Según el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, ambos grupos familiares habrían adquirido inmuebles y vehículos con fondos públicos que recibieron del ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) del Chaco a través del manejo de diversas cooperativas y fundaciones.
Lunes, 1 de septiembre de 2025
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, firmó el requerimiento de elevación a juicio oral de Lucas Torales Cordeiro, su padre José de Jesús Torales y su hermano Marcos Torales Cordeiro; y también para Marcos Antonio Cáceres, su pareja Lourdes Agustina Ruiz Díaz y su hermana María del Carmen Cáceres. Todos están acusados de integrar una red de lavado de activos originados en delitos de corrupción contra la administración pública provincial, a través del blanqueo de dinero recibido del ex IAFEP a través de cooperativas de trabajo y fundaciones.
Las presentaciones del Ministerio Público Fiscal fueron realizadas el jueves 28 de agosto ante el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, quién deberá remitirlos al Tribunal Oral Federal de Resistencia para que fije fecha para las audiencias.
El clan Torales Cordeiro
En el caso de los Torales Cordeiro, los imputados están acusados de haber integrado un grupo económico familiar que, a través de fundaciones —Árbol de la Vida, La Revolución, 11 de Febrero, Jóvenes Líderes y 19 de Abril Qa´ Naqui-, recibió más de 231 millones de pesos del Estado chaqueño entre 2019 y 2023. Estos fondos, según la investigación, habrían sido desviados ilegalmente y luego blanqueados mediante la adquisición de vehículos de alta gama, plazos fijos y un nivel de vida ostentoso que no se condice con sus ingresos declarados.
La investigación comenzó a partir de un video viralizado en redes sociales que mostraba a Lucas Torales y su pareja realizando viajes internacionales y adquiriendo bienes de alto valor. Esto activó una pesquisa que reveló que las fundaciones manejadas por los imputados facturaban de manera casi exclusiva al Estado provincial, sin contar con bienes muebles, inmuebles o empleados, y con domicilios fiscales coincidentes con sus viviendas particulares.
Según los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), se detectaron extracciones de efectivo por más de 50 millones de pesos de la cuenta de la Fundación Jóvenes Líderes, casi 44 millones de la Fundación Árbol de la Vida, y montos significativos en las demás, los cuales eran retirados por los imputados y luego depositados o transferidos a sus cuentas personales.
Además, se comprobó la adquisición de al menos cinco vehículos registrados a nombre de los familiares, pero utilizados habitualmente por Lucas Torales, quien también realizó numerosos viajes al Paraguay y Brasil, presuntamente para operaciones de cambio ilegal de divisas y compra de criptomonedas.
El fiscal Sabadini fundamentó su requerimiento en el delito de lavado de activos —artículo 303 del Código Penal—, agravado por habitualidad y por haberse cometido de manera organizada. Solicitó que Lucas Torales sea juzgado como autor principal, y su padre y hermano como partícipes necesarios, es decir, como sus presuntos testaferros.
Cabe recordar que los tres imputados fueron procesados en abril de 2025, y Lucas Torales se encuentra actualmente con prisión preventiva. La causa también derivó en la intervención del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), organismo clave en el desvío de fondos, y en la detención de su ex presidente.
El clan Cáceres
En el caso del clan Cáceres, el Ministerio Público Fiscal apunta contra Marcos Antonio Cáceres, su pareja Lourdes Ruiz Díaz y su hermana María del Carmen Cáceres, por su presunta participación en un esquema organizado de lavado de activos. Los imputados habrían integrado un grupo económico familiar que manejó más de 220 millones de pesos provenientes de subsidios del Estado provincial, a través de fundaciones y una cooperativa, en el marco de presuntas maniobras de fraude a la administración pública.
Según el requerimiento fiscal, los fondos de origen ilícito habrían sido aplicados en la adquisición de vehículos de alta gama, mejoras en inmuebles de propiedad provincial —que luego eran ofrecidos en alquiler y venta—, así como en la constitución de plazos fijos y el sostenimiento de un elevado nivel de vida. Entre los bienes secuestrados se encuentran camionetas Dodge y Volkswagen, así como importantes sumas de dinero en efectivo.
La investigación, que comenzó a partir de una denuncia anónima, reveló que Cáceres —quien se desempeñaba como empleado municipal con ingresos formales bajos— registraba un patrimonio desproporcionado respecto de sus ingresos declarados. Junto a su grupo familiar, habría utilizado fundaciones como “Peronismo Unido”, “Rosana Solidaria” y “Juan Domingo Perón”, así como la “Cooperativa de Trabajo Central Progreso Ltda.”, para recibir transferencias millonarias del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
El Ministerio Público Fiscal sostiene que los imputados no cuentan con ingresos lícitos que justifiquen los movimientos económicos y patrimoniales constatados. Además, se detectaron extracciones de efectivo por más de 107 millones de pesos realizadas por Cáceres desde las cuentas de las organizaciones que controlaba.
La magistrada a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia ya dictó el procesamiento con prisión preventiva para Marcos Cáceres y sin prisión para Ruiz Díaz y María del Carmen Cáceres, considerándolos autores y partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y organización.
