El organismo internacional pidió a la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) que condene al Estado argentino por la muerte de Adrián Brunettini, de 16 años, por la alteración de la escena del crimen y una investigación plagada de irregularidades que culminó en la impunidad. El proceso se extendió por 24 años sin que se hiciera justicia.
Viernes, 29 de agosto de 2025
En un hecho de gran relevancia para los derechos humanos en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió este 1 de agosto de 2025 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Adrián Hernando Brunettini, un adolescente de 16 años muerto por un disparo de un agente policial en Argentina en 1993, cuyos familiares buscan justicia desde hace más de tres décadas.
La CIDH, en su Informe de Fondo No. 100/23, concluyó que el Estado argentino es responsable de violar el derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y los derechos de la niñez, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La decisión de llevar el caso a la Corte IDH se basa en la grave impunidad que persistió a lo largo de 24 años de proceso judicial.
Los hechos y la lucha por la verdad
La tragedia se remonta a 1993, cuando Adrián Brunettini, quien conducía una motocicleta, recibió un disparo efectuado por un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La petición formal ante la CIDH fue presentada por los familiares de la víctima en marzo de 2003.
Según la Comisión, los agentes involucrados alteraron la escena del crimen: colocaron un arma junto al cuerpo del joven para simular un enfrentamiento armado que nunca existió. Esta versión fue descartada incluso por un dictamen oficial posterior. La investigación interna estuvo plagada de irregularidades, incluyendo la omisión de diligencias clave, la manipulación del testimonio de un testigo y la falta de peritajes cruciales.
La larga travesía judicial y la impunidad
Aunque en 2006 uno de los agentes fue condenado en sede interna a 14 años de prisión (pena luego reducida a 11), la impunidad prevaleció. El condenado fue liberado tras cumplir apenas cuatro años de su condena, sin que exista registro de que la haya completado. La causa penal fue definitivamente archivada en 2017.
Si bien la familia obtuvo una sentencia civil que ordenaba una indemnización a cargo de la Policía Bonaerense, los representantes de las víctimas señalaron que el pago no se realizó en su totalidad.
Conclusiones contundentes de la CIDH
La CIDH fue contundente en su análisis:
-No hubo enfrentamiento: Determinó que múltiples elementos descartan cualquier escenario que justificara el uso de la fuerza letal por parte del agente.
-Investigación deficiente: Señaló la falta de seriedad y diligencia de la investigación, con graves falencias en el manejo de la escena, la necropsia y la cadena de custodia de las pruebas. Destacó el sesgo inicial de las autoridades para respaldar la versión policial.
-Vulneración del plazo razonable: Subrayó que el proceso se extendió por casi 24 años, vulnerando el derecho a un juicio dentro de un plazo razonable.
-Dolor para la familia: Concluyó que la muerte de Adrián en estas circunstancias, sumada a la denegación de justicia, causó un profundo sufrimiento y angustia a sus familiares.
Reparación y medidas solicitadas
Ante la Corte IDH, la Comisión solicita que se establezcan medidas de reparación integral para la familia, tanto materiales como morales. Además, pide que se ordene al Estado argentino:
-Investigar y sancionar a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos identificadas.
-Implementar medidas de no repetición que incluyan:
-Capacitación obligatoria para las fuerzas de seguridad en estándares internacionales de uso de la fuerza.
-Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas por abusos policiales.
-Mejorar la capacidad y protocolos de investigación en casos donde se utilice fuerza letal.
La Corte IDH deberá ahora estudiar el caso, abrir un nuevo proceso y eventualmente emitir una sentencia que sería de obligatorio cumplimiento para el Estado argentino, marcando un precedente crucial en la lucha contra la violencia y la impunidad policial.
