Así lo resolvió la Cámara Federal de Resistencia al revocar la declaración de incompetencia dictada en primera instancia. El titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, fue imputado por presunto abuso de autoridad y prevaricato por dictar embargos millonarios contra la UNNE en el marco de una acción de amparo contra la obra social universitaria.
Sábado, 6 de septiembre de 2025
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó una resolución que había declarado la incompetencia de la justicia federal para investigar la conducta de un juez provincial acusado de abuso de autoridad y prevaricato, al considerar que sus actos afectaron fondos de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y de su obra social, ISSUNNE, ambos de naturaleza federal.
El caso se origina en una investigación contra el Dr. Julián Flores, juez del Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia, a quien el Ministerio Público Fiscal acusa de haber dictado resoluciones contrarias a derecho en el marco de un amparo, disponiendo embargos sobre cuentas bancarias de la UNNE y de ISSUNNE, lo que habría causado un grave perjuicio patrimonial a estas instituciones.
“Corresponde mantener la investigación en sede federal, toda vez que la conducta denunciada es susceptible de entorpecer el normal funcionamiento de la Universidad Nacional del Nordeste y de la ISSUNNE, en tanto se dispuso cautelarmente el embargo de distintas cuentas de las que son titulares dichas entidades”, sostiene la resolución firmada por la jueza Rocío Alcalá, de la Cámara Federal de Resistencia, a la que tuvo acceso LITIGIO.
En primera instancia, la magistrada interviniente había declarado su incompetencia argumentando que los hechos fueron cometidos por un juez provincial en el ejercicio de sus funciones y que no existía un interés federal directo que justificara la intervención del fuero federal. Sin embargo, el fiscal apeló esa decisión, sosteniendo que la naturaleza federal de los bienes afectados y de las instituciones involucradas habilita la competencia de la justicia nacional.
Al resolver el recurso, Alcalá consideró que la afectación de fondos de una universidad nacional y de su obra social constituye un perjuicio directo al interés federal, ya que compromete el normal funcionamiento de instituciones creadas por el Estado nacional. Destacó que la UNNE nunca consintió la intervención del juez provincial en una materia que involucraba su patrimonio.
En su fundamentación, la Cámara citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que la competencia federal procede cuando se ve comprometido un interés sustancial del Estado nacional, como es el caso del correcto funcionamiento de una universidad pública y su sistema de salud.
De este modo, se revocó la resolución que declaraba la incompetencia federal y se dispuso que la causa continúe su curso en el ámbito de la justicia federal, garantizando la investigación de los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato.
