantuvo a través de una serie de becas que se renovaban mensualmente, con una remuneración de $110.494.
El 18 de julio de 2025, Barberán fue notificado verbalmente por el área de recursos humanos de que ya no debía asistir a su puesto de trabajo, sin recibir una notificación formal. En respuesta, el 13 de agosto, envió una carta documento a su empleador, intimándolo a regularizar su situación laboral, pero no obtuvo respuesta.
El empleado despedido destacó que realizaba las mismas tareas que sus compañeros de planta permanente y que, en la práctica, su vínculo laboral excedía la figura de beca, por lo que se aplicaba el principio de primacía de la realidad del derecho laboral.
Además, el trabajador informó que, desde el 1 de abril de 2019, había sido elegido como delegado gremial por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con un mandato vigente hasta el 19 de diciembre de 2026. El juez consideró que su condición de representante sindical estaba debidamente acreditada, lo que refuerza la protección legal de la que goza.
Argumentos del juez
El juez Amarilla explicó que la medida cautelar se justificó por los perjuicios que el despido le estaba causando al trabajador, quien perdió su única fuente de ingresos y se encuentra desempleado, realizando “changas” para sobrevivir. El magistrado hizo hincapié en el carácter alimentario de los haberes y en la imposibilidad de una reparación posterior, especialmente “en un contexto en donde la situación económica actual y general del país, lleva ínsita la posibilidad del daño”.
Para garantizar la medida, el juez ordenó al Instituto del Deporte Chaqueño que cumpla con la resolución y le advirtió que aplicaría “sanciones conminatorias” en caso de incumplimiento. El auto definitivo, que fue firmado electrónicamente, también establece que Barberán debe prestar una caución juratoria, un compromiso formal de resarcir los posibles daños que la medida pueda ocasionar si se determina que fue solicitada sin derecho.
No es la primera vez que el juez Amarilla ordena reincorporar a delegados gremiales despedidos por el gobierno de Leandro Zdero. El caso más reciente se dio en ECOM Chaco SA. El pasado 14 de agosto el magistrado ordenó la reinstalación de tres trabajadores afiliados al sindicato de televisión, que fueron despedidos de ECOM, que gestionó los medios públicos provinciales hasta principios de 2025. La sentencia destacó que la empresa violó la Ley 23.551 al no solicitar previamente una exclusión de tutela sindical, requisito obligatorio para desvincular a representantes gremiales.
Los trabajadores Héctor Matías Arce, Félix Elpidio Lencina Miño y Walter Martín Denaro, fueron desvinculados en enero de 2025 tras la decisión del gobierno provincial de transferir la explotación de los medios audiovisuales a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Marcos Resico, mano derecha del gobernador Leandro Zdero, y quién ejecuta la política de control editorial de la comunicación pública a través del reparto discriminatorio de los recursos de la publicidad oficial, castigando a los medios locales independientes.
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