En su declaración indagatoria de este martes, el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, pidió su sobreseimiento a la Justicia Federal en la causa por presunto lavado de activos y entrega irregular de tierras fiscales. Además denunció que el fiscal Amad “inventó” un hecho a partir de una denuncia “descabellada” de una funcionaria de Leandro Zdero. También declaró Marta Soneira y pidió su falta de mérito.
Martes, 9 de septiembre de 2025
“Ningún hecho de origen ilícito fue convalidado con la firma de decretos que ratifican la adjudicación en venta de lotes de más de 300 hectáreas conforme lo ordenado por la ley 471-P”, aseguró este martes el exgobernador Jorge Capitanich en su declaración indagatoria ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña en el marco de la causa en la que se lo imputa por presunto lavado de activos y otros delitos relacionados con la supuesta entrega irregular de tierras fiscales.
Capitanich declaró vía Zoom ante la jueza federal subrogante de Sáenz Peña, Belén López Macé, y respondió a través de un escrito a todas las imputaciones formuladas por el fiscal federal subrogante, Carlos Amad, a quién acusó de “inventar” una investigación a partir de una denuncia “descabellada” e “inentendible” de la actual presidenta del Instituto de Tierras, Ana María Canata. A la par, aseguró que la acusación infundada por lavado de activos fue utilizada por el fiscal para justificar la competencia de la justicia federal.
También declaró en indagatoria la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneira, quién estuvo a cargo del exInstituto de Colonización durante dos años y medio, y a quién se acusa por favorecer a personas allegados a su pareja con la adjudicación de tierras públicas.
Capitanich: “El fiscal inventó un hecho a partir de una denuncia descabellada”
Según pudo saber LITIGIO, Capitanich negó en su escrito que la firma de decretos para adjudicar tierras fiscales pueda ser considerado un delito y consideró que la imputación del Ministerio Público Fiscal demuestra “un desconocimiento supino” del funcionamiento de la administración pública, de las leyes que rigen ese proceso y de las responsabilidades del Poder Ejecutivo. Además, el exmandatario aclaró que las tierras en cuestión aún pertenecen al Estado provincial, ya que no se completó el trámite de escrituración, por lo que descartó que exista un perjuicio patrimonial.
Para el exgobernador, el fiscal Amad “inventó” un hecho a partir de la denuncia “descabellada” e “inentendible” de una funcionaria del actual gobierno de Leandro Zdero. Y que a partir de una selección discrecional de elementos lo imputó por formar parte de una organización criminal “por firmar decretos y otorgar tierras”, advirtiendo que “no existe una sola pieza probatoria que abone semejante teoría”. Además, aseguró que el funcionario del Ministerio Público Fiscal eligió “pruebas que se ajustan a su invención” y descartó “otras que la contradicen”.
Capitanich también advirtió que la Fiscalía Federal “de manera prejuiciosa presume el lavado de activos con la entrega de estas tierras, con el único fin de sostener la competencia federal. Práctica habitual en esta fiscalía federal”. Al respecto, aseguró que la imputación por lavado de activos “implica la aceptación tácita de un procedimiento irregular precedente sin sustento alguno, y sin poder conectar la disponibilidad de recursos ilícitos para transformarlos en lícitos”.
En ese sentido, recalcó que “todos los trámites tienen un seguimiento electrónico transparente y vincular un decreto con una operación de lavado de activos financieros, lo cual no solo es inadmisible sino que constituye un agravio a mi buen nombre y honor”.
El exmandatario chaqueño aseguró que la Fiscalía Federal hizo un “esfuerzo titánico” para tratar de encontrarle el supuesto dinero procedente de algún hecho ilícito no solo suyo sino también de su grupo familiar y de su contadora personal tratando de “pescar”, lo que finalmente no pudo hacer.
Por último, Capitanich aseguró que “ser imputado en una causa de esta naturaleza reviste una connotación social, personal, profesional y política insoslayable y perjudicial. El perjuicio causado es de tal magnitud que no podrá ser remediado jamás, incluso ante acciones judiciales futuras”.
Soneira negó todas las acusaciones y pidió la falta de mérito
Por su parte, la exministra de Ambiente del Chaco, Marta Soneira, solicitó al Juzgado Federal de Sáenz Peña que se dicte su falta de mérito, luego de responder a cada una de las imputaciones del fiscal Carlos Amad por presuntas entregas irregulares de tierras fiscales. A la par, rechazó la competencia de la justicia federal.
Soneira, quien se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente y luego como Ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de la provincia del Chaco, aseguró que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y se basan en “hechos imprecisos, vagos y forzados”. En su defensa, destacó que el principio de legalidad y el debido proceso fueron vulnerados, ya que la imputación no especifica con claridad los hechos que se le atribuyen.
Respecto a la supuesta superposición incompatible de cargos, explicó que entre diciembre de 2019 y febrero de 2022 se desempeñó ad honorem y de manera temporal al frente del Instituto de Colonización, por designación del Poder Ejecutivo, sin percibir remuneración adicional. Aseguró que su rol era suplente hasta que se nombrara a un titular definitivo, tal como establecía el decreto correspondiente. Negó categóricamente haber ejercido simultáneamente tres cargos, como sugiere la fiscalía.
Sobre las adjudicaciones de tierras fiscales a favor de Storti, Bessone y Pochón, allegados a su pareja Mauricio Cian, afirmó que los trámites se realizaron conforme a la Ley 471-P y su decreto reglamentario, que establece un procedimiento administrativo de 17 pasos, con intervención de múltiples áreas técnicas y legales. Destacó que, en el caso de Pochón, se trató de una rectificación de titularidad originada en un expediente de 1997, resuelto por vía judicial en 2018, mucho antes de su gestión.
En cuanto a su vinculación con la Fundación ACERCA, Soneira aclaró que ejerció la presidencia entre 2016 y 2019, y luego a partir de 2024, pero no durante su gestión como ministra. Negó que la fundación haya firmado convenios con el Estado nacional durante ese período, tal como consta en las respuestas oficiales incorporadas al expediente. Además, desmintió haber utilizado la fundación para lavar activos o realizar maniobras irregulares.
Respecto al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sostuvo que su actualización fue competencia del Ministerio de Producción, Industria y Empleo, no de la cartera ambiental a su cargo. Señaló que el decreto 2157/22, que actualizó el mapa de bosques, fue validado por la Justicia contencioso-administrativa y se ajustó a la normativa vigente. Negó haber intervenido en cambios de categorización para beneficiar a empresarios allegados.
Sobre su presunta participación en el Régimen de Promoción Industrial, afirmó que nunca fue socia ni gerente de Grupo Pampa Agro SRL, y que el acceso a los beneficios promocionales es un proceso reglado y sujeto a requisitos formales, sin margen para la discrecionalidad.
En el plano jurídico, cuestionó que la fiscalía haya aplicado la Ley Nacional de Ética Pública en lugar del régimen provincial de incompatibilidades, lo que —a su entender— evidencia un intento de mantener la causa en el fuero federal de manera artificial. Citó doctrina y jurisprudencia para sostener que su designación en el Instituto de Colonización fue un acto de gobierno no justiciable penalmente.
Al finalizar, Soneira solicitó la producción de pruebas adicionales —como el expediente completo de Nelson Pochón y su declaración jurada como presidenta del Instituto de Colonización— y reiteró su pedido de falta de mérito o, subsidiariamente, sobreseimiento. También pidió que se mantenga su libertad ambulatoria, alegando que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
