El gobierno chaqueño apeló la millonaria multa diaria impuesta por incumplir una cautelar que lo obliga a garantizar agua y alimentos a comunidades Wichí de El Impenetrable. La provincia sostiene que la sanción es “arbitraria” y “exorbitante”, con un impacto presupuestario imposible de afrontar. Mientras tanto, referentes indígenas denuncian la falta de asistencia básica y la vulneración de derechos fundamentales.
Viernes, 29 de agosto de 2025
El gobierno del Chaco, a través de la Fiscalía de Estado, presentó un recurso para impugnar la resolución judicial que le impone una multa de 85,9 millones de pesos por cada día que incumpla la medida cautelar que le ordena garantizar agua potable y alimentos a comunidades Wichí de El Impenetrable. La defensa de la provincia argumenta que la medida es “arbitraria,” “incongruente” y “exorbitante,” y que no se configuran los presupuestos necesarios para su aplicación.
La sanción, conocida como “astreinte”, fue dictada la semana pasada por el Juzgado Civil y Comercial 6. En el escrito judicial, la abogada Verónica Sudar Klappenbach, apoderada de la Fiscalía de Estado, sostiene que la resolución del juez Jorge Sinkovich carece de una fundamentación adecuada y se basa en “afirmaciones dogmáticas”.
El gobierno provincial afirma que cumplió con la medida cautelar y que ha presentado “informes detallados” que demuestran un abordaje integral de la asistencia a las comunidades, incluyendo la provisión de alimentos, medicinas y la ejecución de obras hídricas.
La Provincia del Chaco niega haber incurrido en “desobediencia” o una “resistencia voluntaria y culpable” que justifique la imposición de las astreintes, una figura legal destinada a compeler a quienes se niegan a cumplir una orden judicial. El documento señala que el cumplimiento de la sentencia es “muy complejo y amplio” pero que existe un “esfuerzo denodado” para atender las necesidades de la población, pese a las limitaciones existentes.
El recurso también critica al juez por no haber convocado a una audiencia previa y por desmerecer la prueba documental aportada por la provincia en un “exiguo plazo de tiempo,” basando su decisión en testimonios “genéricos” y “unilaterales”. Además, el escrito cuestiona la falta de identificación adecuada de los 20.000 supuestos beneficiarios de la medida y alega que esto se traduciría en un “enriquecimiento sin causa”.
El impacto presupuestario
Uno de los puntos centrales del recurso es el “gravamen presupuestario” que implica la multa. La provincia advierte que el monto de 85,9 millones de pesos diarios es “exorbitante” y que no existe la “factibilidad presupuestaria” para su pago.
El escrito detalla que la suma mensual, que ascendería a más de 2.500 millones de pesos, superaría significativamente el presupuesto de otras áreas sensibles del gobierno. Como ejemplo, la abogada hace una capciosa comparación de ese monto con los mil millones de pesos que el gobierno presupuestó de aumento para el Poder Judicial por el “ajuste por revisión” (ley que obliga a equiparar los salarios judiciales locales con los de sus pares del nordeste).
La defensa del gobierno sostiene que una medida judicial de este tipo transgrede las normativas provinciales de la Constitución y la Ley de Administración Financiera, que exigen que cualquier gasto no contemplado en el presupuesto tenga un recurso correspondiente o una declaración de “extrema necesidad y urgencia”.
El recurso concluye solicitando que se revoque la resolución judicial, se deje sin efecto la multa y se convoque a una audiencia “a fin de analizar el abordaje de la cuestión” en donde tenga participación la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz, y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). En caso de no prosperar la revocatoria, la provincia solicita que se conceda la apelación “en subsidio” para que el caso sea revisado por una instancia superior.
El origen
El reclamo por asistencia alimentaria se inició en diciembre de 2024, cuando Gauna Wirz presentó un amparo con medida cautelar reclamando ayuda urgente para el pueblo Wichí. La causa recayó en el juzgado de Sinkovich, quien ya supervisaba la ejecución de una cautelar dictada en 2007 por la Corte Suprema en favor de comunidades Qom.
Durante la feria judicial de enero, el IDACH solicitó que el alcance se ampliara a los Wichí, en especial a los asentados en Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y otros parajes de El Impenetrable. En una audiencia, representantes del Ejecutivo prometieron asistencia, pero –según denunció el IDACH– nunca cumplieron.
En marzo, el juez ordenó garantizar en forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Sin embargo, los informes oficiales presentados más tarde demostraron que la ayuda fue esporádica y limitada, lo que llevó al magistrado a considerar insuficientes las acciones provinciales.
Desde la Fiscalía de Estado, el gobierno defendió su accionar y sostuvo que las comunidades ya reciben asistencia. Además, calificó la causa como “abstracta” y con un sesgo “mediático”. No obstante, la Defensoría Adjunta y referentes del territorio advirtieron que la crisis se agravó: comedores cerrados, distribución irregular de alimentos y falta de agua potable en las localidades más afectadas.
Ante esa situación, Gauna Wirz pidió aplicar sanciones económicas para forzar el cumplimiento de la cautelar. El juez accedió y fijó la multa diaria millonaria. En el escrito, el magistrado estableció que el monto –calculado en base a la Canasta Básica Alimentaria de julio y a una población estimada de 20.000 personas– sea destinado a las comunidades demandantes. La decisión busca asegurar la efectividad de la tutela judicial y revertir la situación de “extrema vulnerabilidad” que atraviesan los pueblos originarios del noroeste provincial.
Sinkovich recordó que el derecho a la vida y a la salud gozan de jerarquía constitucional y están amparados por tratados internacionales de derechos humanos, lo que obliga al Estado a adoptar medidas positivas para su cumplimiento.
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